El Sernac financiero y el caso de las tarjetas puso los pelos de punta entre los banqueros, mientras el superintendente del área no ha sido el “aliado” que esperaban.
El 2012 será recordado para la banca por la fuerte caída en sus utilidades. Estas han caído casi 20 % a septiembre y la Rentabilidad Sobre Patrimonio (ROE) amenaza con terminar el año por debajo de 20 %, algo inusual para la industria, que es una de las más rentables del mundo.
Pero más allá de los números, lo que más ha incomodado al sector financiero ha sido la relación tirante con el gobierno y el adverso escenario que enfrentan hacia el futuro en regulación e imagen pública.
Políticas regulatorias como el Sernac Financiero, un cuestionamiento permanente a la forma en que llevan a cabo su negocio con los clientes y las futuras normativas que seguirán presionando la mayor libertad con que operaban hasta ahora, se han transformado en un karma para el gremio que encabeza el ex presidente de LAN, Jorge Awad.
Al centro del incómodo período que enfrenta la banca está el gobierno de Sebastián Piñera y junto a él, las varias autoridades que se han mostrado desafiantes con uno de los principales sectores económicos del país.
El recién asumido intendente metropolitano, Juan Antonio Peribonio, es la cara más visible de las molestias de la banca. Empoderado por el caso La Polar, el abogado RN lideró hasta hace dos semanas el Servicio de Nacional del Consumidor, con un estilo altisonante y crítico con el sistema financiero y con los banqueros en particular.
Su labor complicó en extremo a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), cuyo titular hasta fines de 2011, Carlos Budnevich, vio cómo le era disputada, y a la postre arrebatada, la labor de defensa de los clientes bancarios. La disputa entre ambos, incluso llegó a La Moneda, con el mandatario interviniendo directamente para zanjar la pelea.
El reemplazante de Budnevich desde inicios del 2012, el ex presidente de Metro, Raphael Bergoeing, asumió sin complejos que esta labor se quedaría en forma permanente en manos del Sernac.
Aunque en la banca asumen que la realidad cambió, han visto con incomodidad que, además de la tensa relación con el Sernac, tienen al frente un superintendente que en forma pública intenta marcar distancias con su sector, las está fiscalizando con un recelo no visto en años y en ocasiones los sorprende con declaraciones no siempre amistosas.
El último impasse entre el sector y el titular de la SBIF se dio hace tres semanas en una reunión convocada por Bergoeing. A ella asistieron los gerentes generales y presidentes de cada banco, incluyendo al presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Jorge Awad.
En su presentación el superintendente hizo uso de su locuacidad para presentarles su agenda de regulación y fiscalización, y de paso, marcar los límites de su labor y dejar en claro a la industria que él seguirá fiscalizando con la misma rigurosidad.
Tajantemente, advirtió que lo relativo a la defensa de los consumidores, tras la implementación del Sernac Financiero, ha quedado en manos de la entidad que hoy encabeza en forma interina, Lucas del Villar.
“En simple, les dijo que en esa materia se la tenían que arreglar solos con el Sernac”, comenta un hombre del sector que participó de la reunión.
El punto es relevante pues la relación entre los bancos y el Sernac está definitivamente en su peor momento.
El caso de las tarjetas de crédito clonadas a mediados de año desató una fuerte arremetida de Peribonio, en ese momento jefe del Sernac. No solamente advirtió que la banca debía devolver la plata a los clientes defraudados sino que presionó para que pagaran una compensación de $ 20 mil a cada afectado.
La molestia de los bancos fue enorme, pero evitaron enfrentarse al empoderado Sernac. Los principales afectados por la clonación, BancoEstado, Santander y Banco de Chile aceptaron en agosto no sólo reintegrar los montos robados sino compensar a sus clientes.
Sin embargo, bancos de tamaño medio y pequeño, como BBVA, Itaú, Bice y Security no se comprometieron con plazos ni aceptaron someterse a auditorías para verificar el reintegro de los dineros.
En la reunión con Bergoeing, los banqueros plantearon su inquietud con este tema. Aunque varios asistentes coinciden en que fue un encuentro “de caballeros”, al menos tres fuentes coinciden en que se vivió tensión cuando cruzaron opiniones sobre el caso de las tarjetas de crédito clonadas en la regiones Novena y Metropolitana.
Rompiendo con una tradición de indefinición por parte de la SBIF, Bergoing dejó en claro que los bancos deben hacerse responsables.
El comentario incomodó a los representantes de la banca. Fuentes que participaron en la reunión aseguran que Awad y el presidente de BancoEstado, Segismundo Schulin-Zeuthen, hicieron ver su desacuerdo, sobre todo por las declaraciones que había hecho Bergoeing en una entrevista con el diario La Segunda, donde señaló que los bancos debían reponer sin titubeos las platas que sus clientes perdieran en casos como la clonación de tarjetas.
En la banca hay incomodidad con el tema por el precedente que genera. Aseguran que la presión ejercida por el Sernac en este tema incluyó presiones ilegales, lo que se demuestra con que hubo bancos que no se allanaron a hacer todo lo que el Sernac pidió.
Para los bancos, la responsabilidad de la clonación debería estar en los dueños de los cajeros automáticos donde se clonaron las tarjetas. El problema es que la propiedad de los cajeros era mayoritariamente de los bancos afectados por los fraudes, pero en forma cruzada.
