El titular de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) dijo ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que han pedido antecedentes a la papelera y están fiscalizando el caso. Descartó prescripción para ello, aunque adelantó que para el punto relativo al rol de los directores, los plazos no permiten sancionar al directorio.
En 2014 y cuando ya CMPC sabía que al menos en Perú se les investigaba por posible colusión en el negocio del papel tissue, emitió al menos tres bonos que le permitieron captar casi US$ 1.000 millones de mercado local e internacional.
En noviembre pasado, este medio reveló que CMPC captó US$ 220 millones de inversionistas locales en un aumento de capital realizado entre junio y julio de 2014.
Un segundo proceso concluyó el 25 de julio de ese año, cuando captó bonos por US$ 250 millones y en septiembre recaudó otros US$ 500 millones en Estados Unidos.
Según la información que ha sido recabada, CMPC nunca informó a la SVS de la investigación que se llevaba a cabo en Perú y respecto de la cual el mercado solo se enteró en uno de dichos procesos y en forma parcial, lo que podría derivar en demandas civiles de inversionistas, quienes vieron en las primeras semanas después de destapado el caso de colusión el efecto en la cotización de mercado de los bonos. Esa ausencia de antecedentes puso las alertas en las oficinas del Santiago Down Town.
Sobre todo porque las AFP, en menor medida, pero particularmente compañías de seguro –una de las principales, Bice Vida, ligada al grupo Matte, dueño de CMPC–, que elevaron sustancialmente en el período su exposición a deuda de la firma, cuya filial Tissue es uno de los principales negocios del grupo papelero.
Por eso, el titular de la SVS, Carlos Pavez, reveló a la comisión investigadora de la Cámara Baja del caso Tissue que la entidad está investigando el tema. Además, dijo, están investigando la responsabilidad del directorio de monitorear el cumplimiento de sus obligaciones.
“En una situación como la que enfrentamos, lo que estamos realizando es verificar el cumplimiento de obligaciones, tanto desde el punto de vista de revisar aquellas emisiones de valores que se han llevado a efecto durante todo este proceso por parte de las compañías involucradas, la oportunidad, el tipo de información que se entregó, si es toda la información que se entregó y, por otro lado, ver cuáles eran los mecanismos que tenían implementados en su oportunidad las compañías, a efectos de monitorear que todas las exigencias legales o deberes de distinta naturaleza que les afectan a las compañías se hayan cumplido a plenitud”, dijo Pavez a la instancia que presidió el diputado PC, Daniel Núñez.
La SVS, explicó el regulador, ha emitido normas, circulares e instrucciones de carácter general. Ejemplo de ello, es la Norma de Carácter General (NCG) 30, que establece la información que se debe proporcionar por parte de una sociedad al momento de solicitar la inscripción de la misma y al solicitar el registro de inscripción en la SVS de sus emisiones de bonos, efectos de comercio y acciones.
El regulador también advirtió de inmediato que la ley orgánica que regula a la SVS determina plazos de prescripción para sancionar de cuatro años, esto desde que se cometieron los ilícitos, con lo cual dedujo que las materias que tuvieran que ver con decisiones del directorio o ejecutivos relativas al control de la gestión de la empresa, durante el período de colusión denunciado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) –hasta el 2011–, estarían prescritas.
No obstante, dado que los bonos se emitieron en 2014, Pavez sostuvo que, respecto de la entrega de información al mercado para la colocación de acciones o emisiones de títulos de deuda, los plazos de prescripción no afectaban la posibilidad de sancionar.
En esa línea, reveló que la institución que dirige, en situaciones como esta, lo que hace es solicitar a los emisores de valores, en este caso CMPC, los antecedentes vinculados a las colocaciones de bonos y acciones, analizar los casos y, finalmente, decidir cómo se avanza.
