PAÍS
Le llueven las críticas a los canales de la televisión abierta por nuevas situaciones que ponen en entredicho su «pluralismo» y «neutralidad», las que se suman a la emisión de fake news por parte de panelistas invitados a sus programas de conversación política. La crítica ahora apunta a una representación poco ecuánime del Apruebo en los debates, a la falta de transparencia respecto de los vínculos que algunos voceros del Rechazo tienen con grupos empresariales y, para colmo de males, la «producción» poco natural y caracterizada del público asistente, lo que, en suma, no haría más que afectar la credibilidad de espacios de discusión que debiesen orientar a la ciudadanía más indecisa. En ese sentido, singularmente preocupante se torna la decisión de los productores de no informar sobre los conflictos de intereses que pudieran afectar a algunos voceros que se presentan como ciudadanos comunes y corrientes, y además desprovistos de ideología. Desde la academia aconsejan poner coto a esta práctica acendrada en los medios de comunicación, mientras que la presidenta de Chile Transparente pide elevar los estándares al nivel que vemos en países como Estados Unidos. “Eso creo que ayuda al debate, pero además fortalece las confianzas que están tan alicaídas ahora”, señala.
Están pasando cosas raras en la televisión abierta, dicen algunos observadores inquietos por una serie de situaciones que, a su juicio, revelan el anómalo funcionamiento del sistema de medios en Chile. Y de esto ya hace tiempo, producto de una aberrante realidad como es la «brutal concentración de medios», agrega el académico Claudio Salinas, quien además coordina el magister en Comunicación Política del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (ICEI). Ni de cerca está solo en este cuestionamiento. Una integrante del directorio de TVN, Nivia Palma, levantó una densa polvareda el domingo en la noche al repudiar, en concreto, uno de los cuatro fenómenos que ponen en entredicho la imparcialidad política de medios que se presentan como pluralistas a ojos de la ciudadanía.
¿Cuáles son esos fenómenos críticos? Como bien apuntaba Nivia Palma, uno de ellos es el desbalance que exhiben los paneles de conversación, una «falta» que ella misma denunció en la última edición de Estado Nacional, del canal 24 Horas, donde cuatro exponentes del Rechazo se midieron a dos del Apruebo. A lo anterior se suman las afirmaciones poco rigurosas formuladas por panelistas e invitados en prácticamente todos los espacios de la televisión abierta (ni hablar de los matinales), muchas de las cuales terminan por flotar -cual astronauta en el espacio- a falta de un oportuno desmentido por parte de los responsables de estos programas. El tercer fenómeno es la “producción” artificiosa de un público asistente más proclive a inclinarse a una de las opciones en disputa; hecho que las redes sociales criticaron con dureza apuntando en especial a la producción de 100 Indecisos de Mega.
Como si fuera poco, huelga poner en relieve otro viejo vicio muy extendido en los medios nacionales, sostiene Salinas, cual es la falta de transparencia sobre los vínculos que algunos actores políticos -los que ejercen labores de vocería- tienen con ciertos grupos de interés, especialmente empresariales. Un hecho que es particularmente grave en Chile toda vez que, según Salinas, no se omiten aspectos menores de una biografía, ni elementos que carezcan de pertinencia en el debate. «Por el contrario: son verdaderos hechos esenciales y que bien deberían ser informados a la ciudadanía». La omisión de estas verdades biográficas consolidan la idea de que los medios establecidos forman parte de una máquina dedicada más bien a fabricar percepciones y climas de opinión que a otra cosa. Hasta ahora, estas situaciones tienden a favorecer al Rechazo, lo que podría dar cuenta de una clara intencionalidad.
