Seguridad para todos: el Estado o la segregación

“Porque te protejo, te obligo”. Eso es antes de educar, redistribuir o promover ideales, pues debe resguardar la existencia común. Sin protección, la ley pierde autoridad y la libertad queda entregada al más fuerte. El Estado no se legitima porque dicta normas: obliga legítimamente porque protege.

La seguridad no es una política entre otras, sino condición de las demás. Sin calles transitables, fronteras controladas, barrios sustraídos al crimen y ciudadanos capaces de vivir sin miedo, la libertad se vuelve declamación y el derecho, papel. Donde el Estado retrocede aparece otro poder, clandestino y brutal.

La inseguridad es primero un mal en sí. Mata, hiere, amedrenta, encierra y somete. No necesita traducirse al lenguaje de la desigualdad para ser intolerable. Pero, además, cuando la protección pública falla, el costo no se reparte por igual. La violencia cae con mayor peso sobre quienes menos medios tienen para evitarla.

Parte de la izquierda desatendió demasiado tiempo esta verdad. Los otrora jóvenes del Frente Amplio, educados en universidades de élite bajo profetas de cátedra, aprendieron a concebir la política como marcha hacia la emancipación por vía deliberativa. Desde esas alturas, el pueblo efectivamente existente —con sus temores y resistencias al ideal racionalista— parecía material imperfecto.

Mientras los frenteamplistas discutían al ser humano abstracto, el ser humano concreto empezaba a cerrar temprano su negocio y a mirar dos veces antes de salir de noche. Se perdió el control migratorio, se expandió el crimen organizado y aumentaron los asesinatos. El vacío estatal lo ocuparon poderes criminales.

Sudáfrica revela el término de esa pendiente. Cuando la fuerza pública ya no basta, la seguridad se privatiza. Quien tiene recursos compra guardias, alarmas, muros y barrios vigilados; quien no, queda expuesto. La inseguridad no nace de la desigualdad, aunque luego la multiplica. Un bien común se vuelve mercancía: unos viven tras cercos; otros, ante la violencia. En Chile ocurre ya, en menor escala: los acomodados completan en el mercado la protección estatal; los demás cargan con su retirada.

El Gobierno ha retomado la agenda de seguridad. Enhorabuena. Pero reconocer la urgencia no equivale a tener estrategia. Se enreda en una reforma constitucional de utilidad operativa incierta y anuncia iniciativas antes de mostrar el mapa general. Una estrategia articula fines, medios, responsables, capacidades y reglas.

Mejorar las condiciones de Carabineros es indispensable, pero insuficiente. Inteligencia, coordinación e intervención policial están sobrepasadas. Falta decidir lo clave: ¿se profundizará su carácter militar de Carabineros para disponer de unidades de combate, o se prepararán en las Fuerzas Armadas cuerpos para funciones de policía militar?

Ambos caminos tienen ventajas y riesgos, pero hay que escoger. Lo peor es administrar una zona gris: pocos carabineros y Fuerzas Armadas reticentes a intervenir bajo reglas inciertas y sin preparación específica. Sin correspondencia entre misión, órgano, capacidades y responsabilidad, no hay estrategia.

Es esperable que las izquierdas hayan aprendido de una crisis que sus sectores doctrinarios ayudaron a incubar. La gravedad del momento exige abandonar la suficiencia del pequeño mundo y disponerse a grandes acuerdos. La seguridad, porque antecede a muchas diferencias políticas, ofrece terreno para ellos.

La primera tarea del Gobierno es construir esos entendimientos: propiciarlos. En seguridad, la política debe ordenar la técnica desde el comienzo. Arrau no debe modelarse según el estilo de Quiroz. La técnica dispone instrumentos; la política fija prioridades, responsabilidades y, especialmente: reúne la fuerza institucional necesaria.

Tras lustros de desencuentro, la seguridad es una urgencia y una oportunidad para recomponer institucionalidad y legitimidad nacionales. La autoridad no se recupera proclamándola, sino cuando los ciudadanos vuelven a sentirse protegidos. Un Estado que entrega la seguridad al ingreso de cada cual no sólo reproduce desigualdad: abdica de su verdad más elemental.