El informe Microscopio Global 2015 ubicó al país por delante de Bolivia y México, pero detrás de Perú y Colombia, que encabezan un listado de 55 países. Y puso énfasis en la necesidad de mejorar el complejo marco regulatorio al que se ven enfrentados los proveedores de microcréditos y microseguros.
Que Chile aparezca como el tercer país latinoamericano con mejor desempeño en el ámbito de la inclusión financiera y al mismo tiempo forme parte del del ranking de los 10 que más avanzan en esta materia a nivel global, pareciera ser una buena noticia a la luz de los resultados del Microscopio Global 2015, un estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que mide sobre la base a un sistema de puntajes el desempeño de 55 naciones de todo el mundo.
Pero la realidad es que se trata de un indicador donde Chile no alcanza a brillar si se le compara con otros, como los que lo ponen a la vanguardia entre los países de América Latina que ofrecen las mejores condiciones para invertir.
Es así como ocupa un discreto sexto lugar, por delante de Bolivia y México –ambos empatados en la octava posición–, pero detrás de Perú y Colombia, que aparecen con el primer y segundo lugar, respectivamente, de acuerdo a lo que arrojaron las 12 variables que el BID utiliza para medir los ecosistemas reguladores de cómo se expanden y profundizan los distintos servicios financieros más allá de solo las microfinanzas.
Por cierto que no hay que desconocer que se trata de un lugar cómodo si se lo compara con las demás naciones de Sudamérica, donde Uruguay ocupa el 11° lugar, Brasil el 17°, Paraguay el 19°, Ecuador el 20°, Argentina el 40° y Venezuela el 50°.
En su informe sobre Chile, el Microscopio Global 2015 resalta la existencia de «instituciones sólidas y un amplio sector financiero», que le han permitido «una profunda penetración en el sistema financiero mundial».
Asimismo, destaca la creación en 2014 por parte del Ministerio de Hacienda de la Comisión para la Inclusión Financiera, para llevar adelante medidas tendientes a fomentar la expansión de programas de educación financiera, el fortalecimiento de los derechos de protección al consumidor, promoción de los pagos electrónicos y desarrollo de un marco normativo.
«Queda por ver qué cambios se producirían en el marco normativo chileno tras la labor de esta comisión. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) es el ente regulador financiero general del país. El sector está dominado por grandes bancos privados y un banco público grande —Banco del Estado─, que ofrece varios productos a los segmentos de bajos ingresos, entre ellos cuentas bancarias simplificadas. En el país también operan otras entidades clave de inclusión financiera: instituciones microfinancieras como Emprende Microfinanzas y Fondo Esperanza, así como Oriencoop, una cooperativa de crédito. En datos recientes se observa que el número de sucursales de bancos comerciales por 100.000 adultos era 17,1, pero si se incluye el número de Cajas Vecinas que operan bajo el Banco del Estado (11.461) las cifras serían mucho mayores, y el número de puntos de servicio aumentaría a 66 por 100.000 habitantes», detalla el informe.
Destaca además que «los últimos datos del Banco Mundial señalan que 15% del 40% más pobre de la población pidió dinero prestado a una institución financiera en 2011. Estos números son similares a los de la vecina Argentina (14%), pero inferiores a los de Brasil (23%)».
Entre sus conclusiones, el estudio indica que «en lo que va de 2015, no se produjeron hechos significativos en el ámbito de la inclusión financiera, pero Chile ya se clasifica entre los países con los índices más altos de inclusión financiera en la región, según el Microscopio 2014».
Finalmente, advierte que, para seguir avanzando, Chile debe enfrentar «algunos retos». Uno de ellos, resolver la carencia de «una normativa específica para los microcréditos y para los microseguros», ya que «los proveedores más pequeños se topan con obstáculos para ofrecer estos productos debido a la extensa lista de requisitos que deben cumplirse antes de colocarlos en el mercado».
Y apuntó contra el complejo marco regulatorio. «Como estos proveedores de microcréditos o microseguros están bajo un amplio marco regulatorio, pueden encontrar problemas cuando quieran adaptar sus productos a la realidad del segmento de consumidores de bajos ingresos. Una reglamentación específica de los productos financieros podría ser beneficiosa para extender la cobertura a zonas rurales».
Revisa el informe:
