BRAGA
Crédito: Agencia Uno
Desde que comenzó el estallido social el 18 octubre del año pasado, Patricia Muñoz cuenta que tienen constatados, en la Defensoría de la Niñez, alrededor de 700 casos de menores de edad que fueron víctimas de violaciones de los Derechos Humanos en el contexto de marchas. «Esperamos que, a pesar de lo que se anuncia para este marzo, en definitiva no tengamos que conocer, como Defensoría de la Niñez, nuevos casos de violencia estatal provocada por agentes del Estado. Ello tiene impactos significativos y provoca indudablemente una responsabilidad estatal ineludible en términos de la necesaria justicia, pero también de reparación». Por eso es que insta a los menores a retirarse de las manifestaciones ante cualquier señal de peligro.
Es la primera semana hábil de marzo y ya se palpa en el ambiente la intensidad del mes. En temas de género, esta semana el foco está puesto principalmente en torno al #8M y a la interpelación de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá.
En este escenario político social, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, conversó con El Mostrador acerca de la situación de los “niños de la primera línea”, la deuda del Gobierno con el Sename, los casos de hipersexualización de menores en la industria publicitaria y los desafíos en materia de políticas públicas, que deberían ser prioridad para resguardar los Derechos Humanos de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Desde que comenzó el estallido social, el 18 octubre del año pasado, Muñoz cuenta que tienen constatados, en la Defensoría de la Niñez, alrededor de 700 casos de menores de edad que han sido víctimas de violaciones de los Derechos Humanos en el contexto de marchas. Es por ello que hace un llamado a que, ante la más mínima señal de peligro, los menores deben retirarse de las manifestaciones.
“Hemos hecho un llamado muy directo a los agentes del Estado, particularmente a Carabineros de Chile, a que respete las acciones que debe ejecutar cuando se encuentran en esos lugares niños, niñas y adolescentes, situación que hasta la fecha desafortunadamente no hemos podido constatar y eso ha provocado más de 700 niños víctimas de violaciones de los Derechos Humanos”, subraya Muñoz.
La defensora explica, además, que para los menores el hecho de ser testigos de actos delictuales o de extrema violencia, puede ser una experiencia traumática y muy dañina para su correcto desarrollo. “Esperamos que, a pesar de lo que se anuncia para este marzo, en definitiva no tengamos que conocer, como Defensoría de la Niñez, a más niños víctimas de ninguna circunstancia, ni de violencia en términos de hechos de delincuencia que deban ser investigados y sancionados, y de ninguna manera por parte de la violencia estatal provocada por agentes del Estado. Ello tiene impactos significativos y provoca indudablemente una responsabilidad estatal ineludible en términos de la necesaria justicia, pero también de reparación”.
Cuando se piensa en el Servicio Nacional de Menores, es difícil no sentir un nudo en el estómago, y es que, para Muñoz, simplemente no se explica cómo las prioridades del Gobierno han dejado tan al fondo una situación demasiado grave.
«No debemos olvidar que ha pasado un tiempo ya desde el contundente informe que realizó el Comité de los Derechos del Niño, donde se sostuvo que en Chile se habían violado grave y sistemáticamente, por más de 40 años, los Derechos Humanos de los niños que se encontraban bajo tutela del Estado”.
Respecto de ello, reconoce que, si bien han existido acciones que han buscado de alguna manera corregir esta situación tan dolorosa para un país, “lo cierto es que no ha sido suficiente, que no han tenido la urgencia que amerita una situación de la gravedad como la constatada por el comité, y que, por tanto, desde nuestra perspectiva, debiera ser una prioridad significativa en términos no solo discursivos de parte del Gobierno, sino que ciertamente en términos concretos”, precisó.
Para la Defensoría, en la actualidad se siguen financiando proyectos y protocolos que han demostrado no obtener resultados en cuanto a generar un impacto efectivo y sustancial en la vida de niños, niñas y adolescentes.
“El 76% de los programas sale con evaluación negativa, a pesar de eso se le siguen entregando recursos públicos. Por lo tanto, surge la legítima duda de cuál es en realidad el rigor con la que el Estado chileno está realizando la entrega presupuestaria a fin de brindar protección efectiva a la infancia, si, a pesar de evaluaciones negativas, se sigue perpetuando en el tiempo la ejecución de programas que no están teniendo impacto en la vida de estos”, declaró.
En definitiva, se trata de un llamado de atención a las instituciones relacionadas directamente con esta materia para que pongan en marcha recomendaciones que ha formulado la Defensoría de la Niñez, de manera “bastante consistente y persistente», de tal manera «que entendamos que los niños, niñas y adolescentes no pueden seguir esperando, que los tiempos burocráticos del Estado no son los tiempos de los niños”.