“En este debate han aparecido voceros del Rechazo actuando como si fueran ciudadanos comunes y corrientes, y claro que no lo son. Es un simulacro, porque intervienen en asuntos que atañen a millones de chilenos y chilenas por fuera de los controles democráticos que pesan sobre, por ejemplo, los integrantes del Congreso, que están sujetos a una ley de lobby”, sostiene el investigador. La figura más controvertida, hoy por hoy, la encarna el exconvencional Bernardo Fontaine, uno de los rostros más visibles y activos del Rechazo en los medios, quien transita por radios, canales y diarios sin que ninguno, hasta ahora, informe que es un “hombre de empresa”, esa denominación que refiere a personas que son (o han sido) directores de grandes corporaciones, que tienen en su poder acciones en grandes compañías o están estrechamente vinculadas a ellas o, peor aún, a grupos económicos que predominan en industrias y mercados.
Su historia de defensa del interés empresarial es algo muy legítimo, se apresura en aclarar Salinas, del mismo modo que lo es su defensa del Rechazo y del sistema de capitalización individual que advierte en cada una de sus intervenciones. “Pero es bueno que la gente sepa cuál es su historia”. Es decir, tal y como se hace en la televisión estadounidense. A su juicio, el estándar ético en Chile aún es bajo en comparación con otras realidades, lo que resulta en una evaluación muy poco halagüeña de la salud democrática de nuestro país. “Es una prueba irrefutable de que nuestra democracia tiene a grupos de interés que hacen como que son grupos integrados por personas comunes y corrientes o que posan de técnicos limpios de toda ideología. Entonces disfrazan su interés de preocupación ciudadana”, agrega, lamentando que los medios no hagan su trabajo en orden a poner esos antecedentes arriba de la mesa.
Y agrega: “Esta es una expresión viva de los últimos 40 años. Estas personas piensan que tienen más derechos que los demás por ser quienes son y creen que no pueden ser interpelados. Entonces, yo diría que es una expresión de privilegio en una democracia de baja intensidad”. Lo grave es que, merced a la laxitud en los controles respecto de las credenciales de cada panelista o invitado, así como la escasa diligencia de los periodistas que se desempeñan en estos espacios, se ha generado un panorama fecundo para la proliferación de mentiras, y ello se explica porque, generalmente, las personas tienden a creer que estos programas son espacios neutros de conversación.
Por cierto: el exconvencional Ignacio Achurra, sostiene que ha tenido la oportunidad de dimensionar en terreno los estragos causados por las fake news diseminadas por estos “voceros” en cada tribuna que se les abre tan generosamente. “En los territorios hay una importante penetración de noticias falsas, que no son interpretaciones. Y los medios de comunicación tienen una responsabilidad extra en generar las condiciones, para que las personas puedan formarse una opinión fundada sobre la propuesta”, indica. En otras palabras, la agenda política del medio y la necesidad de espectáculo le ganaron al intercambio de ideas.
La periodista y exconvencional Patricia Politzer, también reconoce el estropicio que ha provocado un tratamiento informativo que no se ajusta a los estándares observados en las democracias más robustas. “Los periodistas y los medios tenemos una responsabilidad social, no somos simples micrófonos, tenemos la obligación de acercarnos lo más posible a la verdad. Si no lo hacemos no estamos cumpliendo con el mandato de nuestra profesión”, declara. A la pregunta de si cree que los medios -en especial los televisivos- han afectado el debate de cara al plebiscito, la periodista es categórica en juzgar por haber encontrado en terreno las fake news más delirantes: “Sin duda que esto afecta el debate público, sobre todo porque no permite una discusión seria y en profundidad para que la audiencia se informe de manera adecuada y saque sus propias conclusiones”.
María Jaraquemada, presidenta de Chile Transparente, comparte la preocupación, pues cualquier hecho espurio sólo puede profundizar las fisuras que se observan en nuestra convivencia cívica y horadar aún más las confianzas (ya de por sí en mínimos históricos), de tal modo que todo lo que redunde en mayores grados de transparencia será positivo para la democracia del país. Por ello, es que espera protocolos más claros y ecuánimes para la producción de este tipo de espacios, que son, sin duda, muy necesarios para orientar a la ciudadanía. “Creo que es bueno que las personas sepan cuáles son los posibles conflictos de intereses de las personas, lo mismo sería ideal con el financiamiento o control de los medios, y también es positivo que se transparente la línea editorial de los mismos, entre otras cosas”, dice Jaraquemada, respecto de un estándar que lleva décadas de vigencia en los países más desarrollados.
