Opinión
Más allá de las necesarias profundizaciones democráticas que requiere, creo que ha costado reconocer el valor de lo alcanzado. Ya sea por nuestros traumas políticos –como la cocina o la lógica de los “grandes acuerdos”, plasmada en la icónica imagen de la élite política alzando los brazos tras el acuerdo por la LGE– o producto de ciertas falencias reales –como la ausencia de organizaciones sociales en la firma del acuerdo–, el debate al interior de la izquierda ha sido más bien autoflagelante y, creo, se puede tornar riesgoso en la medida que devenga en inmovilismo.
Uno de los principales problemas de la izquierda es que no sabe abrazar sus victorias. En cierto sentido esto está bien, porque para una izquierda transformadora es probable que gran parte de estas puedan verse como insuficientes y, por tanto, urja la necesidad de profundizarlas. Sin embargo, creo que el proceso constituyente que se ha iniciado tiene un carácter de logro histórico, que es importante destacar, para entender lo importante que es hacernos parte de él con todas nuestras fuerzas.
Más allá de las necesarias profundizaciones democráticas que requiere (y que abordaré más abajo), creo que ha costado reconocer el valor de lo alcanzado. Ya sea por nuestros traumas políticos –como la cocina o la lógica de los “grandes acuerdos”, plasmada en la icónica imagen de la élite política alzando los brazos tras el acuerdo por la LGE– o producto de ciertas falencias reales –como la ausencia de organizaciones sociales en la firma del acuerdo–, el debate al interior de la izquierda ha sido más bien autoflagelante y, creo, se puede tornar riesgoso en la medida que devenga en inmovilismo.
En esa línea se han planteado algunas cosas, entre ellas, que este acuerdo sería una suplantación del pueblo y su “poder constituyente originario”. Este concepto, sin embargo, no es más que una abstracción o entelequia política si no se asume que existe en una realidad concreta, en medio de correlaciones de fuerza de clase concretas. En el caso de Chile, es en el contexto de un Estado neoliberal sostenido en una alianza profunda entre la oligarquía y las Fuerzas Armadas. Esa es la cancha donde jugamos.
Entonces, si esto es así, podemos no estar de acuerdo con el carácter del acuerdo, pero sostener esa posición y al mismo tiempo la necesidad del proceso constituyente, requiere necesariamente responder la pregunta respecto de cuál es la alternativa a la negociación realizada. Responder únicamente sobre la base de la idea –también abstracta– de “movilizarse hasta vencer”, no parece ser una respuesta sensata en la medida que no tiene una bajada concreta.
Ahora, si piensa el poder constituyente originario en clave revolucionaria o insurreccional, creo que nuevamente se trata de una abstracción, porque es claro que no hay condiciones para un proceso de esas características y empujarlo en serio hoy, en la cancha descrita más arriba, no es más que simple irresponsabilidad política. Lo cierto es que las condiciones de negociación de la izquierda en el acuerdo no eran fáciles, porque la verdad es que al resto del bloque en el poder –el tradicional duopolio– no le era necesario pactar con esta para asegurarlo.
Ahora, yendo al contenido mismo del acuerdo, es fundamental entender que, en caso de avanzar hacia una Asamblea Constituyente (Convención Constituyente), esto va a abrir un nuevo ciclo para política chilena. Y esto será así, no solo porque por primera vez vamos a tener una Constitución emanada en democracia y además elaborada por la ciudadanía, sino que, además, esta va a ser la cristalización de una nueva correlación de fuerzas de clases, o sea, va a cambiar la cancha donde se disputa.
Si bien, a propósito de los límites del proceso, como por ejemplo el quorum de 2/3, probablemente no surja una Constitución progresista, sí va a emerger un nuevo arreglo político que va a funcionar como condición de posibilidad para luchas sociales de nuevo tipo y esto es fundamental, es algo por lo que vale la pena luchar: hay que tomarle el peso a poder sepultar la Constitución de Pinochet, junto con todos sus amarres.
Debido a que este proceso constituyente partirá desde una “hoja en blanco”, las principales trabas de la Constitución del 80, y que petrificaban el proyecto político de la dictadura, van a dejar de existir. Esto tiene por consecuencia una cuestión muy relevante y hasta ahora poco remarcada: tener una Carta Magna reformable y con disposiciones no petrificadas, sino que de “techo abierto”, es decir, abiertas a la interpretación.
