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Desde la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip) denunciaron que el fiscal nacional, Jorge Abbott, autorizó una comisión de servicios para que fiscales adjuntos de la Asociación Nacional de Fiscales puedan realizar trabajos gremiales ante la Convención Constitucional en jornada completa y remunerada.
La Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip) denunció, a través de un comunicado de su directorio, una «grave anomalía» al interior de Fiscalía y que tiene directa relación con la Convención Constitucional.
Desde Fenamip indicaron que en julio del 2021, el fiscal nacional Jorge Abbott autorizó mediante una resolución firmada, una comisión de servicios para que fiscales adjuntos de la Asociación Nacional de Fiscales puedan realizar trabajos gremiales ante la Convención Constitucional en jornada completa y remunerada, a fin de concurrir permanentemente al órgano constituyente y representar los intereses de la institución.
Esta situación se encontraría fuera de la legalidad, ya que por ley los fiscales del Ministerio Público no cuentan con horas gremiales y el fiscal nacional no cuenta con las atribuciones legales para que, mediante un acto administrativo, les otorgue recursos permanentes para realizar esa labor. Ello podría incurrir en un «despilfarro de recursos fiscales que son limitados al interior del servicio», señalan.
«Lo anterior nos parece un acto gravísimo, ya que sería una afectación grave a la probidad administrativa y que incluso estaríamos en presencia de un posible fraude al fisco, ya que las comisiones de servicio están reguladas por nuestros reglamentos internos e incluyen el pago total de sus remuneraciones», añaden desde la Fenamip.
«Esto sin mencionar que desconocemos si dichos Fiscales Adjuntos representan legítimamente intereses gremiales o los intereses del Fiscal Nacional ante el proceso constituyente, por lo cual nuestra Federación solicitó formalmente los antecedentes al propio Fiscal Nacional del Ministerio Público», continúan.
«Llamamos a los parlamentarios y a los 155 constituyentes, a investigar esta denuncia que enloda gravemente la imagen de nuestra institución y deja una vez más en evidencia la necesidad imperiosa de limitar la autonomía del Fiscal Nacional y del ejercicio de sus atribuciones», concluyen.