Para la defensora, esta situación es muy grave, puesto que hay ejes trascendentales vinculados a los niños bajo tutela del Estado, a aquellos que se encuentran en situación de calle, a la “necesaria e imprescindible” inclusión de los niños en situación de discapacidad, a quienes se encuentran excluidos de la educación. “Todos ámbitos en los cuales, desafortunadamente, no vemos acciones concretas con la urgencia y profundidad debida, para que efectivamente tengamos los cambios significativos que los niños no solo merecen, sino que son llamados a tener en razón de las obligaciones jurídicas que el Estado chileno ha adquirido al menos desde el año 90”, explicó.
Y es que el Estado de Chile, independientemente del Gobierno de turno, ratificó los acuerdos firmados en aquella época en la Convención sobre los Derechos del Niño. “Por lo tanto, como Defensoría de la Niñez, nosotros, seguimos solicitando, recomendando y pidiendo que aquello que se plantea desde el discurso, particularmente en un eslogan, que ha sido muy utilizado, que tiene que ver con los ‘niños primero’, tenga de manera real un correlato y no sea solo una mera descripción discursiva que, en definitiva, en el día a día no encuentra una realidad y una respuesta concreta para los miles de niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país”, acusa Muñoz.
Y es que ni el Sename ni las manifestaciones han sido los únicos contextos en los que hemos vistos vulnerados los derechos de los menores en nuestro país. Durante febrero, gran polémica y debate se desató cuando se viralizaron, a través de redes sociales, las campañas escolares que erotizaban en distintos niveles a sus modelos.
Al respecto, Muñoz considera que esto dejó al descubierto las falencias del sistema de autorregulación y ética publicitaria, lo cual demostró que eran insuficientes para evitar que este tipo de situaciones ocurran. “Fue muy positiva la reacción de la sociedad, en orden a cuestionar y ser bastante críticos con este tipo de publicidad que, en definitiva, lo que hace es condicionar situaciones que evidentemente exponen de manera vulneradora a niños, niñas y adolescentes”.
En este sentido, desde la Defensoría esperan que efectivamente el Estado, a través de la Subsecretaría de la Niñez, que es la institución obligada por ley a prevenir las vulneraciones de los derechos de menores en nuestro país, “ejerza aquellas acciones que impliquen que estas situaciones no se vuelvan a producir y que, por tanto, no se conozcan nuevos casos de hipersexualización y de exposición pública o privada”.
En la misma línea, parte del debate en esta situación fue que muchos adultos no veían “lo malo” en las campañas que se viralizaron. En este sentido, Muñoz considera que parte del rol que debe ejercer la subsecretaría antes citada, es educar a los padres y brindarles las herramientas necesarias para que puedan reconocer de forma efectiva las situaciones de riesgo a las que pueden estar expuestos sus hijos.
Con la finalidad de que los padres puedan brindarles una buena educación sexual a sus hijos, de forma que se puedan reconocer a tiempo situaciones de abuso o hipersexualización, la defensora plantea que “lo que necesitamos es, precisamente, que en nuestro país exista una educación sexual integral desde la primera infancia. Afortunadamente en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, se está debatiendo sobre esta situación y nosotros esperamos que puedan aprobarse estos proyectos, que lo que buscan, en definitiva, es que se entienda que la educación es una concepción que es integral, que lo que busca es que los menores se desarrollen de manera holística, no fragmentados”.
Respecto de sus objetivos como institución en general, “lo que uno espera desde la Defensoría de la Niñez es que logremos que las recomendaciones que hemos formulado como institución desde este año y medio de existencia, a las distintas reparticiones gubernamentales, sean acogidas. Es imprescindible que se entienda, en nuestro país, que el diseño y la implementación y la evaluación de las políticas públicas deben tener enfoque de Derechos Humanos, con particular énfasis en relación con los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes”, recalcó Muñoz.
Además, agregó que “desafortunadamente lo que conocemos en Chile no es así y, por lo tanto, ahí lo que encontramos, en definitiva, son brechas absolutas entre lo que se declara respecto de la situación de niños, niñas y adolescentes y lo que en concreto está pasando con relación con sus vidas y el impacto que las políticas públicas están teniendo en ello”.
Otra compleja materia pendiente es la prevención y erradicación del acoso escolar, sobre todo el que concierne a la comunidad LGTBIQ+. Para la defensora, allí hay un desafío crucial, que no solo es una necesidad para los colegios, sino también para las familias, el Estado y para la comunidad en su conjunto, “indudablemente acá confluye todo lo que pueda hacerse a nivel del Ministerio de Educación en conjunto con la Subsecretaría de la Niñez, para que en los programas educativos desde la primera infancia logremos integrar, efectivamente, un enfoque de derechos que permita evitar situaciones de discriminación y maltrato contra quienes son compañeros y quienes no se comportan de la manera en la que me comporto yo”.
Finalmente, Patricia Muñoz considera que se debe promover una cultura del buen trato, del respeto y de la tolerancia. El bullying es una experiencia claramente dañina para el desarrollo vital de cualquiera, “provoca una afectación tal, que muchas veces llega a la situación de suicidio, que evidentemente involucra algo que ya resulta irreparable”, reflexionó.
