Iniciativa por pensiones, ¿otra mala idea?

Las autoridades siguen pensando que a los ciudadanos hay que forzarlos a aceptar sus medidas porque ellas saben mejor lo que les conviene. En el caso de las pensiones, pareciera que las personas son “interdictas”, salvo, claro, para votar.

En un programa político, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, explicó que lo que se pretende es crear una cotización de seguridad social, es decir, un sistema donde se compartan los riesgos de uno y otro. Comentó, además, que cuando a la gente la obligan a ahorrar o ceder parte de su sueldo, esta siempre siente que es un impuesto.

Es difícil explicar por qué, pero los políticos -salvo rarísimas excepciones- olvidan que trabajan para personas que tienen sus propias inquietudes, deseos y aspiraciones. Con los proyectos de pensiones, el gobierno y sus parlamentarios vuelven a caer en este mal hábito. Solo que ahora, con la excusa de mejorar el sistema, recurren a más de lo mismo: implementar una forma de administrar ingresos ajenos. Y, por supuesto, que esté a cargo del Estado.

Las personas trabajan y son capaces de ser productivas. Por lo tanto, no están en interdicción. Debieran, entonces, poder decidir libremente qué hacen con sus dineros.

Es verdad, los más pobres viven de su trabajo y no tienen más alternativa que gastarlo todo; por eso es en algo comprensible que haya que forzarlos a reservar parte de sus salarios para cuando pasen a ser población pasiva. Otra cosa muy distinta es imponerles cómo hacer esa reserva. Es como decirles que no tienen capacidad de decidir, excepto cuando tienen que votar.

Chile debiera ofrecer a sus habitantes un sistema con múltiples opciones. No mixto sino múltiple, para que cada cual decida dónde poner su dinero. Pueden coexistir los sistemas paraestatales -como ya son Capredena y Dipreca (fiscalizando bien, claro)- y permitir que se formen otros, como una Caja de Previsión de Ingenieros de Chile o de Profesionales -con las actuales AFP (permitiendo mayor competencia)- y una institución en la órbita del Estado que gestione el reparto. Bien podría ser esta el INP o el Banco Estado u otro donde todos los convencidos de las bondades de la administración estatal estén dispuestos a afiliarse.

Si las autoridades, bajo el entendido de que son mandatarias del pueblo pensante, expusieran bien sus propuestas antes de llevarlas al Congreso -y no de a poco y por los medios-, permitirían a los ciudadanos asumir que están bien intencionadas y les daría la tranquilidad de que sus ahorros están siendo bien administrados por las entidades que ellos eligieron y no por las que se lo impusieron.

Las personas tienden a ver el vaso medio vacío cuando les imponen las cosas. Tienden a ver más los defectos que las virtudes. Si pudieran elegir libremente el sistema provisional al que quieren adherir, tendrían una percepción muy distinta, porque implicaría que deben hacerse cargo de sus decisiones. Y si consideran que la elección fue mal hecha, están siempre en libertad de cambiarse a una mejor opción.

Alberto Núñez
Abogado