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Crédito: Agencia UNO
Al respecto, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Jorge Brito (RD), criticó que «no vi ningún experto en la comisión de Defensa que no haya levantado sus reparos. La misiva está firmada por más de 90 personas, entre las que destacan diputados, senadores, presidentes de partidos, gremios y organizaciones de la sociedad civil.
Un grupo de más de 90 personas enviaron una carta a la Cámara de Diputados solicitando que se rechacen los proyectos de ley de Inteligencia e infraestructura crítica, pues consideran que de aprobarse, se vulnerarían los derechos humanos y se sumaría a una agenda de «militarización» de la seguridad pública.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Jorge Brito (RD), criticó que «no vi ningún experto en la comisión de Defensa que no haya levantado sus reparos. En consecuencia, nosotros compartimos las preocupaciones de las organizaciones sociales al respecto porque nos inquieta que el presidente en su esfuerzo por militarizar Chile nos lleve a enfrentar a compatriotas de uniforme con compatriotas de civil porque no ha querido atender las demandas sociales».
En tanto, el presidente de la ONG Leasur, Pablo Pinochet marcó el énfasis en la poca preparación de las policías en materia de derechos humanos. «En Chile la tónica o práctica habitual que ha tenido la masa política ha sido el endurecimiento de penas, la criminalización de conductas, el otorgamiento de mayores facultades sin control judicial previo de instituciones policiales y la entrega de facultades que detentan las denominadas ‘fuerzas de orden’, a instituciones militarizadas, cuya capacitación y formación no están enfocadas a las relaciones con ciudadanos y ciudadanas; todo ello bajo el argumento de disminuir la delincuencia».
Por otra parte, la presidenta de Corporación Humanas, Lorena Fries sostuvo que «en este contexto el Gobierno ponga urgencia al proyecto que reforma el Sistema Nacional de Inteligencia es no comprender donde están las prioridades».
Por último, Renata Villamán, de la Comisión de Defensa y Seguridad de Convergencia Social, consideró que «la suma urgencia al proyecto de Ley de Inteligencia nos puso en alerta como parte de la sociedad civil organizada, puesto que nos expone a la vulneración de derechos y a la militarización de la vida social. En el contexto que estamos viviendo, devela el espíritu autoritario y las reales prioridades de este Gobierno».
La misiva, a la que tuvo acceso Biobío, está firmada por más de 90 personas, entre las que destacan diputados, senadores, presidentes de partidos, gremios y organizaciones de la sociedad civil.
