Pablo Antolín, economista jefe de la unidad de pensiones privadas de la organización referencial en políticas públicas de la elite local, dio su apoyo a la propuesta gubernamental en materia de pensiones. En un seminario de Icare, donde compartió panel con el titular del Trabajo, Nicolás Monckeberg, dijo que debe mantenerse el sistema de capitalización individual y que el reparto debe ir solo con aportes del Estado, aunque planteó que la tasa de cotización debe subir a 18% y no al 14% como propone el Gobierno actual. Su opinión coincide con la del Ejecutivo y las propias AFP, que piden que los nuevos aportes los manejen ellas.
Con la reforma frustrada al sistema de pensiones del segundo Gobierno de Bachelet recién concluido, el futuro de un área clave de las políticas públicas quedó en manos de Sebastián Piñera.
Las consecuencias inmediatas de ello quedaron en evidencia esta semana, en el seminario organizado por Icare, en donde hubo plena coincidencia en mantener el sistema de capitalización individual actual, descartando entre las propuestas centrales llevar parte de las cotizaciones futuras a un pilar redistributivo como planteaba Bachelet.
La idea de la ex Mandataria apuntaba a que parte importante del aumento en la cotización actual de 10% a 15% fuera a un fondo que dispusiera recursos para elevar sustancialmente las pensiones en un periodo de seis años.
Así se instalaba un pilar parcial de reparto donde parte de la contribución de los trabajadores se usaría para mejorar las pensiones, sin que se echara mano necesariamente a gasto fiscal pero, al mismo tiempo, sin que fueran a las cuentas individuales que mantienen los afiliados a las AFP. Sin embargo, el proyecto naufragó y los plazos lo hicieron morir, dejando en manos de Piñera el futuro del sistema de pensiones.
En Icare, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, dio luces de lo que harán. Mantienen la idea de elevar la tasa de cotización pero a 14% y en un período mayor (ocho años) y definitivamente los dineros irán a las cuentas individuales que actualmente manejan las AFP. Con esto, descartó de plano buscar un encuentro con la propuesta de Bachelet en el punto sobre la solidaridad al interior del sistema de pensiones. Esto, pese a que algunos medios han dicho que Piñera pensaría dejar un punto de la nueva cotización para complementar pensiones.
A cambio, Monckeberg confirmó su coincidencia con la línea de las AFP, en cuanto a que la solidaridad para quienes tienen pensiones más bajas debe venir del Estado y, en su rol subsidiario, aplicarse a través de aumentos en los beneficios y coberturas del Pilar Solidario.
“La discusión deja de ser ideológica, es de números”, planteó el titular del Trabajo, mientras presentaba su diagnóstico de la situación actual, donde reforzó que una propuesta de reparto es insostenible desde el punto de vista fiscal, recalcando que los más de US$ 200 mil millones que tiene el sistema son de los ahorrantes y que los afiliados “tienen derecho a decidir quién los administra”.
Las promesas del ministro fueron grandes. Dijo que elevarán en un 42% los recursos del Pilar creado por Bachelet en 2008, con lo cual aumentarán entre un 10% y un 50% la Pensión Básica Solidaria (PBS) y entre 30% y 150% el Aporte Previsional Solidario (APS). La PBS es la pensión que paga el Estado a quienes no cotizaron o sus aportes son mínimos y hoy bordea los 105 mil pesos. En 2017, el Gobierno de Bachelet aumentó –vía presupuesto– en un 10% dicha pensión.
Según el secretario de Estado, se beneficiará a 1,4 millón de pensionados. Además, dijo, se agregarán 50 mil beneficiados cada año.
Asimismo, para incentivar la cotización, el Estado hará aportes a las cotizaciones de las personas que posterguen su edad de jubilación. Esto, aunque la exigencia será de al menos 20 años de cotización para hombres y de 16 años en el caso de las mujeres. Esta medida, señaló, beneficiará a 350 mil actuales pensionados y a 50 mil futuros cada año, pudiendo llegar el aporte a UF 30 mensuales (800 mil pesos).
Según los medios, el costo de la reforma ascendería a US$ 3 mil millones, unos US$ 800 millones anuales de mayor gasto, incluyendo el alza de la cotización para los trabajadores del Estado.
