Aprovechando la metodología, cantidad de beneficiarios y solo diferenciando el monto – que en este caso sería de 100 mil pesos – de lo entregado por el bono marzo, la diputada Alejandra Sepúlveda pidió al gobierno «voluntad política para ir en ayuda directa de las familias que ven mermados sus ingresos debido a la pandemia».
Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, presentarán este lunes un proyecto de resolución para solicitar al Presidente de la República que inicie la tramitación legislativa de un proyecto de ley, con discusión inmediata, para otorgar un nuevo aporte familiar, emulando el denominado Bono Marzo, con los mismos destinatarios, pero por un monto superior, equivalente a 100 mil pesos.
Según explican en el documento, “lo anterior tiene por finalidad aliviar los efectos que está produciendo el COVID-19 en la microeconomía de los hogares chilenos, inyectando la liquidez necesaria a las familias para abastecerse de bienes suficientes, y enfrentar de mejor manera esta crisis sanitaria”.
Al respecto, la jefa de la Bancada Regionalista y autora del proyecto, diputada Alejandra Sepúlveda, señaló que si bien “las medidas económicas que ha planteado el Presidente de la República con su ministro de Hacienda, son importantes, creemos sin embargo que aún son insuficientes. Es por eso que estamos planteando la posibilidad de un bono que vaya directo a la familia, homologando lo que pasa con el bono marzo, para la misma cantidad de personas y con la misma modalidad. Eso ya está diseñado, sabemos a qué familias hay que entregar, y además permitiría hacerlo con la velocidad que se necesite para poder inyectar recursos frescos a la familia en este minuto que se necesita en forma urgente”.
En este sentido, la parlamentaria explicó que “el plan del gobierno contempla un Bono de Apoyo a los Ingresos Laborales, equivalente al bono Subsidio familiar, que beneficiaría a 2 millones de personas sin trabajo formal, con un costo proyectado de US$ 130 millones, medida que si bien valoramos, se queda corta, por lo que, insistimos, se vuelve imperioso contar con un mayor esfuerzo fiscal para aliviar el gasto de las familias chilenas, especialmente, de quienes viven con mayores niveles de vulnerabilidad social”.
“El Estado no sólo debe ir en ayuda de quienes no tengan trabajo formal, sino también de aquellos que teniendo un contrato de trabajo, tengan un impacto en sus ingresos derivado de la menor producción que causa el COVID-19. Por eso que le hacemos un llamado al gobierno a que pueda realizar este proyecto, que lo podemos tramitar en discusión inmediata, pues solo necesitamos la voluntad política para que esto ocurra, y nadie podría restarse a entregarle un beneficio a tantas familias que han visto mermados sus ingresos debido al Coronavirus”.
Finalmente, Sepúlveda explicó que “si además, consideramos que una de las consecuencias a corto plazo que tendrá esta crisis en el bolsillo de los chilenos es la menor cantidad de circulante con el que contarán para afrontar los distintos gastos para abastecerse, y cumplir con éxito las medidas de la autoridad política y sanitaria, sería incluso una medida de salvaguarda de la salud de dichas familias”, concluyó.