BRAGA
Créditos: Foto de Agencia Uno
Desde 2018, la Fundación Datos Protegidos ha realizado diversos estudios en los que se evidencian cifras alarmantes: un 88,14% de mujeres declararon haber sufrido violencia de manera escrita en RRSS, que comprende burlas, insultos, humillaciones. La segunda forma de violencia más frecuente fue el acoso y el hostigamiento, que afectó al 66,1%, mientras que la tercera más recurrente fue el envío de imágenes o vídeos agresivos y de connotación sexual sin el consentimiento de la persona que los recibe (40,68%).
Un grupo de más de 18 mujeres chilenas denunciaron haber sido víctimas de hechos que constituyen violencia de género digital, entre los que se detallan los delitos de amenazas, extorsión, sabotaje informático, además de la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas.
Estos hechos ocurrieron entre marzo y septiembre del 2021, periodo en que el imputado, José Miguel Zárate, quien actualmente está en prisión preventiva, extorsionó a un grupo de mujeres de entre 19 y 45 años, de distintas ciudades del país, a quienes contactó a través de un emprendimiento de venta de desayunos en redes sociales.
Si bien el caso estuvo sin movimiento durante algún tiempo, durante finales de abril se presentó nuevamente una querella en contra de Zárate. La abogada querellante, Libertad Triviño, detalla que el imputado accedía a las redes sociales de las denunciantes sin autorización, las capturaba, extraía las fotografías íntimas, las divulgaba a los contactos de las mujeres y luego las amenazaba, condicionando la devolución de las cuentas por la entrega de más fotografías de carácter sexual.
La abogada agrega que, “estos hechos son sumamente graves porque no se está solamente frente a más de treinta casos de vulneración de datos informáticos y al menos quince delitos de amenazas, sino que se tratan de hechos que presentan un desvalor adicional que es la violencia contra las mujeres. Esta dimensión no está abarcada por el tipo penal y debe construirse mediante agravantes, especialmente aquellas que dicen relación con el género de las víctimas o su orientación sexual. Por cierto, que en este caso se encuentran plenamente acreditados los hechos imputados, por lo que se espera que exista una sanción que se ajuste a la gravedad de lo descrito”, explica Triviño.
Una de las denunciantes narra que, «nadie nos ha protegido, si no es por nuestra insistencia, sí no hubiese coincidido con la abogada Jessica Matus, tal vez no habríamos llegado a ninguna parte, a muchas se les destruyó la vida sin posibilidades de reparación como las que estamos recibiendo hoy día porque para nosotras la única posibilidad de reparación es esta, porque ni siquiera tenemos la opción de pensar que podemos realizar una demanda civil para tener una reparación económica, el Estado tampoco exige sanciones para este tipo de violencias. No tenemos garantías de nada”, cierra una de las querellantes, cuya identidad está siendo protegida.
La abogada Jessica Matus, directora de la fundación, afirma que a raíz de esta y otros casos, es primordial que se consagre el derecho a una vida libre de violencia de género en todas sus dimensiones, y resguardar los derechos digitales es una de ellas. Ello supone garantizar, a través de una legislación y un marco regulatorio institucional, la entrega de educación y acompañamiento a quienes son víctimas de estas vulneraciones, sobre todo en razón de género, más allá, considera que los Estados deben establecer medidas legislativas y administrativas para prevenir, sancionar, reparar y en general evitar la ocurrencia de estos actos, según lo contempla la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
“La violencia digital es un fenómeno que va en aumento, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y, dado el rápido avance tecnológico, posibilita que se vayan creando nuevas maneras, afectando sus derechos a la honra, libertad de expresión, privacidad y a la protección de sus datos personales. Como consecuencia, se producen daños y sufrimiento de carácter psicológico, físico, sexual y/o económicos”, asegura la abogada.
Desde 2018, la Fundación Datos Protegidos ha realizado diversos estudios en los que se evidencian cifras alarmantes: un 88,14% de mujeres declararon haber sufrido violencia de manera escrita en RRSS, que comprende burlas, insultos, humillaciones. La segunda forma de violencia más frecuente fue el acoso y el hostigamiento, que afectó al 66,1%, mientras que la tercera más recurrente fue el envío de imágenes o vídeos agresivos y de connotación sexual sin el consentimiento de la persona que los recibe (40,68%).
Además, un 30,51% sufrió la exposición de información falsa sobre su vida personal, afectando su dignidad a través de injurias y calumnias. Un 22% sufrió amenazas explícitas y otro 18,64% la pérdida de sus cuentas en redes sociales o del correo a través de hackeos y la vulneración de la vida privada, esto, según el informe “Violencia de género en Internet en Chile” elaborado por la fundación, en conjunto con la ONG Amaranta y el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.
