Columna Bloomberg
La principal razón de que Europa no haya generado colosos de la economía digital como Google, Amazon, Facebook o Netflix quizá sea que “Europa” no existe. Si se funda en Suecia, Francia o Alemania, una compañía no es europea: es sueca, francesa o alemana. Las normas impositivas, las tarifas postales, los sistemas financieros, los derechos de propiedad intelectual, el etiquetado y las normas de protección de datos… nada de eso ha sido armonizado.
Como no han logrado que los estados miembros acepten más uniformidad, los burócratas europeos aprovechan cualquier oportunidad para arreglar lo que no está roto y regular lo que no necesita ser regulado. Las recientes propuestas de Mercado Único Digital de la Comisión Europea son un buen ejemplo de ello: postergan la eliminación de las trabas geográficas (el llamado geobloqueo) al contenido digital pero incluyen el requisito de que Netflix y otros servicios de video a la carta tengan no menos de un 20 por ciento de contenido europeo en sus catálogos.
Incluso en los Estados Unidos, transacciones que abarcan varios estados son una zona legal gris: no es fácil para los minoristas de internet recaudar distintos impuestos a las ventas por cada estado al que le hacen envíos. Por eso la mayoría no lo hace, lo que da lugar a discusiones sobre su fundamento legal. En la UE, países independientes cobran diferentes tasas impositivas… y, para empezar, hablan 24 idiomas distintos. Meses atrás, la Comisión Europea descubrió que el 63 por ciento de los sitios web que había estudiado impedía que los clientes hicieran compras fuera de sus países de origen. Muchos de ellos permitían que el usuario eligiera un producto o servicio y luego, en la fase final del pedido, rechazaban la dirección o la tarjeta de crédito.
No es menos frustrante que un video de You Tube que uno quiere ver sea reemplazado por una pantalla con el mensaje de que ese contenido está bloqueado en el país del televidente; cuando una película que salió en el Reino Unido no está disponible para un usuario de Netflix de Alemania; cuando uno no puede ver las mismas películas que ve en casa cuando está de vacaciones en un país vecino.
Andrus Ansip, vicepresidente de mercado único digital de la Comisión Europea, es oriundo de Estonia, quizá el país más avanzado de la UE en materia digital, pero también uno diminuto. Por avanzadas que sean en lo tecnológico, las startups de su país y otros de la UE no pueden crecer de manera tan rápida y eficiente como las firmas estadounidenses. No es de sorprender que Ansip diga que detesta el geobloqueo. Sin embargo, las empresas no quieren que la UE dicte normas contra esa práctica: la asociación europea de comercio electrónico, a la que se conoce por la sigla Emota, les ha dicho a los reguladores que la industria misma debería idear mejores prácticas. Su principal temor era que la UE obligara a todas las empresas a venderles a los clientes dondequiera que estuvieran… y luego se las hiciera responsables de las consecuencias, por ejemplo, de las complejidades de la entrega y los impuestos.
No queriendo parecer pasiva e incapaz de superar la resistencia de los grupos de presión empresariales, la Comisión se decidió por una extraña solución intermedia: su propuesta permitirá a los clientes de cualquier país de la UE ver los precios de cualquier otro país y comprar donde encuentre mejores precios. Sin embargo, con una vuelta de tuerca que le quita a esto todo su sentido, dispuso que los minoristas no estarán obligados a hacer entregas. Un belga podrá comprar un refrigerador barato en Polonia pero tendrá que organizar la entrega él mismo. Si eso no parece muy propio de la era digital, mala suerte. Pero los minoristas están contentos. Sólo tendrán que cobrar los impuestos locales y no tendrán que lidiar con los envíos transfronterizos. En cuanto a los clientes… bueno, nadie les dio el derecho de decirles a las empresas cómo deben operar; que lo tomen o lo dejen.
Las nuevas propuestas excluyen específicamente el contenido audiovisual. Al parecer, las cuestiones de derechos de propiedad intelectual son aún más difíciles de resolver que las impositivas y las logísticas: los servicios de hosting de video y video a la carta están obligados por contrato a no mostrar determinado contenido en determinados países, y eliminar esas barreras implicaría negociar con los derechohabientes y asegurarse de que su remuneración no se vea perjudicada por el acceso transfronterizo. Ganan más con la venta de derechos a cada país por separado. Una licencia que abarcara toda la UE no tendría sentido desde el punto de vista económico para muchos de ellos, y los burócratas temen que se produzca menos contenido europeo. Con estos argumentos, Francia, por ejemplo, propone limitar la interferencia de la UE para garantizar que las suscripciones digitales sean “portátiles”, que las mismas películas puedan verse dondequiera que esté el suscriptor en Europa.
El poder de lobby que se ha alineado para oponerse a que el derecho de propiedad intelectual se extienda a toda la UE –a los productores de contenido, los canales de TV que compran licencias para mercados específicos y los gobiernos como el francés les preocupaba la protección del idioma y la cultura nacionales- es demasiado grande para que la Comisión Europa pueda vencerlo, y es por eso que sigue dilatando el tema. A esta altura, todo lo que pueden hacer burócratas como Ansip es envidiar el éxito de las compañías estadounidenses que obtienen licencias mundiales para contenido en su mayor parte elaborado en los EE.UU. Esa envidia se manifiesta bajo la forma de más regulación sin sentido –por ejemplo, la exigencia de que Netflix y otros servicios similares incluyan no menos de un 20 por ciento de productos europeos en sus catálogos.
La misma Comisión Europea reconoce que esa imposición no cambiará nada: Netflix y YouTube ya tienen cada una un 21 por ciento de contenido de producción europea. Lo único que consigue la nueva normativa es que la UE se vea tonta, como si obligara a las plataformas estadounidenses a aceptar y vender material local de menor calidad.
Un verdadero mercado común europeo para todo tipo de comercio digital significaría un solo sistema de tarifas postales y derechos de propiedad intelectual válidos en toda la UE para todo tipo de contenido. Un impuesto al valor agregado unificado (algo que no es imposible dado que el IVA es el único gravamen para el que los miembros de la UE aceptaron algo de regulación de Bruselas) también sería útil. Un acuerdo de los 28 estados miembros sobre todas estas cuestiones haría que la UE, con su mercado de 500 millones de consumidores, fuera más grande que los Estados Unidos. El mercado verdaderamente único de ese país ha dado a sus compañías una ventaja colosal. Pero eliminar las fronteras internas al menos ayudaría a achicar la brecha. En cambio, perpetúan la protección a las firmas europeas dentro de sus pequeños mercados internos e impiden que surjan actores auténticamente globales.
El problema de la UE no es que usurpe las facultades de regulación de los estados miembros, como alegan los euroescépticos (incluidos los que proponen que Gran Bretaña deje la Unión Europea) sino que no es capaz de lograr que los países acuerden medidas comunes que aportarían decenas de miles de millones de euros a sus economías. Entonces regula lo que puede, a menudo sin mucho efecto. Una burocracia sin una base de consenso a menudo es una criatura coja.
Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la comisión editorial, la de Bloomberg LP ni la de sus dueños.
Nota Original: EU Digital Strategy Divides, Doesn’t Conquer: Leonid Bershidsky
