«Un documento elaborado por Enrique Rajevic, posible futuro Contralor, titulado “Contraloría y función de control: una necesaria revisión”, en el cual su autor dice que no considera necesario el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría, justificando plenamente (?) que la Corte Suprema, en algunos casos, ha limitado las potestades de control del servicio que él podría dirigir si el Senado convalida su nombre».
El domingo 27 de septiembre de 2015 se publicó en El Mercurio a página completa el reportaje “El otro lobby que se despliega para la elección del nuevo contralor”, con epígrafe “Las gestiones de los funcionarios del organismo fiscalizador”. Ahí la Asociación de Nacional de Funcionarios de la Contraloría (ANEC) da a conocer los motivos que justifican que el nuevo titular del organismo sea un funcionario(a) de carrera, lo que el autor de esta columna ya ha dicho públicamente en ocasiones anteriores.
Ahora bien, un grupo de individuos que formamos parte de la Fundación Defendamos la Ciudad nos entrevistamos el 22 de septiembre pasado con la Contralora General, Patricia Arriagada, en razón a que existen allí situaciones pendientes fundadamente denunciadas en el ámbito del sector Vivienda y Urbanismo. Nuestra interlocutora escuchó con atención nuestros distintos puntos de vista sin comprometerse a nada, lo que en rigor correspondía.
Le mencionamos nuestra propuesta formulada en sesión del 9 de septiembre pasado de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados, en orden a que era indispensable modificar ciertos cuerpos legales para terminar con la insana práctica de que los Directores de Obras Municipales ejerzan ese gravitante cargo en forma vitalicia, la cual fue acogida favorablemente por la mayoría de los diputados presentes.
Le expresamos nuestra incredulidad por el desacato empleado hasta ahora por la Municipalidad de Providencia respecto de un permiso de edificación cursado ilegalmente a un Fondo de Inversión Inmobiliaria en el barrio Bellavista. En efecto, el Seremi de Vivienda y Urbanismo majaderamente desde hace muchos meses le expresa al Director de Obras y últimamente a la Alcaldesa, que tal acto administrativo contraviene la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), pero el municipio por algún extraño motivo no ha querido paralizar las faenas, ni menos ejercer la invalidación respectiva.
Debido a que la Contraloría solo propone sanciones al alcalde cuando detecta comportamientos irregulares por parte de funcionarios municipales, le propusimos que promueva los necesarios cambios legales, de tal forma que sus dictámenes y sumarios tengan la fuerza necesaria para contener la corrupción que todos conocemos y le expresamos que era indispensable hacerse parte con los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en los juicios que entablan en los tribunales los actores privados que han sido afectados por las acciones fiscalizadoras de la Contraloría.
Estos avispados particulares, para facilitar los futuros fallos que los beneficiarán, interponen las acciones judiciales en contra de los municipios, marginándose a la Contraloría, con la seguridad de que las municipalidades en la tramitación de los antecedentes litigarán con debilidad para favorecer al inmobiliario que obtuvo un permiso trucho, uno de cuyos casos, articulado por el abogado Samuel Donoso en la Municipalidad de Santiago, después de una vergonzosa sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, lo hemos denunciado con publicidad en diversos medios de prensa. El creativo Donoso fue quien se hizo pasar, en una reunión con las autoridades del SII por el caso SQM, como abogado del Ministerio del Interior.
Todos sabemos que existe la colusión pública privada en el sector de la construcción y ejemplos hay demasiados. Recordamos aquel en que el Minvu, para favorecer los intereses de Los Legionarios de Cristo, desobedeció un dictamen de la Contraloría y acto seguido recurrió en los tribunales de justicia en contra de ella porque había señalado que en el cerro isla Del Medio, comuna de Lo Barnechea, de propiedad del empresario Eleodoro Matte, tipificado como área verde en los instrumentos normativos urbanos, no se podía construir la Universidad Finis Terrae. Este caso llegó a la Corte Suprema, la que ratificó lo informado por la Contraloría y así se respetó la ley.
Otro caso, con distinto resultado final, es lo que aconteció con el Estadio Santa Rosa de Las Condes, extenso predio área verde ribereño del río Mapocho, comuna de Las Condes, el que siendo bien nacional de uso público le fue donado en el año 1970 por el Estado de Chile, con restrictivas cláusulas modales, a la Universidad Católica para que sus alumnos hicieran deportes. En la década de los ochenta dicha universidad privada transfiere el terreno al Club Deportivo de la Universidad Católica, el que funcionó por años como campo de deportes con el nombre mencionado anteriormente.
Pero en el año 2007, tal club, con la ambición de ganar plata vendiendo el terreno con fines inmobiliarios, inicia las gestiones para posibilitar ese negocio a pesar de que el terreno, como está dicho, era y sigue siendo área verde. Para ello convenció al Minvu de que cambiara la OGUC a fin de viabilizar la operación, lo que el servicio público hizo, pero la Contraloría dictaminó que ese terreno no admitía actividades inmobiliarias, lo que fue desoído por ese ministerio y obviamente por el privado deportista. Cuento corto, el caso se resolvió en la Corte Suprema, la que falló utilizando el ardid de que la Contraloría solo puede referirse a la forma de los actos administrativos y no al fondo de los mismos. Con esta ingeniosa interpretación el privado interesado en obtener el lucro lo concretó con la venta a un tercero por 35 millones de dólares del terreno regalado que recibió el año 1970.
Nos hemos referido a todo lo anterior porque en el reportaje mencionado, en el primer párrafo, el diario alude a un documento elaborado por Enrique Rajevic, posible futuro Contralor, titulado “Contraloría y función de control: una necesaria revisión”, en el cual su autor dice que no considera necesario el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría, justificando plenamente (?) que la Corte Suprema, en algunos casos, ha limitado las potestades de control del servicio que él podría dirigir si el Senado convalida su nombre.
Está claro, entonces, que Rajevic no desea que la Contraloría ejerza en plenitud sus atribuciones fiscalizadoras del fondo de los actos administrativos del gobierno y de las municipalidades, tal como lo ordena su Ley Orgánica Constitucional. Ante esa explícita postura le contestamos a Rajevic que estamos en profundo desacuerdo con sus ideas, porque la ciudadanía desea mayor vigilancia para contener el despelote en el cual estamos inmersos y ello pasa por empoderar aún más a la Contraloría.
