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De acusador a imputado: suspendido fiscal Emiliano Arias será formalizado el próximo 6 de septiembre

por 13 agosto, 2019

De acusador a imputado: suspendido fiscal Emiliano Arias será formalizado el próximo 6 de septiembre
Por primera vez en la historia del Ministerio Público se formalizará a un fiscal regional, en un nuevo capítulo de la polémica que ha sacudido a esta institución.
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El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, ingresó formalmente en el Juzgado de Garantía de Rancagua una petición para formalizar al suspendido fiscal regional de O’Higgins Emiliano Arias, diligencia que se concretará el próximo 6 de septiembre a las 9 horas.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, la formalización será por los delitos de violación de secreto e informáticos que Arias habría cometido en su calidad de fiscal regional de O’Higgins, en hechos ocurridos durante los años 2018 y 2019.

Así, por primera vez en la historia, un fiscal regional será formalizado, lo que significa todo un golpe para una institución como el Ministerio Público.

La formalización representa un nuevo capítulo de la pugna desatada entre Emiliano Arias y su subalterno, el fiscal de alta complejidad Sergio Moya, quien destapó este escándalo.

La acusación de Moya apunta al fiscal Arias por varios casos, como “obstrucción a la justicia” en el caso que se investiga contra Emilio Elgueta, ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, además de tratar de influir para terminar rápidamente la investigación contra Herman Chadwick Larraín, sobrino de Piñera imputado en el caso Caval, y haber ocultado información en el caso por malversación que involucra al alcalde UDI Eduardo Soto en el Teatro Regional de Rancagua.

Pero la denuncia que significará la formalización del suspendido jefe regional del Ministerio Público es la filtración información de una causa a otras personas en Puerto Montt, según detectó una pericia de Carabineros.

De hecho, por esta arista fue que el Consejo de Defensa del Estado resolvió querellarse por los delitos de violación de secreto y por los artículos 2 y 4 de la Ley 19.223, apuntando al ingreso del persecutor al sistema informático de la Fiscalía para obtener antecedentes sobre un familiar en una causa por tráfico de drogas.

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