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Crédito: Agencia UNO
La declaración está firmada por los presidentes del PPD, Heraldo Muñoz; PS, Álvaro Elizalde; Partido Radical, Carlos Maldonado; Democracia Cristiana, Fuad Chahín; Revolución Democrática, Catalina Pérez, y el Partido Liberal, Felipe Ramos [ACTUALIZADA]
Presidentes de partidos de oposición firmaron una carta en la que calificaron como un «rotundo fracaso» las medidas tomadas por el Gobierno en el marco de la pandemia del coronavirus, e hicieron una serie de propuestas económicas para asegurar que el confinamiento «sea posible».
«Los datos de la evolución de la pandemia muestran el rotundo fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno. Las propuestas económicas y sociales no pueden ignorar esta dramática urgencia. Llamamos a actuar inmediatamente para asegurar que el confinamiento sea posible; para lo que es fundamental que las necesidades básicas de la familia estén cubiertas», señalaron en la declaración.
«De mantenerse la situación actual, las cuarentenas que hoy nos rigen no serán efectivas y no se podrá controlar la pandemia». En ese sentido, hicieron un llamado a legislar respecto al Ingreso Básico de Emergencia «y concordar un marco fiscal y de reactivación que pueda ser profundizado en las semanas venideras, por lo cual planteamos nuestras propuestas».
Asimismo, respecto a la propuesta de «acuerdo nacional» que negocia el Gobierno con las comisiones de Hacienda del Congreso, desde la oposición son enfáticos en señalar que “la propuesta de marco fiscal realizada por el Ministro Ignacio Briones es insuficiente”, aludiendo a los US$10 mil millones puestos sobre la mesa inicialmente por el Gobierno.
Al contrario, aseguran que “nos parece imprescindible destinar al menos US$12 mil millones para enfrentar la emergencia Covid”, en línea con la propuesta presentada por un grupo transversal de economistas en la mesa de negociaciones. Pero advierten además que esos fondos no deben provenir de meras subejecuciones del presupuesto regular, sino financiarlo con recursos frescos.
En lo que respecto al Ingreso Básico de Emergencia, los firmantes proponen que «personas a quienes les corresponda recibir beneficios, producto de un cambio en su realidad, deberán tener un mecanismo expedito para actualizar su información y solicitar los aportes, los que deberían ser otorgados tan pronto esto fuera reportado, si bien habrá de comprobarse la validez de ésta con posterioridad a la entrega de la renta de emergencia. En todo caso, la actualización de la realidad de ingresos sólo será para acoger aquellos hogares que hubieran visto caer sus ingresos».
También proponen un sistema de automatización. «Los hogares no requerirán postular a la renta básica de emergencia. Esto significa que el beneficio se entregará a todos los hogares que cumplen los requisitos de estar en el 80% de ISE y con ingresos inferiores a la línea de pobreza».
«El ingreso de emergencia será recibido por todas las familias que califiquen durante los meses de junio, julio y agosto. Posteriormente y según la realidad sanitaria lo indique, se verá la necesidad de prorrogar su vigencia o iniciar gradualmente la disminución de su entrega para transitar hacia la reinserción laboral», agregan.
Además, señalan que «el ingreso de emergencia se depositará en la cuenta RUT de algún miembro (beneficiario) de la familia que corresponda, preferentemente por la mujer del hogar. Para quienes no tengan cuenta RUT se debe normar la posibilidad de que el Banco Estado abra automáticamente cuentas a quienes acceden a este beneficio. Complementariamente a esta alternativa, puede además implementarse la entrega directa del ingreso mensual de emergencia a dichos hogares por parte del IPS».
En lo que respecta a la reactivación económica y la generación de empleo, proponen un apoyo a liquidez de las grandes empresas, el que debe ser «caso a caso, asegurando criterios de transparencia, probidad y estricta condicionalidad en retención de utilidades, inversiones fuera del giro, pago de remuneraciones a altos ejecutivos, ausencia de vínculos con paraísos fiscales y compromiso con normativa laboral y ambiental. Las empresas deberán ceder, temporalmente, acciones y proveer al estado de adecuados colaterales a fin de cautelar el patrimonio público».
También proponen un apoyo temporal a la contratación de mujeres y jóvenes del 60% más vulnerable.
En cuanto a las pyme, los presidentes de partido propusieron la constitución de un «comité público de Apoyo y Reactivación de las Pymes donde concurran Bancoestado, Corfo, Sercotec, Fosis, Inap, Enami, en estricta coordinación con Seremis respectivos, de modo de asegurar la dimensión territorial del despliegue productivo, en función del potencial productivo y de las realidades sanitarias».
«Mesa Público-Privada de Apoyo y Reactivación de las Pymes donde el citado Comité interactúe con las organizaciones de las Pymes. Objetivo: rescatar el mayor número posible de Pymes viables. A ese efecto, dicha mesa deberá tener pleno y oportuno acceso al monto y distribución de las garantía estatales que se hayan concedido y a los criterios detallados de acogida y rechazo; asimismo podrá sugerir modificaciones a efectos de hacer más pertinentes dichos criterios».
La declaración está firmada por los presidentes del PPD, Heraldo Muñoz; PS, Álvaro Elizalde; Partido Radical, Carlos Maldonado; Democracia Cristiana, Fuad Chahín; Revolución Democrática, Catalina Pérez, y el Partido Liberal, Felipe Ramos.