En suma, estos cuatro fenómenos se combinan en la oferta programática de la televisión abierta y afectan el curso del debate. Dos de ellos ya reventaron en público: la difusión de mentiras y el desbalance en la composición de los paneles de conversación. Sobre esto último, el periodista que integra la subgerencia de Comunicaciones y Asuntos Públicos de TVN, Cristian Herrera, declina entregar una respuesta institucional, ya que el tema se verá en la reunión de directorio programada para este jueves. Trascendió, demás está decir, que el clima está crispado dentro del “canal de todos”. Sobre las fake news se han visto algunas medidas más o menos efectivas, no así en cuanto a la debida transparencia sobre los vínculos de los voceros del Rechazo con grupos de interés, acción que quedaría sólo en manos de los otros invitados a debatir en el set.
Alguien que debió asumir esta suerte de “autotutela” en un programa de televisión es Sara Larraín. Memorable fue, en este sentido, la acotación que hiciera la ambientalista en un debate organizado por Tolerancia Cero en mayo de 2011 a propósito de Hidroaysén, oportunidad en la que se enfrentó en el set a Daniel Fernández, a la sazón vicepresidente ejecutivo del controvertido proyecto hidroeléctrico empujado por Enel y Colbún, del grupo Matte. En esa oportunidad, la ambientalista afirmó, apenas le fue concedida la palabra: “Aquí estamos dos personas, pero no es una representación equitativa, pues el señor Fernández está contratado por la empresa Hidroaysén para sacar adelante el proyecto a toda costa y, entiendo, que gana aproximadamente 50 millones de pesos al mes. Yo soy una ciudadana que representa el interés público (…) y a las miles de personas que están en las calles”.
La falta de transparencia en los medios le sigue penando a Larraín. “La base ética de la profesión periodística, ni falta hace que yo lo diga, es informar a sus pares dentro de la sociedad sin medias verdades y sin desinformar. Y los medios debieran respetar este rol esencial del periodismo”, señala. Lo justo, agrega, es que se transparenten los vínculos de los voceros del Rechazo en los medios toda vez que han asumido un rol político que apunta a incidir en el desarrollo de un país, una exigencia ética que, por cierto, también debiera ser extendida a otros líderes visibles de esa opción, como Cristián Warnken, vocero de Amarillos por Chile, cuyo vínculo con un gremio tan importante como la Cámara Chilena de la Construcción, tampoco sería inocuo o irrelevante en este debate, menos cuando ese gremio controla una AFP, un banco y una Isapre.
“Tengo un programa en radio Pauta, pero yo no soy un empleado de la Cámara Chilena de la Construcción. Soy independiente pues trabajo sin contratos en muchos espacios, salvo mi contrato en una universidad estatal como es la Universidad de Valparaíso”, sostiene el poeta y literato, quien reconoce haber participado en algún debate organizado por el gremio y en una charla sobre la pandemia, eventos a los que, por lo demás, es invitado permanentemente por organizaciones tan disímiles como empresas, sindicatos, etc. Warnken, cree que estos cuestionamientos tienen por objetivo deslegitimar su rol como vocero de los Amarillos, y tiene claro que arreciarán conforme se acerque el plebiscito.
“Es obvio que esto se da en esta etapa de la campaña, y yo intuyo que debe ser por mis denuncias de intervencionismo del gobierno”, agrega el comunicador, quien asegura que su independencia del gremio constructor es tal que incluso ha sido crítico, en columnas que ha publicado en El Mercurio, sobre algunos excesos urbanísticos e inmobiliarios observados en Santiago y otras ciudades. “También dijeron que Amarillos tenía una especie de multirut inscribiéndose de manera descentralizada para los gastos de campaña, pero eso se explica porque somos una agrupación presente en distintas regiones. Estamos por transparentar todo”, agrega.
