El problema de la FNE

El problema de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) es que tiene muchos abogados y pocos economistas. Y no es que los economistas sean santos de mi devoción, al contrario, pero, si se trata de una fiscalía con apellido, entonces es relevante, especialmente en el cambio de paradigma en el cual se encuentra Chile, donde es muy probable que haya nuevos “enfoques” para abordar la competencia en los mercados.

La FNE es la agencia encargada de defender y promover la libre competencia en todos los mercados o sectores productivos de la economía. Su misión, entonces, es “defender y promover la libre competencia actuando en representación del interés público”. Para cumplir con su misión, la Ley de Defensa de la Competencia (DL 211) establece que la FNE es un servicio público descentralizado, independiente y que se encuentra sometido a la supervigilancia del presidente de la República a través del Ministerio de Economía.

En resumen, la FNE investiga todo hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos. Entre sus focos de investigación están las prácticas colusorias, los abusos de posición monopólica y las concentraciones que afecten o puedan afectar el funcionamiento eficiente de los mercados y el bienestar del consumidor.

A marzo 2021, la dotación de personal fue menos de 120 personas, de las cuales 52 son abogados y 30 son economistas (1,73 abogados por 1 economista). El presupuesto en 2020 fue recortado (-8,7%), siendo unos $570 millones promedio mensual. En 2020 se iniciaron 38 investigaciones, aumentando a 190 los casos en desarrollo. A juicio del Fiscal Nacional Económico, “190 es un número de investigaciones que de todas formas es muy elevado si se considera la gran complejidad de los casos y que nuestro equipo no ha crecido”; señala, también, que “se necesitan más recursos”.

¿Más recursos? Puede ser. De hecho, su presupuesto es menor que el del Servel, Injuv y el Consejo Nacional de Televisión, por citar algunos ejemplos bastante decidores. Saque usted sus propias conclusiones. Pero sin perjuicio de que eventualmente se requieran más recursos, primero hay que asegurarse de usar eficientemente lo que hay. De eso trata la primera parte de esta columna.

Si bien 2020, a pesar del contexto de la pandemia, fue un año récord para la FNE en términos de cantidad de requerimientos presentados al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), de recaudación de multas a beneficio fiscal (US$ 110 millones), de acuerdos extrajudiciales aprobados y de cantidad de informes presentados, se debe considerar que, dados los recursos escasos, el costo de oportunidad está presente. Y, por lo tanto, la eficiencia en el ámbito del actuar de la FNE, más allá de la cantidad de las variables antes mencionadas, tiene (o debería tener) mucho que ver con el impacto que tiene su investigación en la cuantía de la pérdida social del mercado en el cual interviene. Y ahí, por lo menos, tengo mis dudas. Cazan ratones y se les pasan elefantes.

Cómo no olvidar el denominado “cartel del fuego”, donde se “invirtió” tiempo y recursos en investigar a dos empresitas que se habrían coludido para fijar precios y condiciones de mercado en su servicio de combate de incendios forestales a grandes indefensos y malos negociadores como Conaf, Celulosa Arauco, Mininco y la Onemi. ¿Cuál es la elasticidad precio de la demanda de un insumo que es un porcentaje mínimo de los costos totales para estos grandes compradores?, ¿cuántas hectáreas no se combatieron adecuadamente producto del supuesto sobreprecio cobrado por estas dos empresitas?

No quiero que se malinterprete, toda colusión es repudiable; todo cartel tiene afectados. Mi punto es el costo de oportunidad y la pérdida social no abordada por tratar mercados que no son (tan) relevantes. Quizás también haya colusión en los carritos de maní del centro…

Es así como se extraña que la FNE, por ejemplo, no haya dado ya una luz de alarma ante la evidente venta atada que existe en los mercados automotriz y financiero. Con la escasez de autos producto de las restricciones de fletes debido a la pandemia, las automotoras comenzaron a atar el crédito a la compra del auto. Con listas de espera de clientes, se ha dado el “absurdo”, por ejemplo, de que el precio al contado es considerablemente mayor (sí, mayor, no menor) que el precio si compra con crédito; se ha dado el absurdo, también, que en algunas automotoras el precio al contado es meramente referencial y no existe en la realidad: solo se vende –obligatoriamente– con crédito. Al final, si usted quiere “aprovechar” la oferta del precio con crédito, y después lo prepaga, sumando y restando, no le va a convenir. Para qué decir que, a la hora de firmar los papeles del crédito, no se señala que los seguros no son obligatorios; para qué decir que renunciar posteriormente a dichos seguros es más burocrático que cualquier servicio público. ¿Tendrá algo que decir la FNE sobre esta venta atada? ¿Tendrá idea de la magnitud de la pérdida social involucrada?

Ya que estamos hablando de ventas atadas, la del negocio financiero atado al retail es, no solo evidente, sino además escandalosamente transversal. Pero la FNE no se pronuncia. Mi experiencia personal con la FNE fue que, ante una denuncia que hicimos de venta atada, nos atendió un joven economista que le interesaba saber si el % de las ventas con el medio de pago propio era importante o no. Echamos de menos una capacidad analítica cualitativa mayor. ¿Será mucho pedir?

Con respecto a los tiempos que abarcan los análisis y estudios de los casos, los cuales pueden llevar meses, el propio Fiscal Nacional Económico reconoce que “resulta indispensable acelerar los tiempos de nuestras investigaciones”. Sin comentarios.

Finalmente, es bueno reflexionar sobre el actuar de la FNE en la nueva etapa por la cual inevitablemente va a transitar Chile y su “modelo” de desarrollo. En los últimos 30 años ninguna autoridad relevante –tampoco el mundo académico– hizo la distinción entre el manoseado “modelo” y la versión chilena de su implementación. El resultado, como se ha explicado latamente en variadas columnas anteriores, ha sido el que tenemos hoy: después de tantos autoelogios en Icare y prensa dominical, la bomba explotó y se ha culpado al “modelo” como la madre de todas las desigualdades y abusos. Culpa que, en mi opinión, no la tiene per se, mas sí la implementación del mismo, la que dio lugar a “equilibrios” oligopólicos y generación de externalidades, conocidas en jerga popular como abusos. Para no desviarme del tema, el punto es que en el “nuevo Chile” probablemente los mercados sean analizados bajo otro prisma, y lo que antes “estaba bien” o se dejaba pasar, ya no lo va estar. Como siempre hay que pensar positivo, en una de esas, la corrección que siempre se necesitó –esto es, converger la implementación chilena del modelo hacia el modelo teórico puro– viene por el lado menos pensado. Y, aquí, deberíamos tener una FNE 2.0, con un rol clave en apoyar a un eficiente Estado fiscalizador. Pero, para eso, faltan más economistas (buenos).