Opinión
Organismos internacionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, han señalado que las autonomías de las mujeres se entrelazan formando un complejo engranaje que no puede ser interpretado ni, mucho menos, abordado aisladamente. Es por esto que es importante promover la autonomía de las mujeres no sólo en aquellos ámbitos que resultan instrumentales a un determinado sistema de producción y crecimiento económico, sino también en aquellos que involucran una mayor capacidad de autodeterminación sobre sus cuerpos, sexualidades y fertilidades.
En Chile, el ser mujer implica un mayor riesgo de sufrir discriminación, exclusión y violencia. En este contexto, la promoción de la autonomía de las mujeres se ha definido como un eje central para avanzar en igualdad de género, garantizar los derechos humanos y lograr una mayor justicia social. Es por esto que llaman la atención, y resultan preocupantes, las profundas asimetrías que existen en torno a la promoción de la autonomía de las mujeres en nuestro país. Mientras existe un conjunto de iniciativas públicas orientadas a promover y fortalecer la autonomía económica, siguen existiendo importantes restricciones institucionales para el ejercicio pleno de la autonomía sexual y reproductiva.
En los últimos años, el gobierno ha implementado un conjunto de políticas públicas orientadas a promover y fortalecer la autonomía económica de las mujeres. Programas como Más Capaz, 4 a 7, Mujer Emprende y Mujer Jefa de Hogar, se han orientado a promover la inserción laboral de las mujeres y fortalecer su capacidad de generar ingresos propios a través de capacitaciones, subsidios al empleo y ampliación en la cobertura de servicios públicos de cuidado. Sin embargo, este énfasis público en la promoción de la autonomía económica no ha tenido un correlato en la promoción de la autonomía sexual y reproductiva.
Hace 5 años, Chile tenía una de las legislaciones en torno al aborto más restrictivas en el mundo. Si bien, la aprobación en 2017 de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales constituyó un avance importante, siguen existiendo importantes limitaciones a la capacidad de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Por ejemplo, tan solo hace algunos días se rechazó en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados la idea de legislar sobre la despenalización del aborto voluntario dentro de las primeras 14 semanas de gestación.
Organismos internacionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, han señalado que las autonomías de las mujeres se entrelazan formando un complejo engranaje que no puede ser interpretado ni, mucho menos, abordado aisladamente. Es por esto que es importante promover la autonomía de las mujeres no sólo en aquellos ámbitos que resultan instrumentales a un determinado sistema de producción y crecimiento económico, sino también en aquellos que involucran una mayor capacidad de autodeterminación sobre sus cuerpos, sexualidades y fertilidades. Sólo a través de una promoción transversal de la autonomía de las mujeres podremos avanzar como país en materia de igualdad de género, derechos humanos y justicia social.