Pero las críticas, en su mayoría, se dirigen al más reconocible activista por el Rechazo. “Hoy Fontaine pretende hablar desde el interés público cuando no es así. Se ha naturalizado mucho la mentira. Recuperar la confianza y la convivencia en Chile requiere mostrar quién es quién y terminar con este engaño. Lo que hacen los medios, al permitir que Fontaine hable como impostor del interés público, es engañar a la sociedad”, indica más tarde Sara Larraín.
Esta práctica, sostiene el periodista e investigador Sergio Jara, autor de “Piñera y los leones de Sanhattan” (un conocedor del mundo financiero chileno), llegará al paroxismo en la discusión por las reformas tributaria y previsional que impulsa este gobierno, donde veremos -advierte- a un nutrido contingente de economistas presentados como fuentes “técnicas” en circunstancias que una mayoría está, de una u otra manera, vinculada al poder económico. “Aquí vemos a un economista que suele ser muy consultado para estos asuntos, pero nadie dice que fue por años presidente de la Asociación de Bancos. Ese es un dato clave para entender su postura. Por cierto que no está mal que haya ocupado ese cargo, pero la ética sugiere que el medio que lo entrevista debe hacer esa aclaración”, señala.
“En Chile esto es grave, y ello también tiene que ver con la idea de consagrar el modelo económico chileno como algo normal. La construcción de la realidad parte sobre esa premisa errónea, y lo digo porque el modelo chileno es algo extremo según los economistas extranjeros que conozco”, agrega. En consecuencia, en Chile desapareció la debida distinción entre el interés público y el interés privado. “Bernardo Fontaine, sin ser elegido democráticamente para ello, levanta campañas para abortar políticas públicas como las reformas tributaria y laboral, dos reformas que son civilizatorias para Chile, creo yo. Pero lo que nunca nadie dijo fue que, al mismo tiempo, Fontaine negociaba la venta de Place Vendôme, cuyo precio iba a depender del resultado de ambas reformas. Él puede defender el interés corporativo y personal, pero lo sano es que las personas sepan cuáles son los intereses en juego y que las personas puedan sacar sus propias conclusiones”, afirma Jara.
¿Deben transparentarse vínculos e intereses de los panelistas cada vez que saltan al set de televisión? María Jaraquemada, de Chile Transparente, coincide con la necesidad de que los programas hagan una aclaración previa sobre estos antecedentes, de tal modo que “sean las personas las que juzguen si eso implica o no un conflicto de intereses”, indica. Fontaine, por su parte, tampoco ve problemas con establecerlo como una exigencia, pero pide que se le aplique a todos, al tiempo que niega que tal fenómeno lo afecte y expresa su desacuerdo con aquellos que insisten en señalarlo como epítome de la opacidad televisiva. “Nadie nunca me ha dicho esto y no veo cómo puedo ser ejemplo. No comparto la afirmación de que haya falta de transparencia respecto de los antecedentes biográficos de los invitados. La información está al alcance de cualquiera que quiera conocerla y de los medios también. Y, de hecho, los medios la exponen con más o menos detalle en los programas y artículos”, declara.
“Como economista he trabajado en diferentes empresas, como miles de chilenos durante su vida laboral, y he sido director independiente profesional. Cuando decidí ser candidato a Constituyente renuncié a todas mis actividades laborales”, sostiene en torno a sus vinculaciones corporativas.
“No estoy vinculado al grupo Matte. Fui director profesional externo de algunas de sus empresas por un tiempo mientras realizaba muchas otras actividades. No tengo ni he tenido ninguna relación con las AFP (…) Defiendo que los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales, y no dudaré en seguir haciéndolo”, declara, marcando así una clara distinción. “Es un prejuicio pensar que la historia laboral determina la forma cómo cada persona piensa. Los medios deben tener especial cuidado de caer en funas o persecuciones que llevan a caminos totalitarios y antidemocráticos”, concluye.
