EDITORIAL
Si vamos a ceder nuestras libertades más allá de un año, el Gobierno debe ser claro, y darle al país las explicaciones que corresponden, pero también lo deben ser los parlamentarios, como contraparte revisora de la propuesta gubernamental, sin ceder a chantajes comunicacionales. Porque hasta ahora el Gobierno ha jugado al secretismo y la ambigüedad, y mezclando en su política comunicacional la pandemia sanitaria, el estallido social y la crisis en La Araucanía.
El país está por completar un año bajo Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe (EECC), lo que ha implicado una restricción permanente y persistente de libertades y derechos garantizados por la Constitución, con motivo de la pandemia sanitaria del Covid19. Existen signos visibles de cansancio de la ciudadanía.
Y el día de ayer el Gobierno ha solicitado formalmente al Congreso Nacional que apoye la renovación del EECC, hasta el 30 de Junio de 2021, para todo el territorio nacional.
Naturalmente despierta suspicacia que el Ejecutivo quiera seguir recurriendo al toque de queda, principal herramienta que otorga el EECC, en vez de usar y aprovechar el amplio instrumental y capacidades que le ofrecen el Código Sanitario y las competencias del Ministerio de Salud, para enfrentar una pandemia.
Sobre todo porque existe muy poca claridad acerca de la efectividad del toque de queda. Hay poco o nada de información y transparencia en lo que se refiere a los controles realizados por carabineros y fuerzas armadas en horarios de su vigencia; cantidad de efectivos destinados a estas tareas; número de detenidos; desempeño -administrativo y político- de los Jefes de la Defensa Nacional; impacto en las fuerzas armadas de mantenerse en la calle de forma permanente; etc.
Si vamos a ceder nuestras libertades más allá de un año, el Gobierno debe ser claro, y darle al país las explicaciones que corresponden, pero también lo deben ser los parlamentarios, como contraparte revisora de la propuesta gubernamental, sin ceder a chantajes comunicacionales.
Porque hasta ahora el Gobierno ha jugado al secretismo y la ambigüedad, y mezclado en su política comunicacional la pandemia sanitaria, el estallido social y la crisis en La Araucanía.
Todo indica que, en la actual situación, es innecesario e inconveniente tratar los temas de salud pública bajo un criterio de estados de excepción constitucional. El despliegue de control policial que requieren los cordones sanitarios es suficiente sin militares, y en estricto rigor, el toque de queda no tiene muchos efectos prácticos, salvo una gravísima conculcación a muchos de los derechos de los ciudadanos.
