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«No quiero que quede la sensación de estoy haciendo defensa corporativa, porque no es así, porque seguro que debe haber funcionarios que obtuvieron mal el bono y no entregaron los antecedentes que correspondían, pero eso hay que determinarlo caso a caso”, señaló el contralor Jorge Bermúdez.
El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, se refirió a las irregularidades que se registraron en la obtención del Bono Clase Media, el que fue adjudicado a 437.703 trabajadores de forma errónea. De esos, 37.100 eran empleados públicos que no habían cumplido los requisitos de acceso al beneficio.
Al respecto, dijo, durante su participación en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que se trató de problemas “en el diseño de esta política pública”.
En la instancia, también se refirió a las auditorias que lleva el Servicio de Impuestos Internos (SII) por posible fraude al Fisco. En ese contexto, afirmó que “uno podría decir que sí”, pero aseveró que “hay que ver cada caso en particular”.
«No quiero que quede la sensación de estoy haciendo defensa corporativa, porque no es así, porque seguro que debe haber funcionarios que obtuvieron mal el bono y no entregaron los antecedentes que correspondían, pero eso hay que determinarlo caso a caso”, señaló.
En la sesión, Contraloría dijo que identificó dos grandes dificultades: la interpretación, es decir, para determinar el alcance de la ley y la misma aplicación.
Sobre el primer punto, dijo que la ley establece dos tipos de financiamiento con aporte fiscal, con efectos y consecuencias distintos: aporte fiscal (Artículo 4), es decir, bono; y el beneficio, es decir, préstamo (Artículo 5). Tal como establece la ley, si hay un problema con el beneficio debe verificarse en la operación renta del año 2021.
Sobre el segundo punto, afirmó que para acceder al beneficio, se exigía que el promedio de renta, sea igual o mayor a $400.000; que experimenten una disminución de al menos un 30% de su ingreso mensual. En ese sentido, la ley señala que son las “personas naturales” quienes tienen acceso a la postulación de los beneficios y bonos sin excluir a los funcionarios públicos, ya que la Ley N°21.252 señala que los beneficiarios son: trabajadores dependientes, públicos o privados; trabajadores independientes; empresarios individuales.
«La renta no es solo el sueldo, sino que tiene múltiples fuentes como trabajos a honorarios, ingresos informales, asignaciones no imponibles como las de pérdida de caja y de movilización. Existió la imposibilidad de acompañar antecedentes a la solicitud en la plataforma online», indicó.
No es sólo sueldo, sino que múltiples ingresos y empleadores. En el caso de los funcionarios públicos, el contralor explicó que, en general, los funcionarios no tienen exclusividad en la función pública, por lo que sí pueden, eventualmente, recibir ingresos de otras fuentes, añadió.
Bermúdez informó que se está realizando una auditoría en el Servicio de Impuestos Internos, y en la Tesorería General de la República, desde el 18 de agosto y el 24 de agosto, respectivamente. Además, emitió un dictamen a raíz de una presentación de los funcionarios del SII. Respecto de esto último, el contralor indicó que aún tenía que terminar el proceso de postulación que culmina el 30 de noviembre, “plazo que no necesariamente tiene que ser fatal, (…) pero mientras tanto, atendido que se encuentra en curso el referido procedimiento administrativo, particularmente que el Servicio de Impuestos Internos no ha determinado la situación concreta de cada uno de los funcionarios públicos, no resulta posible emitir un pronunciamiento, por ahora”.
