Opinión
La derecha supo girar oportunamente hacia donde los vientos indicaban. Mejor una nueva Constitución redactada en un procedimiento institucional que algo mucho peor. Supo allanarse a lo inevitable al adherir parcialmente al seguro ganador, el Apruebo, y ahora apuesta a neutralizar todo intento de generar una nueva Constitución en los términos que la ciudadanía espera. La vieja y eficaz estrategia que permite que 1/3 sea mayor que 2/3. En el peor de los casos, igual.
A estas alturas, muchos de quienes suscribieron o adhirieron al acuerdo que desembocó en el plebiscito y derivados del mismo, deben estar cuestionándose y cuestionando todo el proceso. En la misma noche del 25 de octubre pasado, los más entusiastas –o ingenuos– sacaban cuentas demasiado alegres. Pero hoy, hay demasiadas señales que indican que el 80-20 se puede transformar en un 60-40, un 50-50 o quizás peor.
Y, claro, porque la derecha supo girar oportunamente hacia donde los vientos indicaban. Mejor una nueva Constitución redactada en un procedimiento institucional que algo mucho peor, casi innombrable. Cierto es que lo ideal hubiese sido nada. Es decir, no nueva Constitución, pero como ello era ya claramente irreal, entonces mejor allanarse a lo inevitable y no de cualquier forma. La estrategia: adherir, parcialmente al menos, al seguro ganador, es decir, el Apruebo. Y sabido además que la Convención era lo más probable, entonces, ir desde ya a ganar espacio en ella.
¿Cuánto espacio? El suficiente como para neutralizar todo intento de generar una nueva Constitución en los términos que la ciudadanía espera. La vieja y eficaz estrategia que permite que 1/3 sea mayor que 2/3. En el peor de los casos, igual.
[cita tipo=»destaque»]En consecuencia, si la asamblea no llega a presentar como resultado de su trabajo un proyecto de Constitución que incorpore las demandas ciudadanas en la materia, y que en lo fundamental se refieren a garantizar derechos que hoy no son tales, existe un alto riesgo de revivir episodios de convulsión social.[/cita]
Por lo anteriormente señalado es que estimo que en el futuro cercano, no solo la pandemia sanitaria y la subsecuente crisis en la producción y el empleo son las amenazas que Chile deberá enfrentar. Mayor será el desafío institucional. Porque la pandemia y sus efectos seguramente irán aminorando en el transcurso del año, producto de la inoculación masiva y de la recuperación económica, de la cual son premonitorios el incremento observado en los precios de los commodities y de los activos financieros. En plena segunda ola del COVID-19, los precios de las acciones en EE.UU. alcanzan récords históricos.
No obstante, en el ámbito del itinerario constitucional, tenemos por delante fácilmente dos años de incertidumbre, sin mencionar los efectos de los otros distintos procesos eleccionarios programados.
El primer hito que viene es la elección de los constituyentes. Quienes esperan, muy ingenuamente o por desconocimiento, que tendremos una asamblea conformada preferentemente por personas representativas de movimientos ciudadanos, organizaciones territoriales, academia, etc., se están percatando que existe un riesgo altísimo de que dicha asamblea termine siendo un reflejo más o menos idéntico a la correlación de fuerzas que existe en el Parlamento. Con un agravante no menor: desde los años 90 a la fecha, las posiciones conservadoras –afines a los “acuerdos”– se vienen fortaleciendo.
¿Cómo así? Sencillo. A las huestes conservadoras –algunas derechamente reaccionarias, que venían ya perfiladas desde el período de la dictadura– se han ido sumando, subrepticiamente, sectores que en su momento pasaron por progresistas. Y que, por supuesto, han intentado seguir posando como tales. Pero votan con la derecha o coinciden con ella.
¿Se fijó usted que aquel famoso lema de las protestas de octubre de 2019 decía: “No son 30 pesos, son 30 años”? ¿No le llama la atención que el lema no fuera: “No son 30 pesos, son 47 años”? Es decir, el común de la ciudadanía ya ni siquiera culpa de las inequidades a los 17 años de dictadura. Entiende perfectamente que hubo 30 años para cambiar drásticamente el modelo económico y social. Si ello no ocurrió es lisa y llanamente porque no hubo voluntad. Sabida es la máxima según la cual, para cambiar una política, un curso de acción o una tendencia, se requieren tres elementos: convicción, capacidad de ejecución y determinación. Ninguno estuvo presente. Más bien hubo acomodo.
Así las cosas, la asamblea podría perfectamente constituirse en otra instancia para ejecutar la “política de los acuerdos”, de los “consensos”. Ya sabemos qué resulta de ello. Sí, efectivamente: la postergación, una vez más, de los cambios estructurales que la mayoría ciudadana reclamó hace más de un año, demanda que solo ha entrado en un estado obligado de latencia por la coyuntura sanitaria. Que ello no confunda ni llame a engaño. Es más, la actual situación de emergencia no ha hecho más que acentuar las inequidades.
En consecuencia, si la asamblea no llega a presentar como resultado de su trabajo un proyecto de Constitución que incorpore las demandas ciudadanas en la materia, y que en lo fundamental se refieren a garantizar derechos que hoy no son tales, existe un alto riesgo de revivir episodios de convulsión social.
En el mejor de los escenarios, si se llega a someter a plebiscito una Constitución de esas características, las fuerzas progresistas tendrán que cambiar de bando e ir entonces a votar Rechazo.
