La reforma que prometía mano dura termina desarmada por la propia derecha y sin votos para avanzar

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, utilizó esta semana una expresión que terminó sintetizando involuntariamente el problema político de la reforma constitucional de seguridad. Con el proyecto ya ingresado al Senado, informó que se había reunido con representantes de Renovación Nacional para avanzar en el “trabajo prelegislativo” de la iniciativa.

Para entonces, la reforma ya había provocado un discolaje considerable en la propia derecha y La Moneda estaba desplegada para contenerlo. Pero el problema no se reduce a una cocina insuficiente o tardía. El conflicto surgió, fundamentalmente, porque parlamentarios oficialistas y cercanos al Gobierno consideran que el nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública quedó pasado de revoluciones: concentra facultades extraordinarias en el Presidente, debilita los contrapesos del Congreso y permite afectar libertades personales con herramientas comparables a las que la Constitución reserva para una guerra externa.

Ese cóctel obligó al Ejecutivo a comenzar a desarmar partes importantes de una de sus principales apuestas en seguridad apenas días después de presentarla. Y, al cierre de este viernes, la cirugía todavía no garantiza los votos necesarios en el Senado.

El diseño original permite al Presidente decretar el nuevo régimen excepcional por hasta 120 días y prorrogarlo por otros 120 antes de requerir autorización parlamentaria. Entre las medidas habilitadas están suspender o restringir la libertad personal, restringir otras libertades e intervenir comunicaciones.

Constitucionalistas han advertido en El Mostrador que algunas de esas facultades se parecen a las del Estado de Asamblea, reservado para guerra exterior. Javier Couso ha enfatizado que el problema no se limita a los ocho meses sin autorización parlamentaria: incluso incorporando al Congreso, la facultad de suspender la libertad personal mantiene una intensidad que actualmente se reserva para el escenario constitucional más extremo.

“Se antepuso lo comunicacional”

En Chile Vamos existe una evaluación crítica sobre cómo se gestó la reforma. Fuentes del sector sostienen que La Moneda priorizó inicialmente el impacto político y comunicacional de lanzar una agenda contundente contra el crimen organizado y solo después terminó de enfrentar la complejidad de algunas de sus disposiciones.

En esas conversaciones internas se cuestiona que un proyecto de esta densidad constitucional haya pasado por pocas manos y se critica la solidez del trabajo legislativo realizado desde Seguridad. El diagnóstico coincide ahora con una declaración pública particularmente incómoda para el Ejecutivo.

“Se antepuso lo comunicacional”, afirmó este viernes el senador RN Andrés Longton, quien sostuvo que el apuro terminó desplazando la rigurosidad que exige una discusión sobre “libertades personales” y garantías constitucionales.

No todos en RN comparten que haya existido una ausencia absoluta de trabajo previo. El diputado Diego Schalper ha recalcado que su partido sí conversó con Arrau antes del ingreso, entregó propuestas e incluso consiguió que dos disposiciones fueran retiradas.

El cuadro que emerge es, por tanto, más preciso: hubo conversaciones, pero no fueron suficientes para ordenar a todo el sector ni para despejar reparos que terminaron golpeando la viabilidad del texto.

El senador Luciano Cruz-Coke sintetizó ese malestar después de reunirse con Arrau el jueves: habría preferido que el trabajo se hiciera antes, aunque valoró que el ministro finalmente asumiera la tarea de conversar con los distintos sectores. Rojo Edwards fue más directo y afirmó que al Ejecutivo le faltó trabajo prelegislativo y que “tiró el tejo pasado”.

RN pasa de los reparos al bisturí

Renovación Nacional llevó el jueves el proyecto ante los constitucionalistas Marisol Peña, Sebastián Soto, Teodoro Ribera, Juan José Ossa y Víctor Manuel Avilés. Después del encuentro, lejos de concluir que las alarmas estaban sobredimensionadas, dirigentes del partido salieron defendiendo la necesidad de modificar el texto.

Schalper dijo encontrar “mucha sintonía” entre los planteamientos de los expertos y las correcciones que RN venía promoviendo. El jefe de bancada defiende que existan facultades excepcionales para entrar a enclaves controlados por organizaciones criminales, pero pide que sean más acotadas, que el Congreso tenga un rol efectivo y que las intervenciones de comunicaciones estén sometidas a control judicial.

