Gobierno acusa golpe y se abre a bajar la urgencia de reformas constitucionales en Seguridad

En medio del debate por la reforma constitucional de seguridad, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, se abrió a rebajar la urgencia de la iniciativa, aunque descartó retirarla, pese a los reparos que ha enfrentado en el Senado.

En conversación con TVN, el secretario de Estado sostuvo que el Ejecutivo está dispuesto a flexibilizar los tiempos de tramitación. “Nosotros estamos abiertos a que el proceso legislativo sea lo más informado y también lo más participativo posible”, afirmó. Como la suma urgencia vence durante los primeros días de septiembre, adelantó que “vamos a tener que renovar la urgencia” y precisó que La Moneda podría mantener la calificación actual, de 15 días, o bien aplicar una urgencia simple, de 30 días.

“Concretamente, y lo ha señalado con toda claridad el ministro Martín Arrau y también, por supuesto, el ministro [Claudio] Alvarado, estamos en plena disposición de tener un proceso legislativo que permita una discusión amplia y construir los acuerdos necesarios para que la reforma avance”, señaló. Agregó que este es el momento para que los parlamentarios formulen sus observaciones, indicaciones y críticas al proyecto.

Pese al tono conciliador, García Ruminot lamentó la recepción que ha tenido la iniciativa entre los senadores y aseguró que la propuesta del Gobierno no se aleja del debate que ya existía al interior del propio Congreso. “Debimos haber tenido una mejor recepción (…) Hay tres proyectos de reforma constitucional presentados por distintos parlamentarios, algunos de ellos transversales, para crear estados de excepción constitucional distintos a los que ya existen. Entonces, ¿era esta una idea tan nueva? ¿Era esta una idea tan distinta? ¿No se hace eco de inquietudes parlamentarias?”, cuestionó.

En cuanto al diseño de la propuesta, recordó que contempla un estado de excepción de 120 días, prorrogable por una vez por un periodo equivalente, y aseguró que desde el inicio el Ejecutivo dejó ese punto abierto a la discusión legislativa. “Nos pareció prudente dejar lo de los 120 días, más 120 días, a la discusión parlamentaria”, dijo. Añadió que “desde el día uno dijimos que eso quedaba a la discusión parlamentaria y, por lo tanto, nosotros estamos disponibles a que, si hay consenso entre los parlamentarios, se puedan disminuir los días”.

Consultado por las críticas provenientes de la oposición y de parte del mundo académico, que han calificado el proyecto como de carácter iliberal, el ministro sostuvo: “Para nosotros es muy, muy importante que nuestra Constitución Política haga un equilibrio entre garantizar todos los derechos ciudadanos. Para eso existe la Constitución, para poner límites al Estado, pero también para garantizar que los ciudadanos puedan hacer uso de su libertad, puedan hacer uso o, mejor dicho, puedan realizar sus actividades con normalidad”.