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Andrés Mahnke realizó un balance de su gestión 2018 en una actividad realizada en el Paseo Bulnes, en el marco de la Cuarta Feria de Derechos Ciudadanos organizada por la Defensoría Penal Pública y que reunió a 14 instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales (ONG) [ACTUALIZADA]
El Defensor Nacional, Andrés Mahnke, cuestionó públicamente la iniciativa que busca ampliar las facultades de Carabineros para que puedan hacer controles preventivos de identidad a menores desde 14 años.
La crítica la realizó esta mañana, cuando realizó un balance de su gestión 2018 en una actividad realizada en el Paseo Bulnes, en el marco de la Cuarta Feria de Derechos Ciudadanos organizada por la Defensoría Penal Pública y que reunió a 14 instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales (ONG).
En la instancia, Mahnke indicó que, en el año pasado, la Defensoría atendió a 19 mil 330 menores de edad, de los cuales el 83,3% recibieron la atención de un defensor penal juvenil especializado.
Mahnke destacó que, de acuerdo con las estadísticas entregadas por el Ministerio Público, del total de jóvenes que ingresaron en 2018 al sistema penal, un 17% concentró más de la mitad del total de los delitos cometidos en ese período por este grupo etáreo.
“Como se observa, el grupo de mayor trayectoria delictual ya está identificado, es reducido, concentra múltiples ingresos al sistema y, dado su grado de compromiso criminógeno, la eficacia para la prevención y persecución penal de su actuación requiere de procedimientos policiales de investigación focalizados y específicos”, precisó.
En este sentido, se mostró contrario a los controles preventivos de identidad que desde 2016 se realizan a adultos, iniciativa que podría ampliarse a menores de edad de aprobarse un proyecto de ley que hoy se debate en el Congreso: «No se trata de negar que la delincuencia adulta o juvenil existan, minimizar sus dañinos efectos o sostener una mirada ingenua sobre las formas de resolverlo. Hablamos de mirar la evidencia y actuar en consecuencia, apartarnos de una percepción general evidentemente errada y trabajar más bien en orientarla de modo informado”.
Agregó que en este debate de fondo, “más que restringir o afectar los derechos colectivos de millones de jóvenes, lo que se requiere con urgencia es focalizar los recursos del Estado precisamente en ese grupo de 4 mil 807 infractores de ley, sus entornos y abordar efectivamente las conocidas causas de su intensa participación delictual”.
Mahnke también habló sobre imputados indígenas y migrantes. La autoridad destacó que durante 2018 la Defensoría atendió a 8.948 personas pertenecientes a etnias originarias, lo que representó el 2,8% del total de ingresos de la institución, y que la cobertura especializada a este grupo alcanzó el 83%. Con respecto de los migrantes, los imputados atendidos por la institución durante el año pasado sumaron 9.445 personas, que representaron el 3% del total de ingresos.
