Fin del Programa Mujeres Rurales: el gobierno de Kast abandona a las jefas de hogar del campo

El 1 de junio de 2026, un oficio de la Dirección Nacional de INDAP comunicó a la Fundación PRODEMU que este año no ingresarán nuevas participantes al Programa Mujeres Rurales. Un oficio. Sin mesa de trabajo previa, sin consulta a las organizaciones campesinas, sin plan de transición. Así, con la frialdad de un trámite administrativo, comenzó bajo el gobierno del Presidente José Antonio Kast el desmantelamiento de una de las políticas públicas con enfoque de género más antiguas del Estado chileno: treinta y cuatro años ininterrumpidos, desde 1992, acompañando a mujeres campesinas y pequeñas productoras en todas las regiones del país. La trayectoria anunciada es explícita: reducción progresiva de recursos hasta la extinción total del programa en 2029.

Conviene detenerse en lo que se está eliminando, porque no es un fondo concursable más. El Programa Mujeres Rurales, ejecutado en convenio entre INDAP y PRODEMU por unos 3.300 millones de pesos anuales, es un modelo de intervención integral de tres años que combina capacitación técnica, financiamiento productivo, desarrollo organizacional y fortalecimiento personal. Esa arquitectura —que entiende que la autonomía económica de una mujer rural no se resuelve con una transferencia aislada, sino con acompañamiento sostenido, asociatividad y redes— es precisamente lo que ningún otro instrumento del Estado replica. La propia evaluación de RIMISP que INDAP invoca para justificar la “reformulación” reconoce que se trata de una de las pocas respuestas estatales, si no la única, para las mujeres que habitan territorios rurales, donde ser mujer y vivir en el campo implica cargas dobles o triples de trabajo, aislamiento y desprotección. Es decir: el documento que el Gobierno usa como coartada técnica valida, en su fondo, aquello que el Gobierno decidió eliminar.

Las cifras del ajuste tampoco resisten el relato oficial de la prudencia fiscal. A PRODEMU se le aplicó un recorte del 8%, más del doble del 3% que el Ejecutivo anunció como criterio general, además de una reducción superior a 800 millones de pesos en su convenio con SERNAMEG. Antes de eso, la fundación pasó meses con sueldos retenidos por una controversia administrativa sobre boletas de garantía que la propia DIPRES consideró inaplicables a su naturaleza institucional, mientras más de 10 mil millones de pesos asignados por la Ley de Presupuestos permanecían estancados sin transferir. El patrón es reconocible: no se cierra la política por decreto, se la asfixia por gestión. Se retienen fondos, se recorta por sobre lo anunciado, se suspende el ingreso de usuarias y luego se declara que el programa “no es sostenible”. La profecía se cumple porque se la fabricó.

El costo humano de esta operación contable tiene nombre y territorio. Cerca de 3.000 mujeres que ya habían sido focalizadas entre enero y marzo —que cumplieron requisitos, que organizaron sus grupos, que ordenaron sus vidas en torno a una expectativa creada por el propio Estado— recibirán como respuesta que el programa no va. A ellas se suman unos 60 despidos en una institución cuya dotación es 90% femenina. Y las funcionarias que durante décadas sostuvieron el vínculo del Estado con el campo deberán ahora, según se les ha indicado, explicarles a esas mujeres, cara a cara, que la puerta se cerró.

No es abstracto preguntarse quiénes son las afectadas. En Chile, la jefatura de hogar femenina se ha más que duplicado en tres décadas: pasó del 20,2% de los hogares en 1990 al 42,4% según la CASEN, y se concentra exactamente donde golpea este recorte: en el decil de menores ingresos, más de la mitad de los hogares —un 52,8%— está encabezado por una mujer. En el mundo rural, cerca de un tercio de los hogares tiene jefatura femenina, en un contexto donde la participación laboral de las mujeres apenas alcanza el 36,4%, frente al 66,9% de los hombres, y donde los hogares sostenidos económicamente solo por una mujer registran niveles de pobreza que más que duplican los de aquellos encabezados por un hombre. Detrás de cada usuaria del programa hay, con altísima probabilidad, una jefa de hogar que sostiene sola la economía familiar en el territorio más desprotegido del país. Quitarle el único instrumento estatal diseñado para ella no es un ajuste: es dejarla caer.

La contradicción política es difícil de exagerar. El gobierno del Presidente Kast hizo campaña recorriendo el mundo rural y levantó la defensa de la familia como bandera doctrinaria; sin embargo, decide como uno de sus primeros ajustes sociales retirar el único programa de fomento productivo con enfoque de género que llega a las familias campesinas más pobres del país. Cuando INDAP responde que existen otros instrumentos para mujeres rurales, elude deliberadamente el punto: los instrumentos generales de fomento no hacen formación, no construyen organización, no trabajan autonomía. Tratan a la usuaria como beneficiaria de un subsidio, no como sujeta de derechos en un territorio estructuralmente desigual.

Y mientras INDAP ejecuta el recorte, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género observa. La cartera que encabeza la ministra Judith Marín —de la cual depende institucionalmente PRODEMU— no solo no ha defendido el programa: ha aportado los argumentos para sepultarlo, sosteniendo ante el Congreso que su funcionamiento sería financieramente insostenible, mientras SERNAMEG mantiene fondos sin transferir y guarda silencio frente a las trabajadoras, a cuyo sindicato recién concedió una reunión para julio. El ministerio mandatado por ley para promover la autonomía económica de las mujeres opera, en los hechos, como notario de su desmantelamiento, con una oferta programática replegada al fortalecimiento de la familia que resulta estrecha frente a la diversidad de realidades de las mujeres de este país: las del campo, las de la pesca, las del norte. Un problema de gestión se corrige; un programa histórico no se extermina por omisión de quien debía defenderlo.

El Congreso ya habló: la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 106 votos contra 29 un proyecto de acuerdo solicitando mantener el programa, con el rechazo casi exclusivo de las bancadas oficialistas. El Senado ha realizado sesiones especiales, las organizaciones campesinas e indígenas han denunciado que se decide sobre ellas sin ellas, y los sindicatos de PRODEMU han recurrido a todas las instancias disponibles. La evidencia, la trayectoria comparada en América Latina y la voluntad transversal del Parlamento apuntan en la misma dirección. Lo único que apunta en la contraria es una planilla presupuestaria que mide costos con precisión y valor con ceguera.

Porque eso es, en definitiva, lo que está en juego. Cuando el Estado se retira de los territorios donde el mercado nunca llegó, no queda neutralidad: queda abandono. Y ese abandono no se distribuye parejo; recae sobre las jefas de hogar que ya cargan con el trabajo productivo, el doméstico y el de cuidados en las condiciones más adversas del país. Revertir esta decisión no es un gesto de nostalgia por un programa histórico. Es la prueba mínima de que las palabras familia, campo y trabajo significan algo más que consignas de campaña. Treinta y cuatro años de política pública no se terminan por oficio. O no deberían, aunque parece que para este gobierno si.