Subsecretario Guerrero sale a defender lo que la reforma de Arrau no dice

Con críticas que cruzan prácticamente todo el arco político, reparos de constitucionalistas y dudas instaladas incluso entre los partidos que sostienen al Gobierno, la reforma constitucional de seguridad impulsada por el ministro Martín Arrau enfrenta una tramitación cuesta arriba.

En ese escenario, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, salió a defender la iniciativa en una entrevista concedida a El Mercurio, entregando interpretaciones y precisiones que no aparecen expresamente recogidas en el texto de la reforma constitucional y apelando al proceso de colegislación con el Congreso para explicar el alcance que, según el Gobierno, tendrían algunas de las disposiciones más cuestionadas.

Uno de los principales focos de controversia es la posibilidad de que el Presidente pueda mantener el nuevo estado de excepción durante hasta 240 días —120 días iniciales más una prórroga de igual duración— sin requerir autorización del Congreso. Consultado por ese plazo, Guerrero sostuvo que la norma establece un “hasta” y que el Ejecutivo nunca ha pensado en utilizar siempre el máximo permitido. “El ministro ha sido muy categórico: necesitamos que esta intervención sea acotada en el territorio y acotada en el tiempo”, afirmó.

Sin embargo, esa limitación no aparece expresamente establecida en el articulado presentado por el Gobierno. El proyecto fija un plazo máximo, pero no incorpora criterios que obliguen a restringir la duración de la medida ni mecanismos de revisión parlamentaria durante ese período.

El subsecretario justificó además la extensión del plazo señalando que las reformas constitucionales aprobadas en 2005 redujeron significativamente la duración de los estados de excepción, obligando al Ejecutivo a concurrir periódicamente al Congreso para renovarlos. Según explicó, la propuesta busca evitar esa dinámica para concentrar los esfuerzos en la gestión de las intervenciones.

Otra de las observaciones formuladas por Guerrero apunta a relativizar las críticas provenientes de parlamentarios de oposición. Afirmó que, durante el estudio de la reforma, el Gobierno identificó cuatro proyectos parlamentarios sobre materias similares —tres de la legislatura anterior y uno presentado pocas semanas antes de la iniciativa del Ejecutivo— y sostuvo que algunas de esas mociones contemplaban medidas incluso más intensas que las actualmente propuestas. Entre ellas mencionó iniciativas suscritas por la exdiputada Giovanna Ahumada, Gloria Naveillán, Ximena Ossandón y Diego Schalper.

La defensa del subsecretario se produce mientras la iniciativa enfrenta un creciente cuestionamiento político. Diversos constitucionalistas han advertido sobre la amplitud de las facultades extraordinarias que concentra el Ejecutivo, especialmente en materias como la suspensión o restricción de derechos fundamentales, la duración del régimen excepcional y la disminución del control parlamentario.

Las críticas tampoco provienen exclusivamente de la oposición. En el oficialismo han surgido reparos respecto de la conveniencia de incorporar estas materias a la Constitución y de la extensión de las atribuciones presidenciales. Algunas voces han advertido que el diseño actual podría afectar el equilibrio institucional y han planteado la necesidad de introducir modificaciones sustantivas durante la discusión legislativa.

En la oposición, si bien existe consenso respecto de la necesidad de fortalecer la persecución del crimen organizado, varios dirigentes han cuestionado que el proyecto entregue facultades excepcionales de tan larga duración sin una intervención temprana del Congreso. Esa discusión ha abierto espacio para propuestas orientadas a restablecer controles parlamentarios desde el inicio de la medida y revisar algunas de las atribuciones contempladas en el texto.

Uno de los puntos más debatidos es la posibilidad de interceptar comunicaciones durante la vigencia del estado de excepción. Guerrero intentó acotar el alcance de esa facultad señalando que una duración de 120 días “no significa que las escuchas telefónicas vayan a durar 120 días”. A modo de ejemplo, sostuvo que podrían extenderse solo “dos, tres o cinco días”.

Nuevamente, esa precisión no se encuentra desarrollada en el proyecto. El articulado habilita la interceptación y registro de comunicaciones como una de las medidas disponibles durante el estado de excepción, pero no establece límites temporales específicos para su utilización.

Algo similar ocurre con la duración general de las intervenciones. Guerrero explicó que estas deberían operar inicialmente “como un golpe” contra organizaciones criminales, pero añadió que posteriormente sería necesario mantener presencia policial para acompañar a los barrios y consolidar la recuperación de la seguridad. Según argumentó, los vecinos demandan presencia estatal antes, durante y después de las operaciones.

Esa explicación introduce una dimensión que tampoco aparece desarrollada en la reforma: la idea de que una parte importante del plazo excepcional respondería a una fase de acompañamiento posterior a la intervención operativa.

Consciente del escenario político que enfrenta la iniciativa, el subsecretario insistió en que el Gobierno espera perfeccionar el proyecto durante su tramitación y destacó el proceso de colegislación con el Congreso.