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El desafío de frenar la corrupción

por 16 enero, 2021

El desafío de frenar la corrupción
Entendemos que la pandemia cambió las prioridades, que se hizo urgente resolver el apoyo económico a los chilenos, a las empresas, a las pymes y, por supuesto, resolver una estrategia para frenar el virus y dar atención a los enfermos. Pero justamente ha sido esta crisis, la que ha develado como nunca antes la corrupción al “permitir” que se eliminen controles e incluso, que se haga la vista gorda frente a algunos protocolos con la excusa de la pandemia. Un ejemplo, son las irregularidades que se investigan en contratos de residencias sanitarias o de empresas que vendieron cajas de alimentos. Por esto, retomar la agenda e incluso ir más allá, es imperativo.
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Tras un año complicado en materia económica y sanitaria, se asoma un 2021 lleno de desafíos. Muchos de ellos quedaron dormidos ante la emergencia, pero justamente la crisis hace que sea urgente retomarlos.

El 13 de marzo de 2020, el Presidente, Sebastián Piñera, lanzó la Agenda Antiabusos que busca aumentar las penas para la colusión, el uso de información privilegiada, la corrupción y delitos electorales, entre otros temas. Sin embargo, ese mismo día los casos de coronavirus se dispararon y, hasta hoy, los avances de esta agenda han sido lentos.

Uno de los proyectos que ha logrado avanzar en el Congreso –y que forma parte de esta agenda– es el que busca incorporar la figura del denunciante anónimo, para abrir un canal de denuncias a través de la Contraloría. Recientemente fue aprobado en la Cámara de Diputados, pasando al Senado.

Seguimos inmersos en una crisis de confianza, donde la sociedad no cree en sus instituciones, en la justicia ni en el trato igualitario. No se pueden seguir postergando estos proyectos que apuntan a recuperar esa confianza perdida, endureciendo las penas y castigando a los corruptos, sean de donde sean. Este 2021 esperamos menos anuncios y más acciones.

Entendemos que la pandemia cambió las prioridades, que se hizo urgente resolver el apoyo económico a los chilenos, a las empresas, a las pymes y, por supuesto, resolver una estrategia para frenar el virus y dar atención a los enfermos. Pero justamente ha sido esta crisis la que ha develado como nunca antes la corrupción, al “permitir” que se eliminen controles e, incluso, que se haga la vista gorda frente a algunos protocolos con la excusa de la pandemia. Un ejemplo son las irregularidades que se investigan en contratos de residencias sanitarias o de empresas que vendieron cajas de alimentos. Por esto, retomar la agenda e incluso ir más allá, es imperativo.

Sin ir más lejos, se nos está haciendo costumbre enterarnos todos los días de un nuevo escándalo ligado a corrupción, falta de transparencia e incluso al crimen organizado. Este último, se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos, lo que llevó al Gobierno a firmar un proyecto de ley que aumenta penas y modifica el delito de asociación ilícita, reemplazándolo por dos nuevas figuras: asociación delictiva y asociación criminal.

Ofrece incentivos a la delación por parte de alguno de los miembros de la organización criminal, entre otras propuestas. Si bien el proyecto ha recibido diversas críticas, se deben lograr consensos, porque la ciudadanía se siente insegura, además de lo grave que significa para la economía que circule plata “sucia” e informal.

Por otro lado, en agosto pasado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio a conocer un informe preliminar, a través del cual advirtió ineficiencias, riesgos y un débil control en las sistema de compras públicas (mercado que mueve US$ 10 mil millones anuales), entregando recomendaciones para actualizar y aumentar ahorros en esta materia, las que fueron consideradas por el Ministerio de Hacienda, que anunció el envío de un proyecto de ley. De hecho, en octubre realizó una consulta pública sobre el anteproyecto. La microcorrupción que ocurre en esta materia, hace que sea trascendental tomar acciones.

Y como este 2021 es un año electoral y no queremos que se repitan hechos de financiamiento ilegal de la política por parte de empresas, se deben establecer políticas claras en la regulación del lobby, financiamiento de campañas y en la transparencia en el acceso a la información. De hecho, el Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una serie de propuestas en esta línea y en las que es importante dar señales claras. Pero, así como exigimos probidad, seamos conscientes también de informarnos y no votar por candidatos que se hayan visto involucrados en casos de corrupción.

Finalmente, no puedo dejar de mencionar el proyecto de ley de protección de datos personales, que lleva años en el Congreso y que hoy se encuentra con suma urgencia. La consolidación de la tecnología durante este último año, requiere más que nunca del resguardo de nuestra privacidad, porque ante la emergencia no hemos dudado en entregar nuestros datos a cambio de seguridad y salud.

Seguimos inmersos en una crisis de confianza, donde la sociedad no cree en sus instituciones, en la justicia ni en el trato igualitario. No se pueden seguir postergando estos proyectos que apuntan a recuperar esa confianza perdida, endureciendo las penas y castigando a los corruptos, sean de donde sean. Este 2021 esperamos menos anuncios y más acciones.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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