Solo el 13.8% del total de casos activos han saldado sus deudas o han llegado a acuerdo para regularizar su situación, adeudando aún un monto de $3.317 millones. Al respecto, la diputada Francisca Bello destaca la importancia de glosas presupuestarias sólidas en el Congreso para cumplir con la ley.
El 20 de noviembre de 2022 entró en vigencia la Ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos (RNDPA). A poco tiempo de cumplirse un año de su promulgación, Valparaíso se posicionó como la tercera región con más deudores de alimentos a nivel nacional, con 22.825 ingresos activos.
A esta iniciativa legislativa, se suma la Ley N° 21.484 sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, que entró en vigencia el 20 de mayo del 2023.
Desde la entrada en vigencia de la ley, se contabilizan 3.649 pagos, es decir, individuos previamente registrados que han saldado sus deudas o han llegado a un acuerdo para regularizar su situación. Esta cifra representa un 13.8% del total de casos activos, evidenciando aún una considerable deuda en pensiones de alimentos en la región, alcanzando un monto total de $3.317 millones según informó El Mercurio de Valparaíso.
Al respecto, la diputada de la región y presidenta regional de Convergencia Social, María Francisca Bello, aseveró que “creemos que debe haber un compromiso transversal de parte de los gobiernos venideros en involucrar todos los recursos humanos y monetarios para continuar pagando las deudas de pensiones de alimentos”.
Además, la autoridad regional destacó que no solo se trata de cambios legislativos, sino que es crucial destacar la importancia de los debates presupuestarios anuales en el Congreso, buscando establecer glosas presupuestarias sólidas que permitan mantener el cumplimiento de las obligaciones con las madres afectadas por la falta de pago de pensiones.
Puntualizando que, el correcto cumplimiento de la ley, “es un compromiso que tiene que ver con todas las instituciones, y debemos enfrentar las deudas como un problema social y no individual de las madres”, concluyó la parlamentaria.
