Yo opino
Créditos: Agencia Uno
Parece que estuviéramos en una realidad paralela. El negacionismo que se escucha en el Congreso y en la prensa respecto a las violaciones a los derechos humanos es preocupante. En pleno aniversario del 18-O, un grupo de diputadas de la UDI decidió oficiar a la Fiscalía y Poder Judicial para que estos organismos “aclararan” si efectivamente existieron abusos sexuales por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en el marco del estallido. Este tipo de acciones dan cuenta de la persistencia del negacionismo, la impunidad y una falta de empatía y respeto a las personas que sufrieron violencia policial durante el estallido social.
Como ABOFEM, el día 19 de octubre de 2019, nos unimos a otras organizaciones en un largo camino por la defensa, monitoreo y denuncia de las violaciones a los derechos humanos. En ese camino recibimos muchas denuncias sobre violencia político sexual, que consistían en agresiones de connotación sexual tales como golpes, desnudamientos forzosos, obligación de realizar sentadillas desnudas, tocaciones en genitales -también a través de la luma- y amenazas de violación, entre otras, que ocurrían principalmente en comisarías pero también en los furgones de detención y en la calle. Todas conductas prohibidas por el derecho internacional, por el derecho interno y por los propios protocolos de Carabineros.
[cita tipo=»destaque»] Negar el día de hoy lo ocurrido, incluso con causas que se encuentran en tramitación, no solo atenta contra las propias víctimas, sino que contribuye a la impunidad social.[/cita]
En los primeros meses del estallido nos dedicamos a visibilizar este tipo de violencia que, sabemos, es constantemente invisibilizada. Denunciamos ante organismos internacionales, quienes recibieron testimonios de mujeres y adolescentes que habían experimentado dicha violencia. Así, en todos los informes se reconoce la existencia de violencia sexual por parte de Carabineros, Policias y Militares. ACNUDH en su informe del 2019 reconoce que “ha recopilado información sobre 24 casos de violencia sexual contra mujeres (14), hombres (6), niñas adolescentes (3) y un adolescente en el contexto de las protestas”; Human Rights Watch, en su “llamado urgente a una reforma policial tras las protestas” también informa sobre casos de abuso sexual; lo mismo Amnistía Internacional y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A su vez, el INDH ha dado cuenta en sus reportes y en sus informes anuales sobre la existencia de violencia político sexual cometida desde octubre de 2019. No olvidemos además, que la existencia de abusos sexuales por parte de las fuerzas policiales no es nuevo nuestro país y ha sido utilizado constantemente como método de represión y control del orden en las protestas sociales (para esto, basta ver las recomendaciones al Estado de Chile por parte del Consejo de Derechos Humanos el 2014, el Comité contra la Tortura y el Comité CEDAW el 2018). Podemos también ir más allá y hablar del continuo de la violencia sexual como arma de represión al leer también el Informe Valech sobre prisión política y tortura durante la dictadura, con conductas similares y algunas calcadas a las que observmos en el estallido.
Como organización, de 22 querellas que fueron presentadas al Ministerio Público, un 27,27% dicen relación con desnudamientos y sentadillas en lugar de detención, un 18,18% involucraron tocaciones en genitales así como amenazas de violación, y un 13,64% insultos de carácter homofóbico (Anuario ODH, 2021). Lamentablemente, la utilización del archivo o la decisión de no perseverar en las causas han mantenido la impunidad de este tipo de violencia.
El movimiento feminista alertó de estos hechos en su momento. Negar el día de hoy lo ocurrido, incluso con causas que se encuentran en tramitación, no solo atenta contra las propias víctimas, sino que contribuye a la impunidad social. El reconocer las violaciones a los derechos humanos -independiente de si es posible establecer la responsabilidad penal individual de ciertas personas, recordemos que la propia Corte IDH establece distinciones probatorias entre la responsabilidad penal individual y la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos- es el primer paso para avanzar hacia un camino de justicia y de no repetición y para que efectivamente nunca más observemos violaciones a los derechos humanos como las vivimos en el estallido.
