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Foto: Aton.
El presidente de la comisión investigadora de la Cámara, Rodrigo González, sostuvo que «lo que no se sabe es si los fondos que tiene el Presidente contribuyeron también a hacer un salvataje a Enjoy, porque en el fideicomiso ciego están mezclados todos los fondos y eso es lo que debe investigar la Contraloría”. Mientras la senadora Ximena Rincón (DC) apuntó a la Superintendenta de Casinos, Vivien Villagrán, quien –según la parlamentaria– hizo una interpretación «muy mañosa» de la ley, preguntándose «¿a quién está defendiendo?». Por su parte, la aludida superintendenta aseguró que no recibió “ninguna presión” al respecto. La tesis del “conflicto de interés” también fue reforzada por la candidata presidencial del PS, Paula Narváez, quien sostuvo esta tarde que “es fundamental esclarecer hechos como el caso Enjoy y cualquiera que revista un posible conflicto de interés o hechos de corrupción”.
El anuncio de la Contraloría General de la República de revisar el fideicomiso ciego del Presidente Sebastián Piñera, a raíz del caso Enjoy, complica al Mandatario y La Moneda. Si bien la posición oficial de Palacio es mostrarse tranquilos y señalar que con la indagatoria del ente fiscalizador «todas las mentiras y fake news van a quedar desacreditadas», como ha sostenido el ministro vocero Jaime Bellolio, lo cierto es que la tesis del “conflicto de interés” flota en el ambiente.
Así lo sugirió la candidata presidencial del PS, Paula Narváez, quien sostuvo esta tarde que “la decisión de fiscalizar el fideicomiso ciego del Presidente Sebastián Piñera es la correcta, nuestro país necesita reconstruir confianzas en sus instituciones y, para ello, es fundamental esclarecer hechos como el caso Enjoy y cualquiera que revista un posible conflicto de interés o hechos de corrupción”.
Cabe recordar que, tras conocerse los resultados de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, centrada en la insolvencia del grupo Enjoy, la Contraloría General de la República ofició a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), así como a BTG Pactual, Moneda Asset y Altis, para recabar información sobre los fideicomisos ciegos del Presidente Sebastián Piñera que administran esas tres gestoras.
De acuerdo a la comisión investigadora de la Cámara, existiría un conflicto de interés, ya que BTG Pactual y Moneda Asset tienen inversiones en acciones y pasivos de Enjoy, cadena de casinos controlada por el fondo estadounidense Advent y la familia Martínez. La instancia parlamentaria también cuestionó el rol fiscalizador de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en decisiones relacionadas con la empresa, como el decreto 77 firmado por el Mandatario y el ministro de Hacienda, que le permitió a la cadena extender los actuales permisos de operación de cuatro casinos municipales (Viña del Mar, Puerto Varas, Coquimbo y Pucón), lo que sido calificado como un “salvataje” a la empresa.
Para el diputado y presidente de la comisión investigadora, Rodrigo González (PPD), el accionar de la Contraloría “nos parece absolutamente indispensable, necesario”, de modo de “dar fe pública de una situación que afecta al Mandatario del país, pero sobre todo dar cumplimiento a la Ley de Transparencia, que le otorga facultades a la Contraloría para revisar los conflictos de interés de altos funcionarios y explícitamente del Presidente de la República, porque dos empresas que administran el fideicomiso ciego, BTG Pactual y Moneda Asset, han tenido relación directa con Enjoy”.
“Lo que no se sabe es si los fondos que tiene el Presidente de la República administrados por estas empresas contribuyeron también a hacer un salvataje a Enjoy, porque en el fideicomiso ciego están mezclados todos los fondos y eso es lo que debe investigar la Contraloría», explicó el parlamentario.
Para el diputado del Partido por la Democracia, tanto BTG Pactual como Moneda Asset –según oficio recibido desde la Superintendencia de Pensiones– también articularon ayudas económicas a grandes grupos empresariales utilizando recursos de los fondos de pensiones, hecho que también debe ser investigado por la Contraloría.
