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La inacción del Estado en el caso Anulette y su responsabilidad frente a las mujeres

por 2 octubre, 2020

La inacción del Estado en el caso Anulette y su responsabilidad frente a las mujeres
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El pasado 24 de agosto, el Instituto de Salud Pública de Chile publicó una alerta farmacéutica anunciando que 139.160 blisters de anticonceptivos “Anulette CD” del laboratorio Silesia estaban defectuosos. Este error se repitió semanas después con un segundo lote de 137.730 blisters. Sin embargo, esta no fue la primera falla del laboratorio aludido. En 2018 registró otra falla con las píldoras “Tinelle” que debido a un cambio de composición del blister provocó una falla en la ingesta habitual de las usuarias. Esa vez no hubo ninguna sanción para el laboratorio y mucho menos alguna reparación para las afectadas, lo que muy probablemente se repetirá nuevamente. El error de otros deberá ser soportado por las mujeres y sus proyectos de vida.

De acuerdo a la última entrega defectuosa de pastillas Anulette, la respuesta estatal ha sido deficiente. No se ha dado ninguna opción concreta de reparación a la vulneración a la salud sexual de un número significativo de mujeres que podrían terminar con un embarazo no deseado, la provocación de un aborto inseguro o una muerte materna.

Es urgente  que  el Estado, por medio del Ministerio de Salud, dictamine a los servicios de salud públicos a una interpretación amplia de “riesgo de vida” para que las afectadas puedan acceder a un aborto en tres causales por la falta de diligencia de los proveedores del Estado.

El contexto nacional es particularmente preocupante.  La pandemia ha dificultado el acceso a los requerimientos básicos de anticoncepción. El gobierno no ha hecho nada para reparar esto. De acuerdo a un estudio de Corporación Miles, el 74% de las mujeres ha tenido dificultad para acceder a métodos de regulación de la fertilidad, y el 54% derechamente no pudo acceder. La dificultad o falta de acceso a anticonceptivos es una vulneración directa a la autonomía reproductiva de las mujeres. Este panorama, en un país donde el aborto es un delito, agrava cualquier falta de acceso a la salud reproductiva.

En este escenario, vale la pena mirar críticamente la actual ley de aborto en tres causales. La causal 1 considera la interrupción de un embarazo cuando hay un riesgo vital para la madre sea inminente o no. En ese sentido, un embarazo no deseado afecta directamente la vida y salud de quien se embaraza. En el caso de las mujeres que han quedado embarazadas contra su voluntad por un anticonceptivo defectuoso, el riesgo a la salud es también inminente. Pues aún cuando no existe un riesgo de muerte, sí existe el riesgo de que el embarazo indeseado signifique un atentado contra los proyectos de vida de las mujeres.  Es urgente  que  el Estado, por medio del Ministerio de Salud, dictamine a los servicios de salud públicos a una interpretación amplia de “riesgo de vida” para que las afectadas puedan acceder a un aborto en tres causales por la falta de diligencia de los proveedores del Estado. Adicionalmente, es imprescindible una regulación legislativa de la causal salud, que integre todos aquellos casos en que la circunstancia de estar embarazada afecte la salud y los proyectos de vida de las mujeres, desde una perspectiva integral. La protección de la vida trasciende el ámbito de la mera ausencia de enfermedad y debe reconocer que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure salud y bienestar. El concepto de bienestar, y de salud, no sólo debe referirse al ciclo vital, sino que también -y prioritariamente- a la calidad de vida de todas las personas.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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