Opinión
Los jueces provisionales, como es natural, siempre aspiran a quedarse en sus cargos y, en lo posible, a ser designados en propiedad, eso los pone bajo el total control de los funcionarios y políticos que deben decidir sobre la prolongación de sus puestos o sobre su designación definitiva. Cuando los gobiernos toman giros autoritarios, los jueces provisionales se transforman en la herramienta preferida para controlar a opositores o liberar a los amigos de sus responsabilidades. Pero, aun cuando ello no ocurra, los jueces provisionales están siempre enfrentando el fantasma del desempleo y, por lo tanto, son susceptibles a todo tipo de presiones o incluso a la autoinhibición, a la falta de voluntad de conflictuarse con otros, a actuar como se actúa cuando se es vulnerable y el temor nos invade.
Si le preguntamos a cualquier ciudadano chileno, seguro que estaría de acuerdo con que tener jueces independientes es un componente importante de nuestro Estado de derecho. Sin embargo, nunca nos hemos tomado esa exigencia demasiado en serio. La independencia de los jueces no aparece en la Constitución.
Hemos prolongado por décadas la vigencia de la institución de los abogados integrantes, a pesar de que sabemos que ellos no cuentan con ninguna de las condiciones que nuestra propia ley ha establecido para procurar que nuestros magistrados no sean susceptibles a presiones o represalias por sus decisiones.
Además, convivimos alegremente con un sistema de designaciones y promociones judiciales en que políticos, abogados y lobbistas tienen la oportunidad de promover o cuestionar a jueces por sus concepciones o por sus fallos. No sabemos realmente cuánto esto afecta o compromete a los designados, muchos de los cuales en el futuro postularán a otros cargos donde su comportamiento será nuevamente objeto de este escrutinio de pasillos.
Para completar este lamentable cuadro, parece estarse gestando un consenso entre sectores políticos y judiciales para avanzar en la designación de un enorme conjunto de jueces provisionales que puedan ayudar a superar el atraso generado en los dos últimos años. Es claro que la pandemia ha provocado enormes dificultades en la gestión del sistema y que se requieren medidas de emergencia para enfrentar un gran volumen de casos retrasados. Pero la designación de jueces provisionales no es una solución razonable, dado que, aunque sirva para enfrentar en parte la emergencia, comprometerá radicalmente la independencia de los jueces chilenos.
La provisionalidad de los jueces es ampliamente practicada y criticada en varios países de América Latina y es uno de los clásicos mecanismos que hacen conocida a nuestra región como una en que, si bien existe una apariencia de legalidad, en realidad suele ser vulnerada sistemáticamente.
Los jueces provisionales, como es natural, siempre aspiran a quedarse en sus cargos y, en lo posible, a ser designados en propiedad, eso los pone bajo el total control de los funcionarios y políticos que deben decidir sobre la prolongación de sus puestos o sobre su designación definitiva. Cuando los gobiernos toman giros autoritarios, los jueces provisionales se transforman en la herramienta preferida para controlar a opositores o liberar a los amigos de sus responsabilidades. Pero, aun cuando ello no ocurra, los jueces provisionales están siempre enfrentando el fantasma del desempleo y, por lo tanto, son susceptibles a todo tipo de presiones o incluso a la autoinhibición, a la falta de voluntad de conflictuarse con otros, a actuar como se actúa cuando se es vulnerable y el temor nos invade.
¿Son estos los jueces que queremos?
