«Eso podría ayudar a lograr apoyo para un acuerdo más amplio» a escala mundial de los países desarrollados y en desarrollo para limitar las emisiones causantes del cambio climático, aseguró el secretario general del organismo, Ángel Gurría.
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, apoyó edste lunes la iniciativa de Francia, Alemania y el Reino Unido que propone que la Unión Europea (UE) aplique un programa más ambicioso de recorte de emisiones del CO2, concretamente del 30% en el horizonte de 2020 en lugar del 20% previsto.
«Eso podría ayudar a lograr apoyo para un acuerdo más amplio» a escala mundial de los países desarrollados y en desarrollo para limitar las emisiones causantes del cambio climático, aseguró Gurría en un comunicado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Las políticas consensuadas por los Veintisiete prevén un recorte del 20% de las emisiones de CO2 para 2020, pero Francia, Alemania y el Reino Unido proponen ir más lejos en la línea con la que fue la posición europea durante la Conferencia de Copenhague sobre el cambio climático, donde se comprometió a fijarse mayores retos si los otros países grandes contaminantes también.
Gurría insistió en que un ajuste del 30% en 2020 en la UE no implicaría unos grandes costos económicos.
En concreto, un reciente informe de la OCDE ha calculado que supondría un coste de alrededor del 0,3% del Producto Interior Bruto europeo, comparado con el 0,2% que acarreará la disminución ya prevista del 20%.
Además, según la organización, ajustar todavía más el nivel de emisiones permitiría una mayor recaudación fiscal para así equilibrar algo más la deuda pública de los Estados.
De acuerdo con sus estimaciones, el objetivo de un 30% menos de CO2 significarían, con el sistema de tasas sobre el carbono o el sistema de derechos de intercambio, ingresos de alrededor del 1% del PIB para 2020 en la Unión Europea.
La OCDE indicó que ese recorte más ambicioso en Europa no debe generar temor a una pérdida de competitividad de la industria del Viejo Continente, ya que se trata de un ajuste «del mismo orden» que el que van a aplicar otros países desarrollados y en desarrollo para cumplir lo acordado en la Conferencia de Copenhague.
