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OPINIÓN

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FF.AA. y Defensa Nacional en la Constitución del 2022

por 9 noviembre, 2020

FF.AA. y Defensa Nacional en la Constitución del 2022
Hora de que el mar de Chile quede indicado en la Constitución, como también su espacio aéreo y submarino. Hora de que aparte de indicar que somos una democracia, reconozcamos nuestros orígenes y los pueblos originarios que estaban aquí antes de que llegaran Magallanes y Almagro. Hora de que reconozcamos quiénes somos y en qué creemos. En resumen, lo que propongo no es más que indicar quiénes somos, de dónde venimos, a dónde queremos ir, en qué creemos, en dónde vivimos, qué nos une y qué es lo que nos hace llamarnos chilenos. Chile necesita un propósito y es hora de que lo definamos.
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Recientemente este medio ha publicado dos columnas de opinión relacionadas con el tema de las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional, a propósito de la nueva Constitución de la República de Chile que se debiera promulgar en el 2022. Antes de entrar en materia, me gustaría indicar que respeto la opinión que puedan tener otras personas en esta materia, pero otra cosa es estar de acuerdo.

Respecto de la columna del Sr. Jorge Vera Castillo, me parece excelente que plantee la necesidad de que la política exterior y de defensa tengan relación la una con la otra, ya que obviamente son dos temas que están muy relacionados entre sí, pero discrepo de la necesidad de entrar en tanto detalle, ya que el interés nacional puede variar con el tiempo y colocarle una camisa de fuerza a quien o quienes dirigen esos aspectos del Estado, puede no ser adecuado. A modo de ejemplo, Chile hoy por hoy es un país mucho más orientado a la cuenca del Pacífico, con la que comerciamos más que ninguna otra parte del planeta y, por otro lado, ya no tenemos tanta relación con Europa y algo menos que en el pasado, cuando hablamos de los Estados Unidos de Norteamérica, que ha disminuido su importancia relativa para nosotros, para qué decir nuestros vecinos, con los cuales solo nos unen fronteras y, por día, más problemas que beneficios.

Dada la importancia de lo anterior, definir su propósito, roles, quiénes la dirigen y cómo se eligen los respectivos líderes, quiénes y cómo ingresan a las instituciones, pasan a ser materias que –producto de su importancia– deben ser de rango constitucional, ya que no queremos dejar en manos de cualquiera el poder de las armas, asegurando que solo se usen para los fines y propósitos correctos, es decir, proteger y defender a Chile, los chilenos, su territorio, mares, espacios aéreos y submarinos y el interés nacional, donde sea que esté ubicado, de amenazas tradicionales y/o bien modernas, como son los ciberataques, el crimen transnacional y los impactos del cambio climático.

El mundo y los intereses cambian y debemos preocuparnos de que, como país, no tengamos limitaciones y la flexibilidad necesaria para que nuestra política exterior no limite el desarrollo de Chile y la política de defensa se haga cargo de proteger lo que nos importa. Dicho eso, la gran pregunta es si estamos dispuestos a que ambos temas sigan siendo de exclusividad presidencial o, bien, los queremos tratar en forma más colegiada, como podría ser a través de consejos de política exterior y de seguridad nacional conformados por representantes del Ejecutivo y del Parlamento, más otros expertos en las materias que representen a la sociedad civil y, de esa forma, asegurarnos de que operen como políticas de Estado, pero sin las amarras y pérdida de flexibilidad que puede significar un exceso de detalles en la Constitución.

En donde sí tomo la idea de Jorge Vera, es en definir qué es Chile y por ello me refiero a su territorio, sus mares, espacios aéreos y submarinos, zona económica exclusiva, plataforma continental extendida, sus posesiones insulares y la Antártica chilena, ya que no quiero encontrarme con autoridades que después anden regalando partes de Chile, el que pertenece a los que nos antecedieron, a los que estamos aquí y ahora y a los que vendrán.

Hora de que el mar de Chile quede indicado en la Constitución, como también su espacio aéreo y submarino. Hora de que aparte de indicar que somos una democracia, reconozcamos nuestros orígenes y los pueblos originarios que estaban aquí antes de que llegaran Magallanes y Almagro. Hora de que reconozcamos quiénes somos y en qué creemos. En resumen, lo que propongo no es más que indicar quiénes somos, de dónde venimos, a dónde queremos ir, en qué creemos, en dónde vivimos, qué nos une y qué es lo que nos hace llamarnos chilenos. Chile necesita un propósito y es hora de que lo definamos.

