Opinión
La terapia electroconvulsivante es un procedimiento aceptado por la ciencia médica cuando se cumplen ciertos criterios y bajo condiciones de seguridad para las personas. Lo anterior, desde hace años está debidamente protocolizado. Lo evidente es que dicho protocolo en centenares de personas no se cumplió cabalmente y pareciera que ello, la seguridad de las personas, no es lo más importante, sino los dividendos políticos de los actores involucrados en la polémica.
Es necesario hacer una reflexión serena sobre diversos aspectos involucrados en la controversia que se ha generado por la reciente denuncia que el Ministerio de Salud efectuara a un establecimiento psiquiátrico.
Lo primero, es objetivar que la terapia electroconvulsivante es un procedimiento aceptado por la ciencia médica cuando se cumplen ciertos criterios y bajo condiciones de seguridad para las personas. Lo anterior, desde hace años está debidamente protocolizado. Lo evidente es que dicho protocolo en centenares de personas no se cumplió cabalmente y pareciera que ello, la seguridad de las personas, no es lo más importante, sino los dividendos políticos de los actores involucrados en la polémica.
La falta de recursos es una excusa insuficiente, ya que la ausencia de anestesista en un establecimiento no es obstáculo para organizar la derivación de las personas que requerían del procedimiento en cuestión a otro que si lo tuviera, u otra medida de articulación al interior de la red asistencial. Jamás la falta de recursos puede ser un pretexto para no cuidar de la seguridad de un ser humano, sino, por el contrario, acicate para ingeniar soluciones.
Lo segundo guarda relación con que nuestro país inició, a principios de los años 90 del pasado siglo, un proceso que se denominó “reforma psiquiátrica” y que tenía como eje desinstitucionalizar a los enfermos psiquiátricos para velar por sus derechos. Esta política pública potenció el desarrollo de la hospitalización en modalidad de corta estadía en hospitales generales y la reinserción de las personas en dispositivos comunitarios. Desafortunadamente, como muchas políticas públicas en nuestro país, esta ha quedado a medio camino, ha sido insuficientemente evaluada y sigue en psiquiatría aún firme el viejo paradigma asilar.
Tercero, cada vez que un directivo o una autoridad ha tocado intereses del cuerpo médico, el Colegio Médico (Colmed) —en defensa corporativa— utiliza al comité de ética como un instrumento de poder político, haciendo un daño enorme a la bioética y justificando las razones para jamás entregar la tuición ética al Colmed, justamente por el mal uso que hace de ello.
Cuarto, el Ministerio de Salud no puede seguir siendo el “jefe” de los hospitales. Urge que el gobierno de la red pública este fuera del ministerio, para que este pueda ejercer plenamente su papel indelegable de rector de todo el sistema y de pleno garante de derechos en salud a todos los ciudadanos. Hoy sigue capturado por diversos intereses, y siguen personas y comunidades sin voz que las proteja.
