Decisión de SII en casos de platas políticas: predicción cumplida

El 3 de marzo del año 2015, en este mismo diario, anticipé lo que en definitiva ocurriría con el Caso Penta: las derivaciones del caso se desinflarían. No había mérito para accionar en contra de ninguna empresa. Las penas serían ínfimas. Indiqué que la acción penal por delitos tributarios debería reservarse, como ocurre en el derecho comparado, para situaciones más graves. No para revanchas políticas. Lo señalé al principio.

Indiqué que todo había partido porque el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, vio que Penta había financiado a políticos de la UDI. Como lo había hecho de una forma irregular, se valió de eso para descalificarlos y llevar adelante la retroexcavadora, cuyos efectos lamentamos hasta hoy –pero eso da para otra columna–. Nunca pensó el ministro en cuestión, que este caso lo comprometería personalmente. Menos que lo haría respecto de otros personeros de la Nueva Mayoría y que podía alcanzar hasta el mismo Palacio de Gobierno.

Dio luz verde al SII, y dicho organismo, en vez de hacer valer sus atribuciones, como lo está haciendo ahora, se limitó –quizás por la inexperiencia de quienes lo encabezaban– a presentar querellas. Primero contra los boleteros, lo que era en verdad absurdo. Después contra los políticos, quienes no habían emitido ningún documento tributario. Lo hizo por el mismo tipo penal que atribuyó a los boleteros y después por el delito de donaciones, que no está en el Código Tributario sino que en otra ley. No reparó en que, si había donación, esta no se había perfeccionado y, por lo tanto, no había hecho gravado ni obligación.

El área jurídica del SII de la época obró tan mal, que comprometió la prueba del juicio penal. Ya existe, de hecho, un fallo dictado en un juicio promovido por el suscrito, en que la Iltma. Corte confirmó que el procedimiento de recopilación de antecedentes se había iniciado a partir de actos viciados.

La Fiscalía, que ha hecho de todo para radicar en ella la facultad investigativa de los delitos tributarios, se ha valido en forma muy inteligente de lo que la opinión pública percibe y que es que el SII solo ha investigado a un sector político. No lo hizo con todos. Tampoco investigó a todas las empresas. Solo a Penta y a SQM. Los fiscales, por esa razón, han quedado frente a la opinión pública como verdaderos héroes. La razón es muy simple, no han trepidado en investigar todo. No les importa el cargo que ostenta el investigado. Si es senador, ex Presidente, pariente de uno u otro, da lo mismo.

Tampoco si es candidato a un cargo político. No les importa. Su función, por lo demás constitucional, es investigar conductas que constituyen delito. Si investigadas esas conductas y remitidos los antecedentes al órgano técnico correspondiente este las devuelve con una querella, el significado obvio es que la Fiscalía ha actuado conforme a derecho. ¿Quién puede discutirlo? Y en eso tiene razón la Fiscalía. Resulta del todo lógico preguntarse: ¿si el SII se querelló antes por ciertos hechos, por qué después por esos mismos hechos no lo hizo? El fiscal Gajardo está en lo correcto y tiene derecho a hacerlo valer, incluso públicamente. No le resta objetividad. Porque él ya aplicó ese principio en la investigación y concluyó que había delito. Tomó partido y es lo que hacen y deben hacer los fiscales. Lo hace con fuerza y empleando todo el rigor mediático. Su historia lo avala. Sus resultados también.

El problema no es el fiscal Gajardo, tampoco lo que el SII está haciendo hoy. El problema es lo que el SII hizo ayer. Lo que hizo contra Ominami, contra Moreira, Novoa, etc. Lo que hizo, y de forma tan expedita y radical, con personeros UDI. Lo que hizo contra los Délano.

El SII era el órgano encargado de poner paños fríos y explicar técnicamente que tener contratados a los cónyuges no es delito, incluso si no trabajan. Lo que hay ahí es un gasto rechazado. El SII debió haber dicho que los políticos no pudieron cometer delito, porque no son emisores de documentos. También debió haberle explicado a la Fiscalía que no es cierto que los Délano no pagaban impuesto. Debió haberle ilustrado sobre cómo opera nuestro sistema y que, si ellos participan de empresas, lo que pagan esas empresas es impuesto pagado por ellos. Pero no, nada de eso hizo. Al revés, se hizo eco de aquello. Ratificó que formaban parte de una máquina defraudadora. La Fiscalía confía, y no tiene por qué no hacerlo, en los órganos técnicos del Estado.

Si un órgano técnico del Estado dice, por ejemplo, en un informe, que un determinado incendio se produjo por una falla eléctrica, es porque evidentemente descartaron las otras alternativas. Es porque se apersonaron en el lugar, identificaron el origen e hicieron las pruebas técnicas de rigor. La Fiscalía debe hacer fe de ello. Lo mismo si la policía dice que una bala fue disparada de un arma y esa arma fue encontrada en poder de una persona determinada. No puede la Fiscalía transformarse en el órgano técnico.

La Fiscalía hace y debe hacer fe de los órganos que conforman el aparato estatal. Acá un órgano del Estado, que tiene a su cargo, por ley, la fiscalización de la obligación tributaria, calificó como delito ciertas conductas, que en otra época y circunstancia no habrían sido delito. La actual autoridad ha procurado reparar esto. En mi opinión, modesta e irrelevante para este efecto, es que no basta actuar correctamente para el futuro. Lo correcto es desistirse del error pasado. Evidenciarlo, exponerlo y remediarlo.

Sin embargo, así como hace más de dos años anticipé lo que hoy está ocurriendo, puedo nuevamente prever que lamentablemente el SII guardará silencio. No revertirá lo que considero un error. No, muy por el contrario, procederá con el máximo rigor contra los actuales imputados, ahora acusados.

Señalará que lo que hicieron es delito y que amerita aplicarles el máximo de pena. Lo señalarán en la Corte de Apelaciones y, si es necesario, en la Corte Suprema. Si los Tribunales superiores corrigen –lo que, insisto, en mi modesta opinión, debieran hacer–, el SII tendrá una excusa. No serán ni la Fiscalía ni el SII los responsables de la impunidad. Será de cargo de los Tribunales.

Lo mismo que ocurre con la inseguridad ciudadana. Si hay delito es porque los jueces tienen manga ancha. No consideran que para castigar penalmente a alguien se requiere convicción más allá de toda duda razonable, y que los jueces desde siempre aplican la política del juez instructor de Crimen y Castigo, Porfirio Petrovich, quien señalaba que, cuando estaba comprometida la libertad, las conclusiones debían ser “tan claras, tan indiscutibles como dos y dos son cuatro”.