Cambiando de tema, la columna del Sr. Luis Mariano Rendón me preocupa, ya que acusa a las instituciones de la defensa de ser el gran poder constituyente originario que actúa junto a la elite y los poderes económicos, y basa la fuerza de sus argumentos en tres situaciones ocurridas en el pasado y en contextos completamente distintos a los actuales, por lo que sus conclusiones y trabajo posterior quedan ausentes de un sustento metodológico, el cual ya no es muy sólido, por estar basado solo en tres lecturas del tiempo, y asumir que la realidad actual y actores políticos son los mismos del pasado.

En Lircay, se le olvida que ambos bandos tenían sus propios ejércitos, por lo que no veo el punto que quiere establecer y, si después nos vamos al ejemplo de la participación del general Navarrete en la comisión consultiva, equivoca al decir que era el comandante en Jefe, ya que era el inspector general de un Ejército que tenía a Carlos Ibáñez del Campo como ministro de Guerra, por ende, su superior, y omite indicar que el Ejército estaba muy desordenado y dividido. Por ultimo, no indica que el único propósito que tenía el general Mariano Navarrete era buscar salir del desmadre en que el país se encontraba y no la imposición de una Constitución con sello militar. De más está decir que esa Constitución estuvo vigente hasta 1973 y que no fue cambiada durante ese período, a pesar de que el Ejército estuvo bastante disminuido y con menos poder en los años que siguen.

Nada que decir y concuerdo que la Constitución del 80 es producto del gobierno militar, pero sí es propio mencionar que al día de hoy especialistas calculan que solo queda un 20% de la Constitución original y que no he sabido de esfuerzos por parte de las FF.AA. para oponerse a los cambios que se le han realizado, incluyendo los que tuvieron lugar en el plebiscito del 30 de julio de 1989, a un poco más de siete meses para que Augusto Pinochet dejara el poder.

Cuando sale de los argumentos que –como ya hemos visto– no tienen mucho sustento, hace juicios de valor respecto de las actuales Fuerzas Armadas y los suma a los anteriores, para justificar lo que llama la refundación militar, sin entrar en detalles de cómo haría tal proceso, pero en donde me preocupan, por sobre todo, tres comentarios que hace: en uno de ellos le asigna la responsabilidad al Ejército de la mal llamada “Pacificación de La Araucanía”, ya que el Ejército cumplió las ordenes del Ejecutivo y no se mandó solo en ese proceso. Dos, hace responsables a los mandos actuales de las acciones del pasado. Y tres, indica al final que, si los cambios no se logran por la vía constitucional, harán uso del poder de veto, para posteriormente llevar a cabo la refundación por la vía legislativa ordinaria.

Todo esto me suena poco democrático y, más bien, una acción que busca eliminar a los institutos armados, reemplazarlos por organizaciones que tengan una orientación política no neutra y proclive a los intereses de grupos no democráticos.

Ahora, entrando en materia, ¿qué es lo que la Constitución debe considerar cuando estamos hablando de la defensa y las Fuerzas Armadas? ¿Por qué es importante abordar este tema en la Constitución?

Dos razones fundamentales son las que hacen necesario que en la Constitución quede establecido el rol de propósito de las Fuerzas Armadas y lo que se entiende por Defensa Nacional. La primera, es que el Estado tiene la obligación de defender y proteger su a gente, su territorio, mares, espacio aéreo y submarino, los intereses nacionales. Por otro lado, el Estado tiene el monopolio de la fuerza, el que se asigna a las fuerzas de tierra, mar y aire para la defensa exterior, como también a las policías en lo que se refiere a la seguridad y orden público de la República.

Dada la importancia de lo anterior, definir su propósito, roles, quiénes la dirigen y cómo se eligen los respectivos líderes, quiénes y cómo ingresan a las instituciones, pasan a ser materias que –producto de su importancia– deben ser de rango constitucional, ya que no queremos dejar en manos de cualquiera el poder de las armas, asegurando que solo se usen para los fines y propósitos correctos, es decir, proteger y defender a Chile, los chilenos, su territorio, mares, espacios aéreos y submarinos y el interés nacional, donde sea que esté ubicado, de amenazas tradicionales y/o bien modernas, como son los ciberataques, el crimen transnacional y los impactos del cambio climático.

Todos ellos, suceden en un mundo que además está más revuelto y enredado, en donde se ha perdido la estabilidad que ofrecían los norteamericanos, lo que nos obliga a tomar en serio los roles y misiones que asignamos a las Fuerzas Armadas, la operación conjunta de estas y el eventual soporte que dan a las policías, cuando estas se ven sobrepasadas, teniendo sí el cuidado de no sobreexponerlas o quemarlas en funciones que no les correspondan.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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