Transcurrido más de un año desde que Obama y el presidente Raúl Castro anunciaron un deshielo diplomático, muchos inversores estadounidenses siguen desconfiando de una economía trabada por un embargo comercial estadounidense de cinco decenios, leyes laborales cubanas restrictivas y un sistema cambiario doble. Las empresas que han invertido o quieren invertir, como JetBlue Airways Corp., Carnival Corp. y Airbnb Inc., son más la excepción que la regla.
El intento del presidente Barack Obama de abrir Cuba a las empresas estadounidenses dará un gran paso adelante esta semana cuando se convierta en el primer presidente en funciones que pisa suelo cubano en más de ocho décadas. No espere que las compañías estadounidenses lo sigan de inmediato en masa.
Transcurrido más de un año desde que Obama y el presidente Raúl Castro anunciaron un deshielo diplomático, muchos inversores estadounidenses siguen desconfiando de una economía trabada por un embargo comercial estadounidense de cinco decenios, leyes laborales cubanas restrictivas y un sistema cambiario doble. Las empresas que han invertido o quieren invertir, como JetBlue Airways Corp., Carnival Corp. y Airbnb Inc., son más la excepción que la regla.
“Para las empresas es simplemente muy difícil y no quieren poner mucho dinero”, dijo Gary Hufbauer, investigador sénior en el Instituto Peterson de Economía Internacional en Washington que ha escrito sobre la normalización de los lazos con Cuba.
Por empezar, ¿cómo pagarles a los trabajadores en la economía comunista de Castro? Casi todas las compañías extranjeras en la isla pagan a una agencia de trabajo o a un socio mayoritario cubano los salarios de sus trabajadores en pesos convertibles, que están en paridad con el dólar. Pero los trabajadores reciben su salario mensual medio de US$26 en una moneda totalmente distinta: pesos no convertibles, equivalentes a 1/25 de eso. El gobierno se guarda la diferencia.
Si bien el gobierno de Castro dijo en 2013 que trataría de unificar las monedas, es poco lo que se ha hecho. Es un problema difícil de resolver, que Moody’s Investors Service calificó como el “desafío macroeconómico cubano más importante”.
“Es la diferencia entre ganar dinero y no ganar dinero”, dijo Hufbauer.
En segundo lugar, la mayoría de las empresas extranjeras autorizadas a ingresar en Cuba tienen como límite un techo de 49 por ciento de la propiedad, en tanto una compañía estatal tiene la participación mayoritaria. En las empresas conjuntas, es la compañía estatal la que contrata y paga a los trabajadores, lo cual significa que los inversores extranjeros tienen escaso peso a la hora de contratar su propia fuerza de trabajo.
¿Y quién está detrás de la empresa estatal? En muchos casos, es Luis Alberto Rodríguez, un general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que supervisa un conglomerado que comprende como mínimo 57 empresas. También es el yerno de Raúl Castro.
Si bien empresas pequeñas como peluquerías y taxis están abiertas a los emprendedores privados, los sectores que mueven más dinero, incluido el de hotelería, suelen estar bajo el control de Rodríguez. Su Grupo de Administración Empresarial maneja compañías que representan la mitad de los ingresos empresariales producidos en Cuba, según Omar Everleny Pérez, profesor en la Universidad de La Habana e investigador en el Centro para el Estudio de la Economía Cubana.
Cuba también tiene el peor historial en materia de derechos humanos en el continente americano, según Freedom House con sede en Washington, y las tácticas intimidatorias del gobierno han ido más allá de reprimir a los disidentes locales. El empresario canadiense Sarkis Yacoubian, que desarrolló una empresa vendiendo automóviles y equipos industriales en Cuba, fue arrestado en 2011 y acusado de espionaje.
Yacoubian pasó dos años en la cárcel antes de ser condenado después de un juicio de dos días por corrupción y perjuicio económico al Estado. Fue sentenciado a nueve años de cárcel y multado con US$7,5 millones hasta ser liberado en 2014 después de confiscarle sus activos.
Por último, está la infraestructura. Las rutas destruidas y los puertos anticuados llevaron al Banco Mundial a poner a Cuba en el puesto 152 sobre 160 países, dejándolo entre Yemen y Sudán, en su índice sobre desempeño logístico, que tiene en cuenta la infraestructura y otros factores que afectan la eficiencia comercial.
No obstante, fuera de Cuba, eliminar la mayor barrera para normalizar los lazos está más allá del poder de Obama: el embargo. Sólo el Congreso puede hacerlo y la mayoría republicana ha bloqueado todos los intentos hasta ahora.
“La situación actual está a años luz de una década atrás o incluso cinco años”, dijo Scott Gilbert, director ejecutivo de Reneo Consulting LLC, que en 2014 negoció la liberación de Alan Gross, un contratista estadounidense detenido. “Lo que ocurre es que operamos con una legislación que realmente debilita la capacidad para una inversión y un comercio estadounidenses plenos con Cuba”.