Tener una Constitución de estas características va a permitir su apropiación por parte del pueblo y la posibilidad de que esta evolucione de la mano de los procesos políticos y sociales que vayan desarrollándose en el país.
Un ejemplo de esto es lo que pasó con la Constitución del 25, cuya evolución, por ejemplo, en relación con la noción de propiedad, permitió el desarrollo de la Reforma Agraria o la Nacionalización del Cobre, en las décadas de los 60 y 70. La gran diferencia entre esa Constitución y la que emanaría de este proceso, es que además esta partiría con una importante legitimidad de origen que aquella no tenía, y bajo el alero de los tratados internacionales hasta ahora firmados que garantizan a priori un resguardo de los derechos fundamentales.
Así, estos dos elementos –fin de las “trampas” constitucionales y la posibilidad de una Constitución reformable– son cruciales en el cambio de ciclo político y, precisamente porque existen, es posible sostener con seguridad que lo que ocurrió no se trata de un acuerdo con la derecha, sino que a pesar de ella o más bien contra ella y su proyecto político.
En ese sentido, que esto esté ocurriendo, más que ser fruto de una mera “negociación”, puede ser leído también como el resultado directo de una lucha popular que obligó a la élite política a tomar decisiones que son contrarias a sus intereses inmediatos. Es una victoria de la movilización popular. ¿Insuficiente aun? Puede ser y habrá que profundizarla, pero es una victoria de la movilización popular y es relevante considerarla de este modo.
Asumir, como he insistido aquí, este proceso en toda su dimensión histórica, no implica aceptarlo acríticamente.
Muy por el contrario, es claro que aún tiene importantes déficits democráticos y, por lo tanto, allí sigue habiendo muchas tareas pendientes.
Entre estos elementos democratizadores del proceso hay que mencionar: 1) la posibilidad de bajar el quorum de acuerdos dentro de la Convención (aunque esto creo que es lo menos relevante, puesto que lo no acordado puede quedar como materia de ley o ser plebiscitado); y 2) revisar seriamente el mecanismo de elección de los delegados, respecto a paridad de género, cuotas para pueblos originarios, del distritaje (distritos más grandes implican más recursos de campaña, lo que es un sesgo evidente) y el fomento a la participación de independientes en igualdad de condiciones.
Este proceso de ajustes se desplegará principalmente en la comisión técnica que preparará la Ley Orgánica Constitucional correspondiente, y aquí es donde la mantención de la movilización social y la incorporación de sectores y movimientos sociales, hoy marginados, se torna sumamente relevante, como formas de presión para evitar los definitivos “cierres por arriba” del proceso.
Por último, me gustaría indicar algunas otras propuestas democratizadoras del proceso constituyente, por fuera del punto 4 del acuerdo (que decía relación con el mecanismo de elección de las delegadas y los delegados): 1) para evitar el veto conservador y entregar más posibilidad de decisión a la ciudadanía, sería relevante que las disposiciones que no alcanzaran el quorum de 2/3, pero sí uno determinado, por ejemplo 4/7, que es el actual quorum de reforma de las Leyes Orgánicas Constitucionales, sean plebiscitadas en el plebiscito de salida; 2) también en función de fortalecer la participación ciudadana, sería positivo que las delegadas y los delegados estén vinculados obligatoriamente a cabildos territoriales, donde deban dar cuenta del trabajo de la Convención y puedan recibir retroalimentación por parte de la ciudadanía; y 3) es relevante que exista un mecanismo como iniciativa popular de propuestas de artículos, de modo tal que, bajo ciertos requisitos, la ciudadanía y las organizaciones sociales puedan ingresar de manera directa propuestas de artículos y disposiciones a la Convención.
Finalmente, en el contexto actual es imprescindible que el avance de este proceso se vincule a la exigencia del cese de la represión desatada de Carabineros sobre la ciudadanía. Las violaciones de los Derechos Humanos requieren de tratamiento aparte, puesto que la necesidad de verdad y justicia no puede estar supeditada a ningún tipo de negociación. No hay proceso constituyente posible mientras el Estado siga hiriendo, violando, mutilando y matando a las ciudadanas y los ciudadanos. La violencia estatal debe detenerse ya, si queremos que el proceso constituyente tenga sentido y pueda ser verdaderamente democrático.