Se sabe la opinión crítica del Consejo Nacional de Televisión sobre estos déficits; pero, ¿tiene alguna postura la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) sobre estos cuestionamientos o tiene alguna reflexión que compartir en aras de mejorar los estándares de transparencia en los canales nucleados en la entidad? “Dado nuestro compromiso con la libertad de expresión y prensa, debemos señalar que uno de los pilares fundamentales de nuestro trabajo es la independencia de los medios en el tratamiento de sus fuentes”, destaca Camilo Undurraga, secretario ejecutivo de la entidad.
“Como Asociación Nacional de Televisión hemos estado comprometidos con un debate informado en el contexto del proceso constituyente que vive nuestro país. Es así como además de los distintos programas que cada canal ha incorporado para informar a la ciudadanía, como Asociación colaboramos en la instalación de un set de televisión en la Convención Constitucional para apoyar su trabajo con los medios”, añade, a efectos de comprobar el interés de Anatel por lograr una correcta transmisión de contenidos en el marco de autonomía que proporciona la ley.
Pero hay un cuarto fenómeno que ha contaminado la conversación y éste tiene que ver con la “selección poco natural” del público. Un ejemplo es el programa 100 Indecisos de Mega. Esta labor recaería en la empresa Cadem, la misma que está detrás de la encuesta Plaza Pública.
A través de las redes sociales, se pudo revelar el vínculo entre la producción y la empresa, uno que fue reconocido a este diario por el Subgerente de Comunicaciones de Megamedia, Carlos Videla. “Se contrata a Cadem, que todas las semanas hace encuesta Plaza Pública. Todos quienes se declaran indecisos para el plebiscito son invitados al programa. Luego se seleccionan según la región en que viven, sexo, edades y nivel socioeconómico. Esto para que la muestra sea representativa en términos de cómo están compuestos los indecisos a nivel país”, reconoce el ejecutivo.
Asimismo, desde Mega informan que “las personas que acceden ir al programa, mientras se mantengan indecisas semanas a semana, vuelven a ser invitadas. A Cadem se le pide una tasa de recambio de un 30% de las personas que asisten”. Y agrega: “Por eso, en el último capítulo hubo seis personas que volvieron a ir, ya que seguían manteniéndose como indecisos, estaban dentro de la composición de la muestra y tenían interés por participar en él. Pero todas las semanas se chequea, y nosotros hacemos el control además posteriormente de quienes están indecisos”.
Pero los críticos sostienen que todo este “galleteo” en el set ha incluido la “caracterización” de los asistentes para simular que son personas distintas, y eso es un hecho que, en sí mismo, alimenta las suspicacias. En otras palabras, este hecho haría que los asistentes sean verdaderos “extras” de una puesta en escena cuidadosamente elaborada. Asimismo, se preguntan cómo es posible que en Cadem estén tan faltos de indecisos como para arriesgar el surgimiento de sospechas que bien pueden afectar la credibilidad de un programa.
“Por eso yo llamaría a las personas a cuidar la democracia y participar de un debate profundo y honesto de ideas, hablando en referencia a hechos, y sin utilizar mañosamente al público como aparentemente ocurrió en 100 Indecisos de Mega”, concluye el exconvencional Ignacio Achurra.
Lo anterior se torna aún más imperativo, considerando que el programa 100 Indecisos se ha posicionado, sobre la base de un formato original, como el programa político más visto en la televisión chilena de los últimos meses, y ello, porque promedia más de 9 puntos de rating en sus tres primeros capítulos, cosa muy poco habitual en este tipo de espacios. “Además, se les consulta a las personas si tienen interés por hacer preguntas. Cadem nos envía el listado de las personas que quieren participar con preguntas y luego la producción periodística se contacta con ellos”, aclara Videla, quien sostiene que en este diseño no hay nada espurio tendiente a alterar la intención de voto de las personas.
Nuevamente, la clave reside en la transparencia, recuerda la presidenta de Chile Transparente, María Jaraquemada. “Eso creo que ayuda al debate, pero además fortalezca a las confianzas que están tan alicaídas ahora”, sostiene.
