Investigación
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El Gobierno dejó de alegar en 20 audiencias de exagentes de la dictadura
Uno de los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su molestia porque el documento que se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos califica de “ultraderecha” al gobierno de José Antonio Kast.
En 20 audiencias judiciales en contra de exagentes de la dictadura, de un total de 23, el gobierno (por medio del Programa de Derechos Humanos) dejó de alegar. Así lo indicaron en Washington las organizaciones que denunciaron al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) y que fueron escuchadas ayer. Representantes del gobierno, también presentes, negaron enfáticamente las acusaciones.
En la instancia, que tuvo lugar en la sede de la CIDH, en Washington DC, expusieron distintas representantes de organizaciones de DDHH como Magdalena Garcés, Tamara Lagos, Paulina Zamorano, Paola Peebles, Erika Hennings y Nuvia Guajardo. Por parte del gobierno lo hicieron el representante de Chile ante la OEA, el exdiputado de RN José Miguel Castro, así como los abogados Felipe Kipreos y Jorge Hagedorn, por la cancillería y la Subsecretaría de DDHH, respectivamente.
La denuncia de las organizaciones de DDHH incluyó todo lo relativo a intenciones del Ministerio de Hacienda en orden a desfinanciar no solo una serie de iniciativas relativas a DDHH, sino también otras que tienen que ver con infancia, pueblos originarios y salud de la población. También fueron incluidos la denuncia los denominados “indultos pasivos”, en los cuales el Programa de DDHH ha dejado de alegar en casos en los que era querellante, lo que en la práctica ha significado dejar de perseguir a personas condenadas por violaciones a los Derechos Humanos.
Al respecto, la abogada Magdalena Garcés planteó que “el Ministerio de Justicia y DDHH ha prohibido a las y los abogados del Programa de DDHH, intervenir en los procesos en los que se revisan las penas de los condenados por graves violaciones a los derechos humanos”. Garcés explicó que en lo que va del año, 47 exagentes condenados por crímenes de lesa humanidad han presentado solicitudes relativas a “la reducción de penas, arresto domiciliario, libertades condicionales, acumulación de penas, etc”.
De esos casos, ya se han realizado 23 audiencias en distintas cortes de apelaciones (seis veces en el caso de uno de ellos, Héctor Osses Yáñez, el exoficial de Carabineros que encabezó una matanza de pobladores en La Granja) y que “el Programa de Derechos Humanos no se ha presentado a alegar o se ha desistido de los recursos interpuestos en 20 ocasiones, por instrucciones del Ministerio de Justicia. En dos de estos casos, se produjo la liberación inmediata del agente, y en un tercer caso, la reducción de la condena”, precisó.
Agregó al respecto que “en los 20 casos en los que el Programa de Derechos Humanos no intervino, los condenados nunca colaboraron con la justicia, se encontraban condenados en numerosos procesos, y todos estos casos generaron un impacto en las víctimas”.
De acuerdo con la información recopilada por las organizaciones de DDHH, además de los casos ya conocidos públicamente, como el de Osses Yáñez; está el del exagente de la DINA César Manríquez (en el cual la justicia determinó que fuera excarcelado y entregado a su esposa); el de Raúl Areyte, condenado por la masacre de campesinos en Paine; y el de la exagente del Comando Conjunto Viviana Ugarte (más conocida como “La Pochi”). El Programa de DDHH también dejó de accionar en casos de condenados como Jorge Mandiola (el jefe de la CNI en Concepción), Ricardo Yáñez Mora y Waldo Ojeda Torrent, condenados por la Caravana de la Muerte (episodio Copiapó).
Lo mismo sucedió con Walter Klug Rivera, el exoficial del Servicio de Inteligencia Militar que fue condenado por siete homicidios calificados y 23 secuestros calificados, en el marco del caso Endesa, en la Provincia de Bío Bío. Klug, que posee pasaporte alemán, fue detenido en 2019 en Parma (Italia) y extraditado a Chile, luego de estar prófugo durante cinco años.
Pese a ello, logró fugarse a través de un paso no habilitado hacia Argentina, y recién en 2021 fue detenido en Buenos Aires. El Programa de DDHH no se presentó a alegar en contra de su pretensión de unificación de penas, en la cual la decisión judicial le fue favorable.
La colonia
Otro de los temas que acaparó la atención fue el relacionado con Colonia Dignidad, en el cual expuso Paola Peebles, hija de Enrique Peebles, quien sobrevivió a torturas al interior del enclave, por lo que puedo dejar valiosos testimonios respecto de la operatoria del lugar.
A ese respecto, ella recordó a su padre y precisó que “más de 100 personas desaparecieron allí” y que “hoy, el lugar sigue siendo propiedad privada de los perpetradores y sus herederos, quienes lo explotan con fines de lucro y recreativos, mientras intervienen infraestructura con pruebas cruciales, obstaculizando la justicia y el Plan Nacional de Búsqueda”, en referencia a las diligencias que desde hace varios años realizan en el lugar la PDI y la ministra especial Paola Plaza.
