Crisis habitacional: las sanitarias en el ojo del huracán

La crisis habitacional en Chile es un problema serio, crónico y urgente de contener. La alta inequidad económica, aunada a la desigualdad entre los territorios y la legislación existente, dificulta el acceso y aplicación de las acciones necesarias para lograr concretar proyectos habitacionales. Es un cáncer que atrapa el desarrollo y bienestar de la población.

No obstante haber suficientes suelos adecuados para la construcción, solo el 37% de estos se encuentran factibilizados por concesiones sanitarias, lo que implica la imposibilidad de construir viviendas. Asociado a ello, la Ley General de Servicios Sanitarios y sus reglamentos dan potestad a los concesionarios para determinar la envergadura y alcances de sus planes de expansión, supeditando de esta forma el crecimiento armónico de las ciudades.

Como ejemplo, está a la vista el caso de la comuna de Tiltil, la cual cuenta con grandes áreas de expansión urbana y un déficit habitacional cercano al 20% del total, considerando su población y la construcción informal. Además, padece de un importante hacinamiento provocado por el crecimiento vegetativo de su población, el cual se desarrolla acorde al aumento de población del país.

No obstante, los planes de expansión de la empresa concesionaria actual, solo consideran un crecimiento mínimo, argumentando la falta del recurso hídrico en la cuenca y los costos que implica la producción de más agua para poder incorporar nuevos clientes. Sin embargo, estos argumentos se vienen repitiendo desde hace más de 30 años, lo que ha minado fuertemente diversos intentos de desarrollos habitacionales, tanto de privados como de viviendas sociales. Si bien la crisis hídrica ha sido una realidad, en estos últimos años la cuenca ha logrado recobrar paulatinamente su capacidad y, así, las grandes mineras que operan en el territorio siguen sus planes de expansión.

Cabe recordar que el derecho al agua está establecido en los ejes estratégicos de Naciones Unidas y que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado entre 50 y 100 litros de agua por persona diaria, lo que en muchas áreas, incluso en países como el nuestro, no es posible de cumplir.

Por lo anterior, han sido innumerables los esfuerzos para revertir esta situación tanto desde las autoridades locales como de particulares que buscan, en buena hora, ayudar a mitigar y revertir la dura crisis hídrica y por la habitación en la comuna.

Así, en los últimos 10 años (los de mayor emergencia hídrica en la cuenca de Tiltil) el municipio se vio en la obligación de destinar aproximadamente un 40% de su presupuesto anual para el abastecimiento de agua potable en los sectores que estaban fuera del área de concesión de Aguas Andinas, movilizando de esa manera aproximadamente 300.000 litros diarios mediante camiones aljibes a distintas zonas, cuya única manera de abastecerse ha sido mediante este sistema mecánico. El gasto de combustible, el desgaste de los vehículos, el peligro para los choferes, y lo frágil de un sistema supeditado a las condiciones de los caminos, provoca que la crisis no sea solo sobre asuntos económicos, sino que de sobrevivencia de amplios sectores de la población.

Como este, hay ejemplos en todo el territorio: podemos observar las mismas problemáticas en todos los bordes urbanos, los que, por sus condiciones, tampoco son susceptibles de ser abordados por los Comités de Agua Potable (APR). Así, todas estas comunidades quedan en una especie de tierra de nadie.

El estancamiento económico, la frustración, la degradación de la calidad de vida y el incremento de la inequidad territorial conlleva al surgimiento de campamentos y tomas en áreas de alto riesgo, poniendo en mayor peligro a la población y sobrepasando cualquier intento de contención por parte de la autoridad administrativa. La ciudad no crece y se genera una presión social crónica.

El tiempo se agota. Es imperioso ajustar la potestad que tienen las sanitarias sobre las necesidades urbanas y de vivienda. No se trata de cargar la mano a estas empresas, pero sí de generar un equilibrio armónico tanto en planificación como en la inyección de recursos para que prosperen las muy necesarias ampliaciones de áreas de concesión, y su consecuencial factibilización de nuevos territorios para un verdadero desarrollo económico y social de las ciudades.

Las actuales reformas que propone el Ministerio de Vivienda y Urbanismo van en esa línea, en la cual, junto a agilizar la permisología, se consideran acciones que apuntan en una buena dirección, siempre y cuando  estos esfuerzos vayan de la mano de un sentido social, democrático y sustentable, buscando la armonía y el bienestar de la población.