BRAGA
Se aprobó en el presupuesto 2024 una inversión de 11.606 millones de pesos para mejorar la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, con el objetivo de agilizar los procesos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimenticias.
En respuesta a las dificultades encontradas en la aplicación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, el gobierno asignó una inversión sustancial de 11.606 millones de pesos, solicitados por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Ministerio de Justicia en el Presupuesto 2024.
Estos fondos se dirigirán a fortalecer los Tribunales de Familia y otros programas relacionados con la ley, con el propósito de optimizar los tiempos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimenticias.
La asignación de recursos tiene como objetivo principal abordar los desafíos que han surgido desde la entrada en vigor de la Ley de Pensiones de Alimentos. El gobierno busca mejorar la eficacia de los procesos judiciales, facilitando la resolución de casos de pensiones alimenticias de manera más expedita y eficiente.
Una parte significativa de los fondos se destinará al Programa Curadurías de las Corporaciones de Asistencia Judicial, que proporciona representación legal en casos judiciales de niños, niñas y adolescentes, especialmente en situaciones de vulneración de derechos y violencia intrafamiliar. La implementación de este programa permitirá la incorporación de 165 profesionales adicionales, quienes estarán dedicados a la defensa de los intereses de los menores involucrados.
Asimismo, se contempla el fortalecimiento de los Tribunales de Familia con la contratación de 193 nuevos funcionarios, con el objetivo de acelerar los trámites relacionados con las demandas por pensiones de alimentos. Esta medida busca reducir la sobrecarga de trabajo en los tribunales y garantizar una respuesta más rápida a las solicitudes de las madres y mujeres que buscan el cumplimiento de las pensiones alimenticias.
Según cifras del Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos, a un año de la implementación de la ley, más de 166 mil personas, en su mayoría hombres (97%), tienen deudas que superan los 95 mil millones de pesos. A pesar de que la cifra de cancelaciones ha aumentado desde la entrada en vigencia de la ley, aún se reconoce que hay un camino por recorrer para garantizar el pleno cumplimiento de estas obligaciones.
La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó la importancia de estos recursos para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, así como para miles de hogares liderados por mujeres que se enfrentan al endeudamiento y al empobrecimiento debido a la falta de pago de pensiones de alimentos. La ministra expresó que, a pesar de los avances, se reconoce que se necesita más esfuerzo para asegurar el bienestar de los menores y sus cuidadores.