«Las AFP legalmente no pueden utilizar los fondos de los trabajadores para entregar créditos que están en situación financiera comprometida y dificultosa, como estaban los grupos Angelini, Saieh, Falabella, Luksic, obtuvieron fondos de las AFP intermediados por BTG Pactual y Moneda Asset, y también estamos pidiendo Contraloría que investigue. Está demostrado que hay mucho olor a conflicto de interés en esta materia, y esos olores, que no son para nada agradables, tienen que ser profundamente investigados”, añadió.
González no descartó futuras acciones, como por ejemplo una acusación constitucional en caso de que la acción de Contraloría determine la existencia de un ilícito en el fideicomiso del Primer Mandatario. “Si hay conflicto de interés, hay delito, y si hay delito en que pudiera estar comprometido el Presidente de la República, eso podría dar motivo a una acusación constitucional o a otras acciones que pudieran deducirse desde el Congreso en contra de Sebastián Piñera», finalizó.
El episodio también ha significado una lluvia de críticas sobre la Superintendencia de Casinos, comandada por Vivien Villagrán, quien según la candidata presidencial de la DC Ximena Rincón «expresamente vulneró la ley» durante la tramitación legislativa de la normativa para centros de juego, preguntándose a quién se está beneficiando con esta acción.
En conversación con el programa «Café Chilote», de Radio Imagen Castro, Rincón recordó que «tuvimos sesión en la comisión de Economía del Senado el año pasado, a requerimiento de los trabajadores de Casinos, por la situación que vivían en pandemia a raíz de las decisiones de la superintendenta respecto de prorrogar o no las concesiones y desconociendo una norma expresa de la ley sobre las condiciones en las que tenían que hacerse los llamados a licitación».
Rincón reconoció que la sesión fue tensa y enfatizó que en dicha oportunidad Villagrán hizo una interpretación de la ley «muy mañosa». «Lo digo porque me tocó modificar esta legislación siendo ministra de la Segpres», agregó. La senadora democratacristiana explicó que tras quedar fuera los siete casinos municipales a los que se les vencía su periodo de vigencia, la presidenta del Senado le pidió «ver de qué manera reconocíamos a los casinos municipales su excepcionalidad».
«En virtud de aquello legislamos y la superintendenta expresamente vulneró la Ley. Y a mí me impacta porque, cuando conozco lo que pasa con este tema en particular, digo: ¿a quién está defendiendo la superintendenta? ¿Qué intereses está velando?», cuestionó.
Desde su tribuna, la superintendenta de Casinos, Vivien Villagrán, salió al paso de las críticas y justificó la prórroga que permitió extender las operaciones de los recintos de juego en el Decreto 77 y que beneficia, entre otras, a la cadena Enjoy.
En conversación con Radio ADN, la superintendenta indicó que “somos partícipes del Decreto en el término de que se presenten las razones fundadas, hay que tener los hechos a la vista para ponderar si es que los atrasos están asociados a la razón que el Decreto esgrime para poder otorgarlos, que tienen que ver justamente con la pandemia”.
Villagrán explicó que “lo que hace este Decreto Supremo 77 es que de manera excepcional, y amparado en las condiciones de la pandemia que en fase de cuarentena prohíbe la construcción de obra privada, es que a requerimiento de las sociedades operadoras entrega un plazo adicional que tiene un costo en caso de no cumplirse, el plazo máximo son 6 meses, y en caso de no cumplirse se aplica una multa respecto del 10% de las garantías de ese proyecto”.
Además, señaló que los casinos pidieron la prórroga inicialmente a la Superintendencia, pero que al no tener las facultades para revisar el tema, fue rechazada. “Como Superintendencia recibimos requerimientos para prorrogar el plazo de desarrollo de las obras no solo de Enjoy sino que de la otra sociedad operadora, que es Sun Dreams, y en todos los casos lo rechazamos porque no teníamos las facultades”, concluyó la titular del ente fiscalizador.
Consultada más tarde por Radio Duna, sobre la querella interpuesta por el abogado Luis Mariano Rendón en su contra, y que fue admitida a trámite este viernes por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de omisión de denuncia, Villagrán descartó completamente «en lo personal, haber recibido algún tipo de presión». Y enfatizó que “las superintendencias son organismos autónomos, por lo tanto, lo que ocurre al interior es responsabilidad de quien dirige en ese momento, tenemos la tranquilidad de que hemos actuado con apego a la ley”.