RN reunió a parlamentarios y expertos constitucionalistas para revisar los reparos a la reforma de seguridad impulsada por el Gobierno.

Este viernes reveló además que envió ocho indicaciones a Longton, Arturo Squella, Arrau y el ministro Segpres, José García Ruminot. Su propuesta busca, entre otras cosas, que las facultades extraordinarias estén sujetas a contrapesos parlamentarios y judiciales.

Ximena Ossandón ha ido incluso más lejos en la advertencia institucional. RN, dijo, está disponible para discutir constitucionalmente el combate al crimen organizado, pero eso no significa habilitar cualquier mecanismo.

La diputada ha insistido en que una facultad creada hoy pensando en Kast puede quedar mañana en manos de otro Presidente. En CNN Chile sostuvo que cualquier cambio debe analizarse con mayor profundidad y evitando dejar abierta una Constitución de la cual el país pueda arrepentirse.

Este viernes añadió que existen “otros caminos” para enfrentar el problema sin dejar la Carta Fundamental “habilitada para cualquier cosa”. Su posición empieza así a tocar una pregunta todavía más incómoda para La Moneda: si realmente es indispensable crear un quinto estado de excepción o si bastaría fortalecer herramientas actualmente disponibles.

Squella y Longton reescriben

En paralelo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y el senador Longton alinearon posiciones para intentar salvar la tramitación.

Ambos acordaron impulsar modificaciones para que el nuevo estado de excepción requiera intervención del Congreso desde su inicio, sea revisado cada 30 días y se elimine la fórmula original sobre afectación de comunicaciones.

La operación es políticamente significativa: Squella es uno de los principales referentes del partido del Presidente y Longton se había convertido en una de las voces más críticas de la reforma. Ambos, además, integran la Comisión de Constitución del Senado, donde la derecha es minoría frente a tres senadores de oposición.

Fuentes de Chile Vamos habían señalado a El Mostrador, antes de que el acuerdo se hiciera público, que ambos estaban conversando precisamente para darle viabilidad a la idea de legislar y trabajando indicaciones que redujeran la severidad del nuevo régimen.

El acuerdo parlamentario, además, comenzó a tomar forma antes de que todas sus conclusiones fueran trasladadas a Seguridad. Y es que RN ha tenido un papel central en mantener vivo el proyecto y Longton salió de su posterior encuentro con Arrau señalando que existe disposición para que la reforma “no salga como entró”.

Y el bisturí ya apunta más allá del estado de excepción.

Longton aseguró que Arrau se abrió a eliminar la inhabilitación permanente para acceder a determinados beneficios sociales una vez cumplida una condena, revisar la fórmula para identificar organizaciones criminales y modificar la intervención de comunicaciones. Sobre este último punto, dijo que existe acuerdo para eliminarlo o avanzar hacia una versión considerablemente más atenuada y con resguardos.

No significa que todas esas modificaciones estén cerradas ni formalmente ingresadas. La apertura del ministro a negociar no equivale todavía a un acuerdo definitivo del Gobierno con el paquete de indicaciones.

Y persiste una interrogante sustantiva: qué ocurrirá con la facultad de suspender la libertad personal, uno de los elementos que los constitucionalistas han identificado como propios de una excepcionalidad mucho más severa.

Kast blinda a Arrau

Mientras la reforma comenzaba a ser reescrita, el Presidente José Antonio Kast optó por cerrar filas con su ministro.

El Mandatario relativizó la magnitud del cambio constitucional al describirlo como una “pequeña reforma” destinada a mejorar la seguridad y respondió a quienes acusan falta de trabajo prelegislativo defendiendo los resultados de Arrau al frente de su cartera.

Kast sostuvo que corresponde al Congreso determinar qué quiere legislar y reconoció que la propuesta puede ser modificada e incluso rechazada. Pero evitó hacer propia la crítica por la forma en que fue preparada y pidió mirar el “vaso medio lleno” de la gestión del ministro.

El respaldo presidencial llega mientras la conducción política del rescate se amplió más allá de Seguridad. Claudio Alvarado y Segpres entraron de lleno en las tratativas y para el lunes está prevista una reunión con presidentes de partidos oficialistas destinada a ordenar las modificaciones y recomponer respaldos.