La recepción del gran empresariado a la visión del Gobierno de Piñera en cuanto a que no se usen cotizaciones nuevas para mejorar pensiones actuales y que sea el Estado el que subsidie pensiones bajas con gasto fiscal, quedó nítida en ese momento cuando aplaudió masivamente el detalle de los aportes al Pilar Solidario que describía Monckeberg.
No es la primera vez que Piñera se alinea con el gran empresariado en este tema. En su primera gestión a la cabeza del país, tuvo a Evelyn Matthei como ministra del Trabajo y Previsión Social, y también defendió a la industria, tal como su sucesor y hoy presidente de AFP Capital, Juan Carlos Jobet.
Envalentonado, Monckeberg hizo un llamado a un acuerdo con el Parlamento y, aunque puntualizó que se debían escuchar todas las opiniones, cuestionó duramente a quienes defienden la idea de terminar con las AFP y volver parcial o completamente a un sistema de reparto, ideas que representan el movimiento No+AFP y el Frente Amplio.
“A veces uno escucha propuestas que son muy bonitas y atractivas, especialmente en el corto plazo, pero imposibles de sustentar en el tiempo y financiar más allá de 20 años”, expresó, aludiendo a quienes quieren modificar al sistema de capitalización individual. Pese a eso, dijo “sí a las buenas ideas” y que “nadie debe tener en este debate el monopolio de las ideas”.
Pero en Icare Monckeberg tenía otro público. Por eso, a propósito de las “buenas ideas”, aludió en su discurso al Grupo por Mejores Pensiones, por la coincidencia de algunas de sus propuestas. Dicho grupo fue formado al alero del Centro Clapes UC, vinculado al piñerismo y liderado por el ex asesor de Hacienda en el Gobierno anterior, Salvador Valdés. Contaba con economistas vinculados a la antigua Concertación, como el ex superintendente de Valores y Seguros, Álvaro Clarke, y el ex superintendente de AFP, Julio Bustamante, además de otros de derecha, incluido el ex director de Santander y líder de Adimark, Roberto Méndez, cercano al Jefe de Estado.
El espaldarazo final al nuevo contexto de reformas al sistema de pensiones lo dio el economista jefe de la unidad de pensiones privadas de la OCDE, Pablo Antolín, quien dijo que el camino que se debía recorrer era mantener el sistema de capitalización individual y que la solidaridad debía venir del fisco a través de gasto fiscal.
Antolín manifestó que una medida clave para mejorar las pensiones es elevar la contribución, el ahorro. “La cuestión es por qué hacerlo a través de un sistema de reparto si el de capitalización funciona bien y está conforme a las mejores prácticas internacionales de la OCDE”, sostuvo.
El economista agregó que el sistema chileno estaba en línea con la hoja de ruta de la OCDE y, si bien consideró que el sistema de capitalización podría mezclarse con reparto, aseguró que eso debía hacerse con aportes del Estado a través de mejoras en las pensiones mínimas, una referencia casi idéntica a la propuesta de Monckeberg.
Eso sí, Antolin varió en señalar que el alza de la cotización debía llegar a 18% y no al 14% que propuso el Gobierno actual –que apuntaba a 15% en el anterior y con dos años menos de implementación–. También apuntó a las medidas para mejorar la competencia entre las AFP y bajar sus costos, aludiendo a las licitaciones de afiliados y planteando la idea de tener comisiones fijas y variables en las administradoras, vinculando la segunda al rendimiento en los fondos.
Sobre la posibilidad de meter nuevos actores al sector, apuntó que era complejo, dada la arquitectura legal que ello implicaría y considerando el cruce de grupos económicos en el país. Solo en este punto es donde las AFP mantienen mayores diferencias con el Ejecutivo, que planea sumar nuevos actores, ante lo cual las gestoras han acusado posibles conflictos de intereses.
La economista jefe del holding Quiñenco del grupo Luksic, Andrea Tokman, puso alguna incomodidad cuando criticó los espacios “oscuros” del sistema de pensiones que impiden que la gente crea, entienda y cotice cada mes. Así, aludió a las comisiones de intermediación –las llamadas “comisiones fantasmas”– que causaron polémica en los últimos años y que, si bien Bachelet anunció que las eliminaría, no las tocó en uno de los tres proyectos ingresados en 2017, el de “regulación”, el cual ni siquiera alcanzó a tramitarse. Con todo, coincidió con el panel en las líneas gruesas.