La declaración y la actitud de Bergoeing en el caso de más de 2.300 clientes cuyas tarjetas fueron clonadas en el sur por más de $ 500 millones contrataba con la posición más comprensiva de su predecesor, Budnevich, que en junio de 2010 señalaba que con la creación de la clave Pinpass la responsabilidad en el uso de las tarjetas pasaba de los bancos a los clientes.
La influencia que históricamente ha tenido la banca en la SBIF también quedó en evidencia en ese entonces, cuando el propio Budnevich, a fines de 2010 modificó radicalmente una circular destinada a regular las llamadas ventas atadas, tras recibir propuestas de la ABIF, en ese momento presidida por Hernán Somerville, que mostraban gran similitud con la circular final.
Desde entonces, la SBIF decidió hacer pública la propuesta de nuevas normativas y dejarla disponible para comentarios de quien quiera hacerlo.
Un gerente general de un banco de capitales chilenos reconoce que los bancos están “en un período de transición, de acomodarse al poder que está adquiriendo el Sernac y de que se defina con claridad los ámbitos de acción de las entidades que los regulan”.
Sin embargo, el ejecutivo asegura que conceptualmente no existen grandes distancias con Bergoeing.
No todos en la industria coinciden: “muchas de las nuevas normativas van a tener un costo en nuestros balances y para nosotros y nuestros accionistas cada peso cuenta y desde ese punto de vista lo que está haciendo Bergoeing y la SBIF es un problema para nosotros y vamos a pelearlo”, es como lo explica un alto ejecutivo de uno de los bancos más grandes de Chile.
El punto, enfatiza un alto funcionario de Gobierno, pasa por el estilo altoparlante de Bergoeing, quien gusta de enviar mensajes al sector, incluyendo al retail, a través de la prensa. Aunque no siempre sus declaraciones traigan aparejado acciones concretas de fiscalización o regulatorias.
Pero los frentes problemáticos para la banca están mucho más expandidon.
La puesta en marcha del Sernac Financiero ha traído numerosos dolores de cabeza para la banca y también para el retail.
La normativa que traía aparejada la ley les ha obligado a hacer numerosas y complejas modificaciones en sus contratos y a ampliar la información que entregan a sus clientes.
Un asesor de un banco afirma que el cálculo de la carga anual equivalente ha tenido dificultades para el sistema financiero y también ha implicado costos que se estiman en al menos US$ 50 millones.
Asimismo, se ven obligados a informar de modificaciones que antes hacían en forma unilateral o sin tanta dificultad.
Así, los bancos y retailers ahora están obligados a información los motivos específicos —no genéricos— para negar un crédito y también se les obliga a hacer de rectificación. El perdonazo del Dicom, por ejemplo, ha llevado a que ya no se pueda excusar de otorgar un préstamo por haber sido moroso —y haber estado en el boletín comercial— en el pasado.
Además de ser medidas nuevas, afirma un asesor del sector, implica destinar gran números de horas de trabajo de funcionarios de las compañías.
El problema, asegura, es que estas medidas tienen poco efecto y beneficio para los consumidores. Un ejemplo de ello, agrega, es que la implementación de los créditos universales tuvo como consecuencia la entrega de menos de un centenar de préstamos bajo esa modalidad.
“Entonces, la sensación que queda es que el Sernac, más que para defender a los consumidores está para molestar a las empresas”, dice.
La salida de Peribonio podría ser interpretada como un respiro para los bancos y el retail. No obstante, en el mercado saben que el segundo a bordo, el subdirector Lucas del Villar, es aun más duro en la fiscalización y es considerado el autor intelectual de la dura fiscalización a las empresas.
Por ello es que ningún banco ha querido pedir el Sello Sernac, que viene incluido en el Sernac Financiero y que pretendía transformarse en un certificado otorgado por la autoridad que asegurara a los consumidores que las entidades financieras utilizan contratos que cumplen fielmente con la ley.
En la banca, afirman ejecutivos, reina la desconfianza con el Sernac y por eso han preferido abstenerse de pedir el Sello, pues sienten que ante cualquier falla, dada la explosiva estratega comunicacional del Servicio, podrían ver afectada fuertemente su imagen ante los clientes.
El escenario futuro, en tanto, parece no muy promisorio para la banca. La tramitación de un proyecto de ley que reducirá la Tasa Máxima Convencional (TMC) —el interés tope que puede cobrarse en el sistema financiero- afectará su negocio—.
Y el proyecto de ley que permitirá fusionar la información de deuda al día de clientes bancarios y del retail, que en principio parecía ser beneficioso para los bancos, devino también en complicaciones.
Los parlamentarios, de derecha y oposición, exigieron que los bancos estén obligados a no utilizar la información histórica que tienen del historial crediticio de sus clientes.
El proyecto, que avanza en Valparaíso, incluirá la tipificación como delito, incluyendo penas de cárcel, para los bancos que utilicen la base de datos que la SBIF les pasa —conocida como libro azul— para calcular el riesgo de crédito de sus clientes, para evaluar el perfil crediticio de sus clientes.
Junto con ello, Bergoeing pretende que se avance en la regulación de los conglomerados financieros, con lo cual varios bancos que tienen matrices serán fiscalizados como un todo y no sólo en forma individual.
