BRAGA
La propuesta legislativa busca resolver las constantes problemáticas que deben enfrentar las mujeres una vez que deciden denunciar casos de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, el escaso seguimiento a las medidas cautelares y la revictimización en los juzgados.
Con el objetivo de analizar el proyecto de ley que busca robustecer las medidas cautelares en contextos de violencia intrafamiliar (VIF) así como mejorar la atención de estos casos, la Corte Suprema emitió un informe sobre la propuesta legislativa.
Cabe señalar, que en primer lugar el proyecto propone tres modificaciones centrales: clarificar la amplitud de las potestades judiciales, entregar mayor eficiencia al sistema y modificar la norma N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar.
‘‘Para incorporar al final del artículo 13, de la ley N° 20.066, que Establece ley de violencia intrafamiliar, la siguiente frase: Y con especial mención de todas las medidas precautorias y de resguardo, especialmente la terapia de control de impulso y medidas de resguardo presentes en el procedimiento seguido ante los tribunales de familia’’, señala el proyecto de ley.
Ante la propuesta legislativa, especialmente el último punto, la Corte Suprema valoró la intención, pero destacó que el proyecto debe ser revisado nuevamente para que pueda funcionar de forma efectiva y ser comprendido completamente.
‘‘Finalmente, la modificación que se incorpora en la Ley N°20.066 debe ser reformulada, para que pueda ser debidamente comprendida y armonice con el articulado actualmente vigente. En virtud de los motivos señalados y, especialmente, en atención al contenido y alcance del proyecto, se concluye que este requiere, todavía, de un importante trabajo de desarrollo, perfeccionamiento y discusión’’, dice el informe de la Corte Suprema.
Según establece el documento oficial del proyecto de ley, este tiene su principal justificación por las cifras de violencia de género que existen actualmente en el país. Hasta la fecha, se han registrado 36 femicidios frustrados y 6 consumados, de acuerdo a SernamEG.
‘‘Las actuales disposiciones, no logran desarrollar una respuesta adecuada por parte de la institucionalidad, fallando en su aplicación y por ende en la protección de las víctimas, dado el carácter precautorio que esta normativa debiese poseer’’, dice la propuesta.
En esa misma línea, el estudio “Acceso a la Justicia de las mujeres víctimas de violencia que son usuarias del Poder Judicial’’, demostró que no existe un marco normativo que dé una respuesta integral a las mujeres, el seguimiento a las medidas cautelares es escaso y existe victimización secundaria en los juzgados.
