En una extensa entrevista, Alberto Rebaza, el abogado contratado por la familia peruana, dice que la venta de la embotelladora de Coca Cola en Perú fue una operación privada, ajustada a la ley y que los inversionistas chilenos sabían perfectamente bien que sus “acciones de inversión” no tienen los mismos derechos a las comunes, ni derecho a OPA. Afirma que cualquier inversionista “medianamente bien informado y asesorado en Perú lo tendría claro». Expresó preocupación por imagen negativa del sistema financiero peruano que la disputa está generando en Chile y reiteró que familia evalúa tomar acciones legales.
La familia Lindley de Perú se sacó los guantes y ha montado una agresiva defensa de la operación a través de la cual vendió la embotelladora de Coca Cola en Perú al gigante mexicano Arca Continental.
Hace unas semanas Arca acordó pagar US$ 760 millones por Lindley de Perú y US$ 150 millones al grupo controlador por separado para retirarse de la industria embotelladora en forma permanente y no armar otro negocio que les compita. Un grupo de inversionistas minoritarios chilenos, liderados por Andino Asset Management, los hermanos Solari y que incluye a Sebastián Piñera, salieron a desafiar la operación.
Alegan que los dejaron fuera de la operación injustamente y que el negocio solo beneficia a la familia controladora. LarrainVial también es parte del cuestionamiento a nombre de terceros. Critican no solo la venta y cómo se negoció, sino que también un acuerdo paralelo en que la embotelladora acordó venderle tierras de su propiedad a la familia controladora por US$ 137 millones. Dicen que la venta no fue transparente, que no se solicitaron ofertas que compitiesen y a los minoritarios no se les informó.
El grupo ha iniciado gestiones ante el regulador peruano, mexicano y el norteamericano para buscar un trato justo y equitativo respecto del precio pagado, del que ellos no fueron parte. Incluso han apelado a la matriz de Coca Cola en Estados Unidos. De no recibir respuestas satisfactorias, los accionistas estarían dispuestos a ir a tribunales.
La familia Lindley controlaba la empresa a través de “acciones comunes” y son esas las que compró Arca. El grupo de inversionistas chilenos tiene “acciones de inversión”, que no tienen derechos políticos. En Perú explican que esas acciones son más bien un “bono de renta variable”.
La polémica hizo que Arca, de manera voluntaria, iniciara trámites para comprar las acciones de los minoritarios, ofreciendo una precio con un premio 23% superior respecto de la última cotización del papel. Pero eso no deja contento a los inversionistas que en total controlan el 53% de la empresa, pero sin derechos políticos.
Por su parte, la familia Lindley, preocupada por la reacción que han generado en Chile los cuestionamientos, ha iniciado una agresiva defensa de la operación.
Hasta hace unos días había guardado silencio, pero esta semana a través de un inserto de prensa, la familia defendió la transacción y no descartó acciones legales contra quienes acusan ilegalidad.
En el inserto, el empresario John Lindley argumenta que se trató de una transacción «privada ajustada a la ley».
Ayer en una entrevista, Alberto Rebaza, el abogado contratado por la familia peruana para defender sus intereses, fue más enfático y afirmó que la venta de la embotelladora de Coca Cola en Perú fue una operación privada, ajustada a la ley.
Hizo hincapié en que las acciones de inversión no otorgan derechos ante una oferta (OPA), «algo que cualquier inversor sensato debería saber” y agregó que los inversionistas chilenos sabían perfectamente bien que sus “acciones de inversión” no tienen los mismos derechos a las comunes, “ni derecho a OPA ni derecho a precio mínimo.
Dice que los accionistas chilenos non deberían haber tenido las expectativas de trato similar. “Cambio de control de acciones comunes no obliga a nadie a ofrecer nada a los que tienen acciones de inversión”, explica el abogado. Y añade en forma enfática que la operación no solo es legal, sino que por la práctica del mercado peruano desde hace 25 años, “esto no debería haber sido una sorpresa para los inversionistas”.
Los inversionistas chilenos han hecho estudios que muestran que el premio por control promedio en los últimos 10 años en Perú es menor al 15%. El premio implícito en la operación por Lindley es de 230% y lo describen como “obsceno”. Destacan que en Chile el límite es 10% y en Brasil 20%.
El abogado de la familia responde que cualquier inversionista “medianamente bien informado y asesorado en Perú lo tendría claro». Y afirma que la familia Lindley no ha hecho nada reprochable. “Lo que hicieron es legal y legítimo y no va en contra de los gobiernos corporativos. Son las mismas reglas de hace 25 años”, recalcó.
Rechaza que hubiese poca transparencia y dice que la operación ya está cerrada y la transferencia de acciones ya se hizo.
Expresó preocupación por la imagen negativa del sistema financiero peruano que la disputa está generando en Chile y sostuvo que a la familia Lindley le molesta que esté siendo “maltratada por ciertos representantes y está evaluando las acciones legales correspondientes».
Rebaza es considerado por los principales rankings legales como abogado líder en M&A y Banca y Financiamiento en Perú.
