Desigualdad habitacional en la pandemia: medidas para las familias chilenas

La pandemia del Covid-19 no reconoce fronteras pero sí distingue clases sociales, y de eso en Chile sabemos mucho. La rápida expansión del virus ha traído consigo una severa crisis económica que, como ha ocurrido muchas veces en la historia, toca mucho más fuerte  la puerta de las familias más pobres. El aislamiento social y quedarse en la casa parece ser la medida sanitaria más efectiva según la comunidad internacional, pero en un país tan desigual como el nuestro, contar con la seguridad de tener un lugar digno para hacer cuarentena parece ser privilegio de algunos.

En los sectores más populares hay hacinamiento y escasez de agua en los campamentos, lo cual eleva el riesgo de contagio. Las personas en situación de calle no tienen dónde cuidarse del virus. Muchas mujeres pasan la cuarentena con sus agresores y, según el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en este período han aumentado en un 70% los llamados a los números de emergencia. Los ingresos disminuyen o se acaban, los deudores hipotecarios no pueden pagar sus cuotas y las familias que arriendan no tienen cómo pagar el arriendo.

Por todo ello es que, mediante un proyecto de resolución, le hemos pedido al Presidente Sebastián Piñera que asuma el problema y adopte medidas para abordar las distintas dimensiones habitacionales de la crisis. Le hemos hecho una serie de propuestas a desarrollar con carácter de urgencia, las cuales detallamos a continuación.

Se hace urgente que el gobierno asegure acceso al agua para campamentos y tomas de terreno, y prohíba su desalojo al menos hasta pasados seis meses después de levantado el estado de catástrofe. Más allá de la discusión sobre la legitimidad de realizarlos bajo cualquier circunstancia, prohibirlos hoy adquiere carácter de urgencia humanitaria. El gobierno, además, hoy tiene la facultad de habilitar temporalmente inmuebles de propiedad privada en desuso o inmuebles del Ministerio de Bienes Nacionales, para responder a la demanda habitacional de personas víctimas de violencia de género, que viven en situación de calle, o campamentos y tomas de terreno sin las condiciones mínimas de resguardo al contagio, tal como ha propuesto la corporación Ciudad Común. Insistimos también en las medidas que ha presentado el comité asesor del Covid-19 para personas en situación de calle, que demandan se facilite una mayor cantidad de recintos destinados a albergues con asistencia de salud y una habilitación anticipada de los programas gubernamentales de vivienda provisoria.

En otro eje, proponemos prohibir todo tipo de embargos a deudores de créditos hipotecarios hasta 6 meses después que se levante el estado de catástrofe, postergando el pago de cuotas de créditos vigentes. Pero sin letra chica: sin cobro de intereses ni de impuestos, con estándares a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero y el Sernac. El gobierno debe avanzar más allá de los compromisos de palabra con la banca, y normar las condiciones y los tiempos de estas medidas. Además de postergar los llamados a postulación, como ya lo ha hecho, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debe ampliar las condiciones para que las y los beneficiarios de subsidios habitacionales accedan a la suspensión de 6 meses de pago de crédito hipotecario. Como lo ha recordado el Ministro Monckeberg, hoy funciona sólo en situaciones de cesantía o incapacidad temporal de salud, pero dado el contexto solicitamos que se modifiquen sus requisitos para que pueda responder a las distintas situaciones de vulnerabilidad e inestabilidad producto de la crisis.

Pensando en la situación que enfrentan las familias que hoy arriendan una vivienda, en primer lugar, creemos necesario que se prorroguen automáticamente por tres meses todos los contratos de arriendo en vigor que hayan vencido o vayan a vencer dentro del período de estado de catástrofe, y que se suspendan todos los desalojos hasta tres meses después que se levante el estado de catástrofe. Proponemos que las personas que estén en situación de vulnerabilidad puedan recibir un crédito estatal a 0% de interés y que podrá devolverse en plazos de entre 5 y 10 años. En caso de que, pasado este tiempo, aquellas familias no hayan podido recuperarse, que el Estado asuma su ayuda de manera directa.

Ahora bien, del otro lado, en un contexto en que la vivienda se ha transformado en un lucrativo negocio de inversión, es distinto arrendar una o dos propiedades a arrendar más de 20,  como lo hacen los fondos de inversión. A los pequeños propietarios se les debe asegurar que recibirán íntegramente las rentas de sus viviendas de aquellos créditos blandos que otorgue el Estado. En cambio, grandes propietarios y fondos de inversión deberán disminuir temporalmente el valor de los arriendos o reestructurar las deudas de sus arrendatarios. Hoy es tiempo de que quienes más tienen, ganen menos en favor de quienes tienen menos.

Todo lo anterior debe ir acompañado de cambios en la definición de vulnerabilidad. Los cortes que ha establecido el gobierno no dan cuenta de la real proporción de la población que sufre las consecuencias de la crisis. Sobre todo pensando en los sectores medios que no pueden acceder a créditos hipotecarios ni a beneficios estatales, en quienes han reducido su jornada laboral, en trabajadores informales con disminución de sus ingresos regulares o en personas que hayan debido renunciar a ingresos para asumir labores de cuidado, entre otras situaciones. El Ministerio de Desarrollo Social debe flexibilizar los criterios. Hoy no es tiempo de restringir los servicios sino de ampliarlos.

Lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Ya venía creciendo el déficit habitacional, los precios de la vivienda aumentando, los arriendos ocupando cada vez más parte del sueldo, disminuyendo los hogares que viven en casa propia y creciendo los campamentos. En Chile ya venía armándose una importante crisis de acceso a la vivienda y la pandemia ha dejado aún más al descubierto el drama de esta situación. Hago un llamado a la autoridad, para que la crisis sanitaria y económica a la cual nos enfrentamos sea un argumento para acelerar medidas de protección habitacional que venimos demandando desde hace un buen tiempo. No podemos esperar más, lo necesitamos para poder cuidarnos.