BRAGA
Créditos: Ramon Monroy/Aton Chile
Las principales recomendaciones para evitar el contagio por Covid-19 es el distanciamiento y aislamiento social. Espacios caracterizados por la insalubridad y hacinamiento, evidentemente, no son lugares seguros en una crisis sanitaria. Sin embargo, esa es la realidad de decenas de mujeres embarazadas y con hijos e hijas que deben cumplir condena al interior de una cárcel en Chile.
Seis de noviembre, Centro de Detención Preventiva de San Miguel. Con 38 semanas de embarazo, una mujer dominicana de 21 años comienza su trabajo de parto entre rejas, cemento y sábanas que cuelgan en los barrotes. Ella está en prisión preventiva, no ha sido condenada por ningún delito, sin embargo, está privada de libertad, en pandemia y a punto de tener un hijo.
En el exterior, embarazadas y primera infancia son considerados grupos prioritarios de atención y preocupación del gobierno. En las cárceles: 60 mujeres embarazadas y lactantes están privados de libertad, con un riesgo de contagio seis veces mayor que en el exterior, según un estudio encargado por la Defensoría Penal Pública en abril.
Para hacer frente a esta situación, el gobierno creó un indulto excepcional para grupos de riesgo que están privados de libertad. Sin embargo, al día de hoy, más del 70% de las mujeres gestantes y madres lactantes siguen en las cárceles, a pesar del peligro que les genera su condición y la de sus niños. ¿Qué pasa cuando estas mujeres deben estar tras las rejas en plena crisis sanitaria?
El gobierno promulgó el 17 de abril el Indulto General Conmutativo Covid-19, cuyo principal objetivo era descongestionar las cárceles sacando a los principales grupos de riesgo: adultos mayores, mujeres gestantes y madres que residen con niños y niñas menores de dos años y que están privados de libertad.
El “beneficio” llegó a un total de 25 mujeres que presentan esta condición al interior de la cárcel. Los requisitos: haber cumplido un tercio de la condena y que faltaran menos de 36 meses para terminar ésta al día que se dictó la ley.
“Ocurrió que una madre lactante ingresó al penal durante la pandemia y ella decidió no ingresar al sector materno infantil con su hijo porque temía el riesgo de contagio. Era un bebé de un año y medio y se separaron de forma abrupta por lo que fue muy traumático para el niño. En este caso se negó el indulto porque el ingreso a cumplir condena fue posterior a la dictación de la ley”, comenta la defensora pública, Keomara Henriquez, respecto a un caso del Centro Penitenciario Femenino de Santiago.
“El indulto fue súper cerrado, fue discriminatorio. En realidad nunca se pensó en abarcar la mayor cantidad de mujeres posibles, porque si fuese así no se hubiese elaborado con tantas restricciones”, advirtió la abogada perteneciente a la ONG Leasur, organización que trabaja por los derechos de personas privadas de libertad desde 2014, Alejandrina Tobar.
Al día de hoy, 7 de cada 10 mujeres pertenecientes a este grupo de riesgo sigue estando al interior de recintos penitenciarios en plena crisis sanitaria. Sin embargo, la poca cobertura del indulto a este grupo de riesgo no es la única situación preocupante en esta pandemia tras las rejas.
Son las tres de la tarde en el Centro Penitenciario de Valparaíso y mujeres embarazadas y madres con guaguas deben dejar el patio de la sección materno infantil, donde están los únicos rayos de sol que reciben durante el día, e ir a encerrarse a sus celdas hasta el día siguiente.
“Nos impresiona que niñas y niños tienen que crecer y tener su primera infancia en un lugar tan hostil. Es muchísimo cemento, muchísimas rejas, muchísimos gritos, muchísimo encierro. Un niño o una niña viviendo en esas condiciones es súper triste”, advirtió la coordinadora de la Colectiva Pájarx entre Púas, agrupación que trabaja con mujeres privadas de libertad en Valparaíso, Myr Chávez.
Escasa asistencia médica, atención sanitaria deficiente y una infraestructura precaria, son las condiciones previas a las que se suman nuevas medidas vulneradoras que se han implementado producto de la pandemia: encierros más largos y desde más temprano y el impedimento de ver a las familias hace más de ocho meses.
“Resulta del todo inconstitucional y vulneratorio de derechos, que niñas y niños nazcan privados de libertad, dignidad y derechos, considerando además que el ambiente carcelario es nocivo para su desarrollo. Se pasa frío y hambre, lo que también termina por enfermar a los menores que viven hacinados igual que sus progenitoras”, criticó la abogada Alejandrina Tobar.
Una medida que podría cambiar esta realidad vulneradora es la Ley Sayén, la cual se impulsó en 2016 producto de la conmoción pública que causó el caso de una mujer mapuche privada de libertad a quien obligaron a parir engrillada de pies y manos frente a funcionarios de gendarmería. De aprobarse, esta impediría que mujeres embarazadas o madres de menores de tres años cumplan sentencia en recintos penitenciarios.
Sin embargo, para la coordinadora de Red de Acción Carcelaria, organización que trabaja en visibilizar y combatir la realidad penitenciaria femenina, Elisa Alcaíno, “esas mujeres que cometieron una infracción a la ley pareciera ser que están privadas de dignidad, privadas de su maternidad y de necesidades básicas, derechos humanos que no están siendo atendidos”.
“Entendiendo que los adultos mayores, niños, niñas y sus madres, y las embarazadas, constituyen una población de riesgo frente al coronavirus, tales riesgos se incrementan cuando estas personas se encuentran en espacios en que no pueden tener una adecuada distancia física”, fue parte de la presentación del ejecutivo respecto al indulto de conmutación de pena en contexto de pandemia.
La medida del ejecutivo no está operando desde abril y si bien la mayoría de las personas que lo obtuvieron no deberán regresar a las cárceles, mujeres y lactantes siguen llegando a los recintos penales y la pandemia sigue generando contagios y muerte tanto afuera como dentro de estos espacios.
En este sentido, si actualmente no hay ninguna medida que disminuya realmente el riesgo de contagio ¿cuál será la situación de las madres, sus hijos e hijas y futuras madres privadas de libertad en una crisis sanitaria que continúa desarrollándose?
