La entidad dice que no se puede verificar falta a la probidad administrativa, pues no hay evidencia de que usó información privilegiada al haber asumido su cargo en las Cascadas apenas dejó Corfo. Sin embargo, recalca que el empresario cumplió una función en Corfo y le cuestiona su «actuar imprudente».
La primera reacción mediática en la tarde de ayer fue positiva para Rafael Guilisasti.
El ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) lleva tres meses en medio de la crítica transversal de políticos y empresarios por su abrupta y polémica salida del Consejo de Corfo, para asumir como presidente de las sociedades Cascadas, que forman parte de la cadena de control de SQM, en medio de un conflicto judicial entre la corporación pública y la minera no metálica controlada indirectamente por Julio Ponce Lerou.
Lo que más le dolió fueron los cuestionamientos a su comportamiento ético, pero Corfo fue más allá y su vicepresidente ejecutivo, Eduardo Bitran, acudió a Contraloría pidiéndole que determine si Guilisasti violó las normas de probidad administrativa que rigen a funcionarios públicos al obtener información privilegiada del conflicto judicial, antecedentes que serían claves para SQM, las sociedades que viven de los dividendos que genera dicha empresa.
El dictamen de Contraloría le dejó sabores mezclados. Por un lado, ratificó que no existen pruebas que demuestren que usó la información a la accedió siendo consejero para beneficio propio de las empresas que ahora preside. Pero, al mismo tiempo, le amargó la jornada al cuestionarlo por la altura ética de su comportamiento y al calificarlo como imprudente.
Es funcionario público pero no hay pruebas
Cuatro fueron las consultas de Corfo. La primera era si cumplió una función pública siendo consejero. En una entrevista con La Tercera hace dos meses, el socio de la Viña Concha y Toro no tuvo dudas al respecto.
“Evidentemente, no soy un funcionario público ni tengo relación contractual con el Estado”, dijo seguro Guilisasti.
Ayer, Contraloría lo refutó sin espacio a dudas.
“Conviene manifestar que de la preceptiva que regula al organismo de que se trata, se desprende que los consejeros son quienes adoptan los acuerdos relacionados con el objeto de la Corfo, lo cual se traduce en que aquellos se encuentran investidos de las atribuciones normativas necesarias para permitir que esa entidad desarrolle el mandato legal que le ha sido encargado, consistente en el fomento de la producción nacional… Luego, y en armonía con el criterio contenido en los dictámenes N°s 44.079, de 2004 y 37.866, de 2014, sus consejeros ejercen una función pública y poseen la calidad de ‘autoridades’ de tal corporación”.
De paso, la entidad advirtió que, al haber ejercido una función pública, al ex dirigente gremial le correspondía respetar el principio de probidad pública.
Sin embargo, la buena noticia para Guilisasti fue que no hay antecedentes para probar que usó información privilegiada en beneficio propio o de la empresa que ahora le paga el sueldo. El argumento jurídico de Contraloría para sustentar la explicación fue simplemente que Guilisasti apenas renunció pasó a la siguiente función, por ende, no había espacio para que en paralelo violara la probidad administrativa.
Al responder si existió un conflicto de interés y si hubo una infracción a los deberes de probidad por parte del empresario, la Contraloría explicó que “del examen de la documentación tenida a la vista, esta Contraloría General no ha podido formarse la convicción cierta de que mientras se desempeñó como consejero el señor Guilisasti Gana haya transgredido el anotado principio”.
Imprudente
Sin embargo, la contralora subrogante, Patricia Arriagada, le dio un duro repaso ético al actual presidente de las sociedades Cascadas –elegido con votos de Julio Ponce Lerou–, afirmando que, si bien la presunción de Corfo en cuanto a que Guilisasti inició negociaciones para asumir al frente de las Cascadas es “insuficiente” para decir que en su ejercicio de la función pública incurrió en un conflicto de interés “que comprometiera su responsabilidad administrativa, ello resultó al menos poco prudente, ya que es evidente que genera una razonable duda ética el pasar a integrar el directorio (y presidirlo) de tres empresas estrechamente vinculadas con otras que mantienen un importante conflicto judicial con la institución pública cuyo Consejo integró”.
La frase de la contralora derriba la defensa que hizo Guilisasti frente al cuestionamiento, cuando afirmó que las críticas en su contra se daban “porque estamos en un clima crispado, en un momento bastante difícil en la sociedad, en que prevalece la profunda desconfianza” y donde “las personas han perdido el principio de la buena fe; simplemente es más fácil la polarización y buscar las relaciones a través del juzgamiento, atrincheramiento o caricaturizando a los demás”.
En la misma línea, Arriagada aclaró que Guilisasti “dejó de trabajar en Corfo y fue contratado por las sociedades antes mencionadas, motivo por el cual no es posible hacer efectiva en su contra una presunta responsabilidad administrativa”. Esto, porque según explicó la autoridad, su pronunciamiento se limita “al estricto ámbito de las competencias de esta Contraloría General, el que en la especie comprende el desempeño del señor Guilisasti Gana como consejero de Corfo, esto es, desde que asumió el cargo en cuestión hasta su cese en dicha función”.
Es decir, Contraloría no analizó –pues por ley no le corresponde– lo que haya hecho Guilisasti una vez que dejó Corfo, por ende, le es imposible verificar si ha usado o no información privilegiada obtenida mientras estaba en la Corporación.
De paso, Arriagada dejó dos advertencias llamativas: por un lado, advirtió los vacíos legales –“para hacer efectiva una eventual responsabilidad de ese tipo es necesaria la existencia de sanciones establecidas por ley y que expresamente sean aplicables, lo que no sucede en la especie respecto de los consejeros de Corfo de designación presidencial”–; y, por otro, dejó en evidencia que ni la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ni el Ministerio de Economía –cuyo titular, Luis Céspedes, preside Corfo– se inmiscuyeron en el caso. “Se han tenido a la vista los informes emitidos por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y por la Superintendencia de Valores y Seguros, los que no se pronuncian sobre aspectos de la consulta”, puntualiza.
La advertencia de Corfo
Frente a la resolución de Contraloría, Corfo emitió un comunicado ratificando sus críticas a Guilisasti y advirtiendo que lo observará de cerca.
“La Contraloría estableció claramente que Rafael Guilisasti ejerció una función pública que implica deberes de probidad y que se genera una razonable duda ética al saltar desde Corfo a la presidencia de las cascadas, controladoras de SQM que mantiene un importante conflicto judicial con la institución pública”, manifestó el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, agregando que tienen la convicción de que el empresario tuvo acceso a información confidencial relevante del caso arbitral, por lo que “la institución se mantendrá vigilante respecto al uso de dicha información”.
