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Fisco tendrá que indemnizar con 300 millones de pesos a familiares de víctima del tsunami del 27 de febrero del 2010 PAÍS

Fisco tendrá que indemnizar con 300 millones de pesos a familiares de víctima del tsunami del 27 de febrero del 2010

En la demanda que presentaron los padres y hermanos de María Angélica Pérez Germain, desaparecida y declarada presuntamente muerta tras el tsunami, se relatan los hechos: María Angélica se encontraba de vacaciones en la Isla Robinson Crusoe, junto a su pareja, hospedándose en una cabaña ubicada en sector El Palillo, a 35 metros del borde costero.


El fisco deberá pagar $300 millones a los familiares de una de las víctimas del tsunami que ocurrió en las costas de Juan Fernández luego del terremoto de 8,8 que azotó el país el 27 de febrero del 2010.

Según el fallo de la Corte Suprema, se rechazó, sin costas, el recurso de casación interpuesto por el Estado contra la sentencia del 2017.

Según consigna La Tercera, en la demanda que presentaron los padres y hermanos de María Angélica Pérez Germain, desaparecida y declarada presuntamente muerta tras el tsunami, se relatan los hechos: María Angélica se encontraba de vacaciones en la isla Robinson Crusoe junto a su pareja y se hospedaba en una cabaña ubicada en el sector El Palillo, a 35 metros del borde costero.

Luego, a las 04:30 horas del 27 de febrero, sin haber sentido el sismo, “la cama comenzó a moverse, puso los pies en la tierra y sintió agua hasta los tobillos, procediendo a despertar a María Angélica. Luego, el agua ingresó masivamente a la cabaña y la arrastró. Él logró flotar aún dentro de la estructura, encontrando un recoveco para salir y subir al techo. Luego, la cabaña se hundió y él fue impactado por una nueva ola que lo arrojó a la costa, sin saber qué ocurrió con su pareja”.

Se argumenta, además, que no se recibió alerta desde el continente, “siendo ella especialmente relevante, pues en aquella parte del territorio insular el terremoto fue percibido solo por algunos habitantes como un leve movimiento”.

Con ello, acusan negligencias del Shoa, porque “desatendió sus obligaciones esenciales y no cumplió con el funcionamiento esperado” y de la Onemi, debido a que “no actuó y, cuando lo hizo, fue en forma defectuosa o tardía”.

Según el fallo, el fisco deberá pagar $100 millones a cada padre y $50 millones a los hermanos.

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