Arraigo nacional y firma mensual para joven formalizado por amenazas contra universidades

Con firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a establecimientos educacionales quedó este sábado el hombre chileno de 22 años detenido en Lo Espejo, en el marco de la investigación por amenazas contra distintas universidades de Santiago, tras ser formalizado por el delito de amenazas simples contra la Universidad de Santiago (Usach), la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y la Universidad Diego Portales (UDP), además de personas vinculadas a las casas de estudio. Las medidas cautelares fueron acogidas por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago a solicitud de la Fiscalía Centro Norte.

Según expuso el Ministerio Público, el sujeto —estudiante de Derecho de una de las propias universidades amenazadas— habría enviado intimidaciones firmadas como “Amermelao” contra la Usach, la UDP y la UAH. Los correos amenazaron con una “masacre” con pistola y cuchillo y estaban acompañados de una imagen de ambos elementos. Las amenazas obligaron a suspender actividades presenciales en la Usach, la UDP, la UAH y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC).

La fiscal subrogante Natalia Véliz explicó que los antecedentes comprenden “correos electrónicos dirigidos en contra de ellos y personal particular de esas instituciones. Pero también respecto de un mensaje de Instagram que se publicó en una historia”. La Brigada del Cibercrimen fue alertada por los mecanismos de seguridad de Meta sobre una historia de Instagram con amenazas. En el domicilio del imputado se incautaron un teléfono celular, un notebook y otros aparatos tecnológicos, pero no se encontraron armas.

Véliz agregó que en el computador se detectó un programa que permite conectarse mediante distintas direcciones IP o redes privadas virtuales (VPN) y que “los correos electrónicos que fueron aportados por los denunciantes que recibieron en sus casillas institucionales (…) y en atención a eso se está verificando el envío de ellas”. Respecto del vínculo entre los dispositivos y las cuentas investigadas, indicó: “Aparentemente de las cuentas de Instagram sí, pero del correo no”.

En la audiencia, la defensa, a cargo de Miguel Narváez, atribuyó lo ocurrido a una inmadurez del joven y solicitó firma mensual. Los querellantes, en tanto, pidieron prisión preventiva al argumentar que representaba un peligro para la sociedad, que las amenazas se dirigieron contra funcionarios y estudiantes y que existiría selección de objetivos y coordinación con terceros.

El tribunal consideró que los hechos provocaron alteración y temor en la comunidad estudiantil y el personal administrativo, pero también tuvo en cuenta que no se encontraron armas de fuego y que no se logró acreditar pertenencia a un grupo terrorista.

Tras conocerse la resolución, el abogado querellante Francisco Villanueva sostuvo que, a su juicio, correspondía al menos decretar arresto domiciliario total y adelantó que revisarán los antecedentes para evaluar una eventual apelación. La Fiscalía tendrá 100 días para desarrollar la investigación. Hasta ahora el imputado no ha declarado, ya que tiene derecho a guardar silencio.