Fútbol femenino en Chile: profesionalización en el papel, precariedad en el camarín

Colo Colo Femenino venció a la U en el Superclásico, extendió su invicto y se afirmó como líder exclusivo del torneo con 55 puntos. El resultado, sin embargo, quedó parcialmente eclipsado por un reclamo de la entrenadora Tatiele Silveira: no había agua caliente en los camarines dispuestos para su plantel. La pregunta que planteó, sobre si el fútbol femenino sigue operando con estándares de hace treinta años, apunta a un problema que trasciende el episodio puntual y que conviene revisar con cierta distancia.

Conviene primero situar el reclamo en su justa dimensión. Ducharse con agua caliente después de un esfuerzo físico intenso no es una cuestión de confort accesorio, sino parte de un protocolo elemental de recuperación e higiene deportiva: favorece la relajación muscular y ayuda a la termorregulación tras la pérdida de calor por sudoración. Se trata de una condición mínima que cualquier plantel profesional debería tener garantizada, independiente del género de sus integrantes.

El asunto de fondo, no obstante, es estructural. Lo ocurrido en Colo Colo no constituye un hecho aislado dentro del fútbol femenino chileno. En 2022 se promulgó la Ley 21.436 de profesionalización del fútbol femenino, que obliga a los clubes de Primera División a formalizar contratos laborales con sus jugadoras de manera progresiva hasta 2027.

Se trata de un avance real en el plano normativo. Sin embargo, el año pasado la Dirección del Trabajo fiscalizó a 32 equipos femeninos, entre Primera División y Ascenso, y cursó 58 multas, cuyas infracciones más recurrentes correspondieron a falta de camarines adecuados y carencia de elementos de protección personal.

Un estudio de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, además, constató que solo el 51 por ciento de los partidos de Primera División se disputó en estadios durante 2024, mientras el resto se jugó en canchas de entrenamiento. La ley existe. La infraestructura, con frecuencia, no la acompaña.

Ese desfase entre marco legal y condiciones materiales es el núcleo del problema. El fútbol femenino chileno crece de manera sostenida en nivel competitivo, en audiencia y en relevancia mediática: Colo Colo lidera invicto, la selección nacional ha disputado un Mundial y unos Juegos Olímpicos, y el interés público continúa en expansión.

Ese crecimiento deportivo, sin embargo, avanza a un ritmo considerablemente mayor que la inversión en infraestructura básica, camarines, condiciones médicas y recintos propios. El resultado es una disciplina que exhibe cifras de éxito competitivo sostenidas sobre una base material todavía incompleta.

A ello se suma un sesgo de interpretación que rara vez se explicita. Un reclamo idéntico formulado por un entrenador de un plantel masculino de primera división sería, con alta probabilidad, tratado como una denuncia institucional seria. Formulado por una entrenadora de un plantel femenino, corre el riesgo de leerse como anécdota menor o como exigencia desproporcionada. Esa asimetría de lectura no es casual, y constituye en sí misma una expresión de la desigualdad estructural que la legislación, hasta ahora, no ha logrado subsanar del todo.

La profesionalización de una disciplina deportiva no se mide únicamente por los contratos que se formalizan ni por los títulos que se conquistan. Se mide, en gran medida, por lo que ocurre después del pitazo final, en aquello que ninguna transmisión televisiva registra. Mientras la brecha entre el nivel competitivo del fútbol femenino chileno y sus condiciones materiales básicas no se cierre, cada logro deportivo seguirá conviviendo con un recordatorio incómodo de cuánto queda por profesionalizar realmente.