Opinión
De estas propuestas, destacamos en Derechos Fundamentales la aprobación de la norma sobre derechos sexuales y reproductivos y en el caso de la comisión de Medio Ambiente, la aprobación de los derechos de la naturaleza. Con esto, se puede apreciar que la Convención Constitucional está haciendo eco de dos temáticas demandadas por la ciudadanía como el derecho al aborto y la protección de los ecosistemas. El hecho de que estos temas hayan sido, además, presentados por la misma ciudadanía a través de este mecanismo participativo hace de este proceso algo valioso en forma y contenido, presentándose como un ejemplo de democracia, deliberación y participación popular.
10El proceso constituyente es una oportunidad histórica para fortalecer la democracia y la participación de la ciudadanía. La nueva Constitución —que de materializarse será fruto de un proceso histórico inédito en nuestro país y en el mundo— se presenta no solo como la más democrática, sino también como ocasión única para garantizar derechos fundamentales antes inexistentes en nuestra Carta Magna, en pos de mejorar de forma sustantiva la vida de todas y todos los habitantes de Chile.
La implementación de un mecanismo de participación directa en la construcción de normativas, como lo fueron las “Iniciativas populares de norma” (IPN), ha sido uno de los pilares fundamentales en la democratización del proceso constituyente. La posibilidad de presentar, ya sea de manera individual o grupal, una norma de índole constitucional, se transformó en un ejercicio de participación nunca antes visto en nuestro país. Es así que desde la Fundación Rumbo Colectivo, decidimos investigar sobre cómo se desarrolló este proceso, desde su génesis hasta la llegada de cada una de estas iniciativas a la Convención Constitucional, desarrollando el Informe “Iniciativas populares de norma que ingresaron a la Convención Constitucional”.
Las iniciativas populares alcanzaron 2.495 propuestas, convocando a 980.332 personas y traduciéndose en 2.809.751 firmas de apoyo. Una vez cumplido el plazo de funcionamiento de esta herramienta el 1 de febrero del 2022, fueron 77 iniciativas las que alcanzaron el requisito establecido por la Convención de 15 mil firmas para ser discutidas por el organismo; es decir, al 3% de todas las propuestas. De ellas, 60 fueron propuestas por organizaciones y 17 por personas.
En cuanto a la participación por género*, se aprecia que, de las 1.956 iniciativas presentadas de forma individual, un 79,3% fueron registradas con autoría de género masculino, mientras que las provenientes de género femenino alcanzaron el 20.6%. De las 17 propuestas presentadas de forma individual que superaron las 15 mil firmas, 13 fueron creadas por personas de género masculino y cuatro por personas de género femenino.
La mayoría de las normas propuestas que ingresaron a la discusión de la Convención Constitucional se concentraron en Derechos Fundamentales (46) correspondiendo al 60%, seguido por temas asociados a Medio Ambiente (15), que representa el 19.5% del total.
De estas propuestas, destacamos en Derechos Fundamentales la aprobación de la norma sobre derechos sexuales y reproductivos y en el caso de la comisión de Medio Ambiente, la aprobación de los derechos de la naturaleza. Con esto, se puede apreciar que la Convención Constitucional está haciendo eco de dos temáticas demandadas por la ciudadanía como el derecho al aborto y la protección de los ecosistemas. El hecho de que estos temas hayan sido, además, presentados por la misma ciudadanía a través de este mecanismo participativo hace de este proceso algo valioso en forma y contenido, presentándose como un ejemplo de democracia, deliberación y participación popular.
Todavía quedan desafíos y perfeccionamientos al diseño, pero esta experiencia de participación en el proceso constituyente manifiesta dos aspectos que consideramos fundamentales; la posibilidad de construir un nuevo pacto social que involucra a la ciudadanía como nunca antes en la historia de nuestro país y, la manifestación de que las demandas sociales emanadas con tanta fuerza desde el 2019 sí pueden alcanzar una metabolización institucional cuando hay herramientas suficientes para fortalecer la relación entre Estado y ciudadanía. Estas innovaciones, dificultosas pero posibles, nos ayudan a avanzar hacia una cultura política donde la ciudadanía se sienta parte de las decisiones políticas.
* La base de datos de la Plataforma Digital de la Convención Constitucional no informa el dato correspondiente a la categoría de género, por lo que para tener una aproximación al análisis de la participación femenina, se tomó esta decisión categorial que sabemos, puede ser arbitraria y no facilita la visibilización de identidades no binarias.