Cabe indicar que fue el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien indicó que no se seguiría adelante con la expropiación, argumentando la estrechez presupuestaria.
La versión del gobierno
El primero en hablar a nombre de la administración de José Antonio Kast fue Castro, quien indicó que si bien valoran el rol histórico de las organizaciones de DDHH, “nos asiste el deber institucional de señalar que estas afirmaciones, que sustentan la solicitud de audiencia relativa a un supuesto proceso de desmantelamiento, vaciamiento y debilitamiento de la institucionalidad de Derechos Humanos en nuestro país, son absolutamente incompatibles con la realidad fáctica y el compromiso de este gobierno”.
Asimismo, aseguró que “los Derechos Humanos en Chile son una política de estado y corresponden a un deber de naturaleza irrenunciable para cualquier gobierno”.
Por su parte, Felipe Kipreos justificó los despidos en el Programa de DDHH indicando que “el nuevo gobierno ha llevado adelante cierto reordenamiento organizacional del Estado, tal como lo ha hecho cada gobierno democráticamente electo desde el retorno a la democracia hasta hoy”. Aseveró, asimismo, que “lejos de ser debilitado, este programa clave mantiene plenamente vigente su estructura, su votación profesional, sus facultades y su operatividad”, asegurando que “los antecedentes expuestos vuelven insostenibles a una acusación de desmantelamiento institucional”.
Asimismo, dijo que “tomamos nota de la premura con la cual se citó a esta convocatoria sobre la base de denuncias formuladas en una etapa muy temprana del actual gobierno, cuando aún no existían antecedentes suficientes para evaluar de manera real el funcionamiento de las instituciones y las medidas adoptadas por la nueva administración”. Kipreos agregó que “un examen objetivo de las alegaciones habría permitido advertir, mediante la simple verificación de información pública y de fácil acceso, como quizá mencionado, que ellas carecen de sustento fáctico suficiente”, manifestando además su molestia porque “la presentación que dio origen a esta audiencia incorpora calificativos de naturaleza política”, entre ellos “el epíteto del gobierno de ultraderecha, lo que estimamos impropio de un debate orientado a la protección y promoción de los derechos humanos”.
Del mismo modo, afirmó que “confiamos en que esta comisión, tras analizar la evidencia irrefutable presentada hoy y posteriormente por escrito, sabrá distinguir entre la retórica que puede ser interesada, frente a la realidad de una administración que trabaja por el derecho a la verdad, la memoria y a la justicia bajo el imperio de la ley”.
Los dos casos
Por su parte, Hagerdorn afirmó que “no existe ninguna instrucción de carácter general ordenando no comparecer” y que “el análisis es caso a caso, de carácter técnico y de conformidad a nuestras leyes y protocolo”.
Destacó que “desde el inicio del actual período de gobierno, el pasado 11 de marzo, se registran únicamente dos casos de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, en los que se ha interrumpido formalmente el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad con sentencias firmes y ejecutoriadas”, por enajenación mental, aseverando que ello desmiente la existencia de “una política estatal de indultos pasivos o impunidad generalizada”.
En cuanto a Colonia Dignidad, aseguró que “el compromiso del Estado de Chile con este sitio emblemático sigue incólume. La decisión administrativa de no perseverar en la expropiación de 116 hectáreas obedeció no solo a consideraciones de costo, sino a infundadas e insalvables representaciones de ilegalidad emitidas por el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región del Maule, durante los años 25 y 26”, sin explicitar cuáles eran dichas ilegalidades.
Pese a ello, aseguró que “el Estado continúa trabajando activamente para dar cumplimiento a este objetivo transicional, retomando las propuestas de la comisión mixta de expertos del 2022. Como reflejo de esta voluntad, el pasado 14 de julio de 2026 se celebró una comisión mixta chilena-alemana en la sede de la cancillería chilena, contando con la participación activa del Subsecretario de Derechos Humanos, la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, el Archivo Nacional y el Museo de la Memoria, en la cual los representantes de Alemania mostraron su conformidad con la hoja de ruta presentada”.
Escepticismo
Al término de la sesión, que fue dirigida por la Primera Vicepresidente de la CIDH, Andrea Pochak, Tamara Lagos dijo a El Mostrador que “el tono de respuesta del Estado fue bastante llamativo, considerando, por supuesto, que estamos en una relación jerárquica y que nosotros somos sociedad civil, desacreditando la información que ahí estábamos presentando”.
También dijo que les llamó mucho la atención “que incluso se cuestionara de alguna manera a la Comisión Interamericana, respecto de haber legitimado o validado la solicitud de audiencia. Hay hartos pasajes en la participación de los representantes del Estado en que hacen ese tipo de señalamientos, en que incluso mencionan que estos asuntos son de debate interno y a nosotros nos parece, que temas de regresividad en asuntos vinculados a derechos sociales, económicos, culturales, derechos humanos, cuestiones por las que hemos peleado como pueblos de Chile durante décadas no son cuestiones que solamente competan a nuestro país, sino que son cuestiones que nos competen a todos, como comunidad humana”.