La propia ronda desplegada por Arrau mostró la magnitud del problema. En un solo jueves recibió a representantes de RN, Republicanos, la UDI y Evópoli. En sus comunicaciones públicas habló reiteradamente de escuchar propuestas, mejorar y perfeccionar las iniciativas.

El PNL entra a la conversación, pero los votos siguen faltando

La operación llegó también al Partido Nacional Libertario. El Segundo Piso abrió un canal con la colectividad y recibió a su secretario general, Juan Antonio Urzúa.

Los libertarios transmitieron disposición a aprobar la idea de legislar, pese a mantener fuertes reparos al nuevo estado de excepción. La diputada Gloria Naveillán valoró el gesto, aunque dejó una factura sobre la mesa: “Ojalá nos hubieran escuchado antes”.

La apertura ayuda a La Moneda, pero no despeja la aritmética.

La senadora Vanessa Kaiser (PNL) había expresado reparos severos y el senador Matías Walker, militante de Demócratas e integrante de la bancada de Evópoli e Independientes, endureció su posición hasta pedir directamente que el Gobierno retire la reforma constitucional y concentre sus esfuerzos en una agenda legal de seguridad. Para Walker, herramientas tan invasivas deben diseñarse pensando siempre en que podrían quedar “en manos de un mal Presidente”.

El cuadro es relevante porque la reforma requiere 29 votos en el Senado. Según fuentes del oficialismo y del Congreso consultadas durante la jornada, además de Walker persisten resistencias y dudas que obligan a La Moneda a buscar apoyos fuera de su base habitual.

El escenario tampoco luce favorable en la Comisión de Constitución, donde Longton y Squella están en minoría frente a tres senadores de oposición. Pedro Araya (PPD), presidente de la instancia, ha planteado retirar el proyecto y presentar uno nuevo; Claudia Pascual (PC) lo considera restrictivo y sostiene que no resuelve los problemas de seguridad pública; y Paulina Vodanovic (PS) ya había advertido que la iniciativa contiene “varias aberraciones” jurídicas y cuestionado la falta de diálogo previo del Gobierno.

El dilema que sobrevivió a la cocina

Arrau sigue defendiendo el objetivo de contar con mecanismos de alta intensidad para intervenir territorios donde el crimen organizado ha construido enclaves. Este viernes sostuvo que el nuevo régimen apunta a situaciones “muy específicas y puntuales” y defendió la necesidad de desarrollar instrumentos capaces de enfrentar organizaciones que cambian rápidamente sus métodos de comunicación.

Ese argumento resume también la disputa que La Moneda todavía no consigue cerrar.

Los dirigentes de derecha que han levantado reparos no plantean bajar los brazos frente al crimen organizado. La discusión es cuánto poder excepcional puede entregarse al Presidente para combatirlo y qué libertades pueden ponerse en suspenso en el camino.

Ahí está la razón por la que el problema no se resuelve simplemente con más reuniones.

La cocina previa fue insuficiente, como reconocen distintas voces oficialistas, y obligó al Gobierno a negociar a destiempo. Pero el discolaje no nació solamente porque faltaran llamados, documentos o reuniones. Nació porque el texto abrió reparos de fondo ante un estado de excepción que varios consideran excesivamente presidencialista y peligroso para los contrapesos y las libertades personales.

Los cuestionamientos, además, ya desbordaron al nuevo estado de excepción. La poda alcanzaría otros puntos de la agenda, como el mecanismo para registrar y calificar organizaciones criminales —que Longton ha objetado por involucrar al Presidente y al Senado en una materia que considera propia de la persecución penal— y las restricciones posteriores a condenados, que el propio Arrau se abrió a revisar. La cirugía, por tanto, ya alcanza varias piezas de la arquitectura con que el Gobierno presentó su ofensiva contra el crimen organizado.

Ahora La Moneda intenta reconstruir el proyecto mientras Kast blinda a Arrau, RN empuja cambios sustantivos, Republicanos negocia cómo salvarlo y algunos votos clave directamente piden partir de nuevo.

El Gobierno ya consiguió abrir la negociación. Lo que todavía no consigue demostrar es que, después de desarmar varios elementos centrales del diseño que presentó, tenga los votos para volver a armarlo.